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Código de Comercio de la República Dominicana

Art. 1. – Son comerciantes todas las personas que ejercen actos de comercio y hacen de él su profesión habitual.

Art. 2. – (Mod. por el art. 2 de la Ley No. 4999 del 19 de septiembre de 1958. G. O. 8287)

Todo menor emancipado, del uno o del otro sexo, de diecisiete años de edad cumplidos, que quiera usar de la facultad que le concede el art. 487 del Código Civil de ejercer el comercio, no podrá comenzar las operaciones comerciales, ni ser reputado mayor en cuanto a las obligaciones que haya contraído por acto de comercio:

1) si no ha sido previamente autorizado por su padre, o por su madre en caso de muerte, interdicción o ausencia del padre, o a falta de padre y madre, por acuerdo del consejo de familia homologado por el Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles;

2) si  además  el  documento  de  autorización  no  ha  sido  registrado  y fijado previamente  en  el  Tribunal  de  Comercio  del  lugar  en  que  el menor  quiera  establecer su domicilio.

Art. 3. – La disposición del artículo precedente es aplicable aún a los menores no- comerciantes, respecto de todos los actos declarados comerciales por las disposiciones de los arts. 632 y 633.

Art. 4. – Abrogado por la Ley No. 390 promulgada el 14 de diciembre de 1940; G. O. No. 5535, del 18 de diciembre de 1940.

Art. 5. – Abrogado por Ley No. 390 del 14 diciembre 1940, G. O. No. 535.

Art. 6. – Los menores de edad, autorizados como queda dicho, pueden comprometer e hipotecar sus bienes inmuebles pueden también enajenarlos, pero conformándose a las formalidades prescritas por los arts. 457 y siguientes del Código Civil.

Art. 7. -2 Las mujeres casadas que ejerzan el comercio públicamente, pueden asimismo comprometer, hipotecar y enajenar sus bienes inmuebles.

Sin embargo, sus bienes dotales, cuando se han casado bajo el régimen dotal, no pueden ser hipotecados ni enajenados, sino en los casos determinados y con las formalidades prescritas por el Código Civil.

Art. 8. – (Mod. por el art. 1 de la Ley No. 4074 del 12 de marzo de 1955. G. O. 7813)

Todo comerciante está obligado a tener un Libro Diario que presente, día por día, las operaciones de su comercio, o que resuma por lo menos mensualmente los totales de estas operaciones, siempre que conserve, en este caso, todos los documentos que permitan verificar estas operaciones día por día.

Art. 9. – (Mod. por el art. 1 de la Ley No. 4074, del 12 de marzo de 1955, G. O. 7813)

Está obligado a hacer anualmente un inventario de los elementos activos y pasivos de su comercio y cerrar todas las cuentas con el fin de establecer su balance y la cuenta de ganancias y pérdidas.

El balance y la cuenta de ganancias y pérdidas se copiarán en el Libro de Inventario.

Art. 10. – (Mod. por el art. 1 Ley No. 4074, del 12 de marzo de 1955. G. O. 7813)

El Libro Diario y el Libro de Inventario serán llevados cronológicamente, en idioma español, sin blanco ni alteración de ninguna especie.

Art. 11. – (Mod. por el art. 1 Ley No. 4074, del 12 de marzo del 1955, G. O. 7813, y por el art. 14, literal f) de la Ley 50-87 del 4 de junio de 1987, G. O. 9712)

El Libro Diario y el Libro de Inventario serán foliados, sellados, rubricados y visados una vez al año, únicamente por las Cámaras de Comercio y Producción, en la forma ordinaria, sin perjuicio del impuesto que establece la Ley No. 827 de fecha 6 de febrero de 1935.

Los libros y documentos indicados en los arts. 8 y 9 deben ser conservados durante 10 años.

La correspondencia recibida y las copias de las cartas enviadas deben ser clasificadas y conservadas durante el mismo término.

Art. 12. – Los libros de comercio, llevados con regularidad, pueden admitirse por el juez como medios de prueba entre comerciantes, en asuntos de comercio.

Sin embargo, sus bienes dotales, cuando se han casado bajo el régimen dotal, no pueden ser hipotecados ni enajenados, sino en los casos determinados y con las formalidades prescritas por el Código Civil.

Art. 8. – (Mod. por el art. 1 de la Ley No. 4074 del 12 de marzo de 1955. G. O. 7813)

Todo comerciante está obligado a tener un Libro Diario que presente, día por día, las operaciones de su comercio, o que resuma por lo menos mensualmente los totales de estas operaciones, siempre que conserve, en este caso, todos los documentos que permitan verificar estas operaciones día por día.

Art. 9. – (Mod. por el art. 1 de la Ley No. 4074, del 12 de marzo de 1955, G. O. 7813)

Está obligado a hacer anualmente un inventario de los elementos activos y pasivos de su comercio y cerrar todas las cuentas con el fin de establecer su balance y la cuenta de ganancias y pérdidas.

El balance y la cuenta de ganancias y pérdidas se copiarán en el Libro de Inventario.

Art. 10. – (Mod. por el art. 1 Ley No. 4074, del 12 de marzo de 1955. G. O. 7813)

El Libro Diario y el Libro de Inventario serán llevados cronológicamente, en idioma español, sin blanco ni alteración de ninguna especie.

Art. 11. – (Mod. por el art. 1 Ley No. 4074, del 12 de marzo del 1955, G. O. 7813, y por el art. 14, literal f) de la Ley 50-87 del 4 de junio de 1987, G. O. 9712)

El Libro Diario y el Libro de Inventario serán foliados, sellados, rubricados y visados una vez al año, únicamente por las Cámaras de Comercio y Producción, en la forma ordinaria, sin perjuicio del impuesto que establece la Ley No. 827 de fecha 6 de febrero de 1935.

Los libros y documentos indicados en los arts. 8 y 9 deben ser conservados durante 10 años.

La correspondencia recibida y las copias de las cartas enviadas deben ser clasificadas y conservadas durante el mismo término.

Art. 12. – Los libros de comercio, llevados con regularidad, pueden admitirse por el juez como medios de prueba entre comerciantes, en asuntos de comercio.

Art. 13. – Los libros que deben tener las personas que ejercen el comercio, y respecto de los cuales no se hayan observado las formalidades que quedan prescritas, no podrán ser presentados ni hacer fe en juicio a favor de los que así los hayan llevado, sin perjuicio de lo que se establezca en el libro de Quiebras y Bancarrotas.

Art. 14. – No pueden ordenarse en juicio la comunicación de los libros e inventarios, sino en las causas de sucesión, comunidad de bienes, liquidación de compañías y en casos de quiebra.

Art. 15. – En el curso de un litigio puede el juez, aún de oficio, ordenar la exhibición de los libros para tomar de ellos lo concerniente al punto litigioso.

Art. 16. – En el caso de que los libros cuya exhibición se ofrezcan pida u ordene estén en lugares distantes del tribunal que conoce del asunto podrán los jueces librar exhorto al tribunal de comercio del lugar respectivo, o comisionar a un juez de paz para que los examine, saque copia legal de su contenido y la envíe al tribunal que entienda en la causa.

Art. 17. – Si la parte a cuyos libros se ofrece dar fe y crédito, rehúsa presentarlos, puede el juez deferir el juramento a la otra parte.

Art. 18. – El contrato de compañías se regula por el derecho civil, por las leyes peculiares del comercio, y por las convenciones de las partes.

Art. 19. – La ley reconoce tres especies de compañías de comercio: la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita y la compañía por acciones.

Art. 20. – La compañía en nombre colectivo es aquella que contraen dos o más personas y que tiene por objeto social hacer el comercio bajo una razón social.

Art. 21. – Los nombres de los socios son los únicos que pueden hacer parte de la razón social.

Art. 22. – Los socios en nombre colectivo, indicados en el contrato de compañía, están obligados solidariamente a todos los compromisos de la compañía, aún cuando no haya firmado sino uno sólo de ellos, con tal que lo haya hecho bajo la razón social.

Art. 23. – La compañía en comandita se contrae entre uno o muchos socios responsables y solidarios y uno o muchos socios simples prestamistas de fondos, que se llaman comanditarios o socios en comandita.

Rígese bajo un nombre social, que debe ser necesariamente el de uno o muchos de los socios responsables y solidarios.

Art. 24. – Cuando son muchos los socios solidarios denominados, ya dirijan la compañía todos juntos, y la dirija uno o muchos por todos, la compañía es a un mismo tiempo compañía en nombre colectivo respecto de ellos, y compañía en comandita respecto de los simples prestamistas de fondos.

Art. 25. – El nombre de un socio comanditario no puede hacer parte de la razón social.

Art. 26. – El socio comanditario no es responsable de las pérdidas sino hasta la concurrencia de la cantidad que ha puesto o debido poner en la compañía.

Art. 27. – El socio comanditario no puede ejercer acto alguno de gestión, ni aún en calidad de apoderado de los socios gestores.

Art. 28. – En caso de contravención a la prohibición mencionada en el artículo precedente, el socio comanditario está obligado solidariamente con los socios en nombre colectivo, a todas las deudas y compromisos de la compañía, provenientes de los actos de administración que él haya ejercido, y según el número o la gravedad de esos actos, puede ser declarado solidariamente obligado a todos los compromisos de la compañía, o tan solamente a algunos.

Ni los dictámenes y consejos, ni los actos de verificación y vigilancia comprometen de modo alguno al socio comanditario.

Art. 29. – Derogado por la Ley No. 262 del 21 de febrero de 1919. G. O. 2990. Art. 30. – Derogado por la Ley No. 262, promulgada el 21 de febrero de 1919, G. O. 2990.

Art. 31. (Ref. por la Ley 1145, del 21 de agosto de 1936. G. O. 4936)

Las compañías por acciones son administradas por uno o varios mandatarios temporales, asalariados o gratuitos, que pueden ser o no accionistas.

Esos mandatarios  pueden  delegar  en  todo  o  en  parte  sus  atribuciones,  si los estatutos lo permiten, pero son responsables frente a la compañía de los actos de las personas a quienes las deleguen.

Art. 32. – Los administradores no son responsables sino de la ejecución del mandato que han recibido.

No contraen, por razón de gestión, ninguna obligación personal ni solidaria relativamente a los compromisos de la compañía.

Art. 33. – Los socios no son responsables sino con la pérdida del importe de los capitales que tienen en la compañía.

Art. 34. – (Ref. por el art. 2 de la Ley 1145 del 21 de agosto de 1936. G. O. 4936)

El capital de las sociedades por acciones se divide en acciones y aún en cupones de acciones.

Estas sociedades pueden por sus estatutos o por resolución posterior de una junta general compuesta por accionistas que representen por lo menos las dos terceras partes del capital social, crear acciones preferidas, que gocen de ciertas ventajas sobre las otras acciones o confieran derechos de prioridad, ya sea sobre los beneficios o sobre el activo social, o sobre ambos.

Salvo  disposición  estatutaria  en  contrario,  las  acciones  preferidas  y  las comunes darán  derecho  al  mismo  número  de  votos  en  las  juntas  aún cuando fueren de  diferente valor nominal.

En caso de que una resolución de la junta general modifique los derechos que correspondan a una categoría de acciones, esta decisión no será definitiva sino después que haya sido ratificada por una junta especial de los accionistas de la categoría de que se trate.

Esta junta especial, para deliberar válidamente, deberá reunir por lo menos las cuatro quintas partes del capital representado por las acciones de que se trate, a menos que los estatutos señalen un mínimo más elevado.

Art. 35. – (Mod. por la Ley No. 127 del 25 de abril de 1980. G. O. No. 9530 del 30 de abril de 1980)

Las acciones podrán ser nominativas, a la orden o al portador.

Art. 36. – (Mod. por la Ley No. 127 del 25 de abril de 1980, G. O. No. 9530 del 30 de abril de 1980)

Son acciones nominativas las expedidas en favor de una persona cuyo nombre figure tanto en el texto del documento como en un registro que deberá llevar la sociedad.

Ningún acto jurídico relacionado con la acción nominativa surtirá efectos respecto a los terceros y de la sociedad, sino cuando se inscribe en el registro correspondiente.

En este caso, la cesión se efectúa mediante una declaración de traspaso inserta en los registros y firmada por el que haga la transferencia o por un apoderado suyo.

Son acciones a la orden, las expedidas a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento, precedido o seguido de las palabras “a la orden” u otras equivalentes.

Las acciones a la orden serán transmisibles por endoso o por cualquier otro acto otorgado por escrito y la entrega del título.

Son acciones al portador las emitidas sin indicar el nombre del beneficiario, conteniendo la cláusula “al Portador u otro equivalente”.

En este caso, la cesión de la acción se efectúa por la entrega del título.

PÁRRAFO: En caso de pérdida de certificados de acciones, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustitutos.

El peticionario publicará un extracto de la notificación, conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana durante cuatro semanas consecutivas.

Transcurridos diez días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante entrega de ejemplares del periódico en que se hubiesen hecho las publicaciones, debidamente certificadas por el editor.

Los certificados perdidos se consideran nulos.

Si hubiere oposición la sociedad no entregará los certificados sustitutos hasta que la cuestión sea resuelta entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

Art. 37. – Las compañías por acciones podrán formarse sin la autorización del Gobierno.

Art.  38.  – Podrá  también  dividirse  en  acciones  el  capital  de  las  compañías en comandita,  sin  ninguna  otra  derogación  de  las  reglas  establecidas para  esta  especie de compañía.

Art. 39. – Las compañías en nombre colectivo o en comandita deben comprobarse con escrituras públicas, o con documentos bajo firma privada, conformándose, en este último caso, al artículo 1325 del Código Civil.

Art. 40. – Las compañías por acciones, cualquiera que sea el número de socios, podrán formarse por documentos bajo firma privada, hecho en doble original.

Estas compañías estarán sujetas a las disposiciones de los arts. 29, 30, 32, 34 y 36 de este Código, y a las disposiciones del presente título.

Art. 41. – No puede admitirse ninguna prueba testimonial contra o para más de lo contenido en los documentos de la compañía, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes de otorgar el documento, al tiempo de otorgarlo, o después de otorgado, aunque se trate de una cantidad menor de treinta pesos.

Art. 42. – Dentro del mes de constitución de toda compañía comercial se depositará, en las Secretarías del Juzgado de Paz y del tribunal de comercio del lugar en que la compañía se encuentre establecida, un duplicado del documento constitutivo, si éste fuere privado, o una compulsa, si hubiere sido otorgado ante Notario.

Al documento constitutivo de las compañías en comandita por acciones y de las compañías por acciones se anexarán:

1o. una compulsa del documento otorgado ante notario, que acredite la suscripción del capital social y la entrega de la cuarta parte; y

2o. una copia certificada de las deliberaciones acordadas por la junta general en los casos previstos por los arts. 51 y 56.

Además, cuando la compañía es por acciones deberá anexar al documento constitutivo la lista nominativa de los suscriptores, certificada en debida forma, conteniendo los nombres, calidad, residencia y número de acciones de cada uno de ellos.

En el mismo término de un mes se publicará, en uno de los periódicos del lugar, si los hubiere, y si no, en uno del lugar más inmediato, un extracto del documento constitutivo y de los documentos anexos.

La inserción se comprobará con un ejemplar del periódico, certificado por el impresor, legalizado por el presidente del Ayuntamiento y registrado dentro de tres meses, a contar de su fecha.

Las formalidades prescritas por el presente artículo deberán observarse, bajo pena de nulidad, con respecto a los interesados; pero los socios no podrán oponer a terceras personas la omisión de ninguna de ellas.

Si la compañía tiene varias casas de comercio situadas en diversos distritos, el depósito y la publicación prescritos por este artículo, tendrán lugar en cada uno de los distritos donde existan las casas de comercio.

En las ciudades divididas en varios distritos, el depósito se hará únicamente en la secretaría del Juzgado de Paz del establecimiento principal.

Si la compañía es por acciones, el extracto deberá enunciar el monto del capital social en numerario y en otros objetos, y la cuota que deba separarse de los beneficios para componer el fondo de la reserva.

Por último, si la compañía es de capital variable, el extracto deberá contener la indicación de la menor suma a que el capital social pueda ser reducido.

Art. 45. -El extracto de las escrituras y documentos depositados, siendo de instrumentos públicos, deberá firmarse por el notario, y siendo de instrumentos privados, por los socios en nombre colectivo, por los gerentes de las compañías en comandita, o por los administradores de las compañías por acciones.

Art. 46. -Están sujetas a las formalidades y a las penas prescritas en el art. 42, todas aquellas escrituras y deliberaciones que tengan por objeto la modificación de los estatutos, la continuación de la compañía por un término mayor que el fijado para su duración, su disolución antes de este término, y la manera de liquidarla, cualquier cambio o separación de socios, y cualquier cambio en la razón social.

Están igualmente sujetas a las disposiciones del art. 42, las deliberaciones que se adopten en los casos previstos por los arts. 55, 58, 61 y 62.

No están sujetas a las formalidades de depósito ni de publicación, las actas que acrediten los aumentos o las disminuciones del capital social, efectuados en los términos del art. 62, o el retiro de socios no gerentes administradores, que tenga lugar conforme al mismo artículo.

Art. 47.-Independientemente de las tres especies de compañías arriba dichas, la Ley reconoce las asociaciones mercantiles en participación.

Art. 48. -Estas asociaciones son relativas a una o muchas operaciones de comercio; tienen lugar para los objetos, en la forma, y con las proporciones de interés y las condiciones estipuladas entre los partícipes.

Art. 49. – Las asociaciones en participación pueden comprobarse con la exhibición de los libros, de la correspondencia, o por la prueba de testigos, si el tribunal la juzgara admisible.

Art. 50. – Las asociaciones mercantiles en participación no están sujetas a las formalidades prescritas para las otras compañías.

SECCIÓN 2a.

De la compañía en comandita por acciones

Art. 51. – (Ref. por el art. 4 de la Ley No, 1041, del 21 de noviembre de 1935. G. O. 4852)

Las  compañías  en  comandita  por  acciones  no  pueden  dividir  su  capital en  acciones, o cupones de acciones de menos de cinco pesos.

Estas compañías no pueden constituirse sino después de haber sido suscritas no menos de la décima parte del capital autorizado por los estatutos, y de haber pagado cada accionista el valor total de las acciones que haya suscrito.

La suscripción y los pagos se comprueban con la declaración del gerente, hecha en escritura ante notario.

A esa declaración se anexarán la lista de suscriptores, el estado de los pagos hechos, un ejemplar del contrato de sociedad si fue hecho bajo firma privada, o una copia si fue otorgado por ante notario distinto del que recibe la declaración.

El documento bajo firma privada, sea cual fuere el número de los socios, se hará en dos originales, anexándose uno de éstos, como antes se ha dicho, a la declaración de suscripción y pago de capital, y quedando el otro depositado en el domicilio de la compañía.

Cada seis meses la junta general deberá tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el semestre con cargo al capital autorizado, y el monto de ellas se agregará al capital suscrito y pagado para los fines del último párrafo del art. 42.

Dentro del mes de la reunión de esta junta general se publicará en un periódico un extracto que indique el monto total de las acciones suscritas y pagadas durante el semestre y el valor a que queda aumentado en consecuencia el capital suscrito y pagado; todo bajo pena de multa de cien a dos mil pesos contra los administradores.

Cuando un socio pone fondos que no consisten en numerario, o estipula en provecho suyo ventajas particulares, la primera junta general hace estimar el valor de los fondos aportados o la causa de las ventajas estipuladas.

La compañía no queda definitivamente constituida, mientras otra junta general, posteriormente convocada al efecto, no haya dado su aprobación a esos fondos o a esas ventajas.

La segunda junta general no podrá resolver sobre la aprobación de los fondos aportados o de las ventajas, sino después de un informe que se imprimirá y tendrá a la disposición de sus accionistas, cinco días a lo menos antes de la reunión de esa junta.

Las deliberaciones se tomarán por la mayoría de los accionistas presentes.

Esa mayoría deberá componerse de la cuarta parte de los accionistas y representar la cuarta parte del capital social en numerario.

Los socios que hayan puesto los fondos o estipulado las ventajas particulares sujetas a la estimación de la junta, no tienen voto deliberativo.

Faltando la aprobación, la compañía queda sin efecto respecto de todas las partes.

La aprobación no obsta para el ejercicio ulterior de la acción que pueda intentarse por causa de dolo o de fraude.

Las disposiciones del presente artículo, relativas a la verificación de los fondos aportados que no consisten en numerario, no son aplicables al caso en que la compañía a la cual se han aportado los dichos fondos, se hayan formado únicamente entre aquellas personas que sean propietarios de los mismos pro indiviso.

Art. 52.-Cada compañía en comandita por acciones establecerá un Consejo de Inspección, compuesto de tres accionistas por lo menos.

Ese Consejo será nombrado por la junta general de accionistas, inmediatamente después de la constitución definitiva de la compañía, y antes de toda operación social; deberá renovarse en las épocas y según las condiciones determinadas por los estatutos; pero el primer consejo no será nombrado sino por un año.

Ese primer Consejo, inmediatamente después que sea nombrado deberá verificar si han sido observadas todas las disposiciones contenidas en los artículos precedentes.

Art. 53. – Es nula y de ningún efecto, con respecto a los intereses, toda compañía en comandita por acciones constituida en contra de las prescripciones de los dos artículos anteriores.

Los socios no podrán oponer esa nulidad a terceras personas.

Cuando la compañía fuere anulada según el presente artículo, los miembros del primer consejo de inspección pueden ser declarados responsables, junto con el gerente, del daño que resulte a la compañía o a terceras personas de la anulación de la compañía.

La misma responsabilidad puede imponerse a aquellos socios cuyos fondos o cuyas ventajas no hayan sido verificados ni aprobados conforme al art. 51.

Los miembros del consejo de inspección no incurren en ninguna responsabilidad por actos de gestión ni de sus resultados.

Cada miembro del consejo de inspección es responsable de sus faltas personales en el desempeño de su mandato, conforme a las reglas del derecho común.

Los miembros del Consejo de inspección examinarán los libros, caja, cartera y valores de la compañía.

Presentarán anualmente a la junta general un informe, en el cual deberán señalar las irregularidades e inexactitudes que hayan notado en los inventarios, y si hubiere lugar a ello, acreditar los motivos que se oponen a las distribuciones de dividendos propuesta por el gerente.

Ninguna repetición de dividendos podrá intentarse contra los accionistas, excepto el caso en que su distribución se haya hecho sin presencia de ningún inventario, o fuera de los resultados que ofrezca el inventario.

La acción en repetición, en el caso de ser ejercitable, se prescribe por cinco años, contados desde el día fijado para la distribución de los dividendos.

El Consejo de inspección puede convocar la junta general, y conforme a su dictamen, provocar la disolución de la compañía.

Quince días (15), por lo menos, antes de la reunión de la junta general, todo accionista podrá enterarse, en la residencia de la compañía, por sí o por apoderado, del balance, de los inventarios, y del informe del consejo de inspección.

Art. 54. – (Ref. por el art. 5 de la Ley 1041, del 21 de noviembre de 1935)

La emisión o la negociación de acciones o de cupones de acciones de una compañía constituida contra lo prescrito por el art. 51, se castigará con multa de cien a dos mil pesos.

Sufrirán la misma pena: el gerente que comience las operaciones sociales antes de que el consejo de inspección entre a ejercer sus funciones; las personas que, presentándose como propietarias de acciones o de cupones de acciones que no les pertenecen, hayan creado fraudulentamente una mayoría ficticia en una junta general, sin perjuicio de la reparación de los daños a que haya lugar respecto de la compañía o de terceras personas; las personas que hayan entregado las acciones para que se haga de ella un uso fraudulento.

En los casos previstos por los dos párrafos que preceden, se podrá imponer además la pena de quince días a seis meses de prisión.

La misma pena se impondrá por toda participación en esas negociaciones, y toda publicación del valor de las dichas acciones. Serán castigados con las penas señaladas en el art. 405 del Código Penal, sin perjuicio de la aplicación de este artículo a cualesquiera hechos constitutivos del delito de estafa:

1o. – Los que, con simulación de suscripciones o pagos, o con la publicación de mala fe de suscriptores o pagos que no existen, o de cualesquiera otros hechos falsos, hayan obtenido o intentado obtener suscripciones o pagos;

2o. – Los que, para estimular a suscripciones o pagos, hayan publicado de mala fe los nombres de personas designadas, contra la verdad, como pertenecientes o que pertenecerán a la compañía por un título cualquiera;

3o. – Los gerentes, que sin presencia de inventarios o por medio de inventarios fraudulentos, hayan efectuado entre los accionistas la repartición de dividendos ficticios.

Los miembros del consejo de inspección no son civilmente responsables de los delitos cometidos por el gerente.

El art. 463 del Código penal es aplicable a los hechos previstos por el presente artículo.

Art. 55. – Los accionistas que representen la vigésima parte, por lo menos, del capital social, podrán en su interés común, encargar a su costa uno o muchos mandatarios, para que como demandantes o demandados sostengan cualquier acción contra los gerentes o contra los miembros del consejo de inspección y para que en tal caso los represente en juicio, sin perjuicio de la acción que cada accionista podrá intentar individualmente por su propia persona.

SECCIÓN 3a.

Reglas particulares a las compañías por acciones 9 -10

Art. 56. – (Ref. por el art. 6 de la Ley 1041, del 21 de noviembre de 1935. G. O. 4852)

Ninguna compañía por acciones puede constituirse si el número de accionistas no alcanza a siete.

Las disposiciones del art. 51 son aplicables a las compañías por acciones.

La declaración impuesta al gerente, conforme a dicho artículo, será hecha por los fundadores de la compañía por acciones; y se someterá, con los documentos que la apoyan, a la primera junta general, la cual verificará su verdad.

Art. 57. – (Ref. por el art. 3 de la Ley 1145, del 21 de agosto de 1936. G. O. 4936)

Los fundadores deberán convocar una junta general, después de hacer la declaración que acredite la suscripción y el pago de capital suscrito.

Esa junta nombrará los primeros administradores; y también nombrará, para el primer año, los comisarios instituidos por el presente artículo.

Esos administradores no pueden ser nombrados por más de seis años; son reelegibles, salvo convenio en contrario.

Sin embargo, podrán ser designados por los estatutos, con estipulación formal de que su nombramiento no será sometido a la aprobación de la junta general; en cuyo caso no podrán ser nombrados por más de tres años.

El  acta  de  la  sesión  acredita  la  aceptación  de  los  administradores  y  de los  comisarios presentes en la reunión.

La compañía queda constituida desde esa aceptación.

Los administradores podrán ser escogidos entre personas que no sean propietarias de acciones, salvo disposición en contrario de los estatutos.

Estos podrán exigir en este caso una fianza en metálico o de otra naturaleza como garantía de cualesquiera actos de gestión, aún de aquellos que sean exclusivamente personales a uno de los administradores.

Cuando los estatutos exijan que los administradores sean propietarios de cierto número de acciones, éstas quedarán por entero afectas a la garantía de cualesquiera actos de gestión, aún de aquellos que sean exclusivamente personales a uno de los administradores, y estas acciones serán nominativas e inalienables, estarán marcadas con un sello que indique ser inalienables, y se depositarán en la caja social.

Cada año, por lo menos, se celebrará una junta general, en la época fijada por los estatutos.

Los estatutos determinarán el número de acciones que es necesario poseer, bien a título de propietario, bien a título de mandatario, para ser admitido en la junta, y el número de votos que tenga cada accionista, atendido el número de acciones de que sea portador.

Con todo, en las juntas generales llamadas a verificar los fondos aportados, a nombrar los primeros administradores, y a verificar la verdad de la declaración de los fundadores de la compañía, prescrita por el artículo precedente, todo accionista, cualquiera que sea el número de las acciones de que sea portador, podrá tomar parte en las deliberaciones con el número de votos determinado por los estatutos, sin que pueda pasar de diez.

En toda junta general, las deliberaciones se adoptarán por mayoría de votos.

Se formará una nómina que contenga los nombres y domicilio de los accionistas presentes, y el número de acciones de que cada uno sea portador.

Esa nómina certificada por la secretaría de la Junta se depositará en el domicilio social y deberá ser comunicada a todo el que lo solicite.

Las juntas generales que hayan de deliberar en otros casos que los determinados por los dos párrafos que siguen, o en los previstos en el art. 34, deberán componerse de un número de accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social.

Si la junta general no reuniere ese número se convocará una nueva junta, en la forma y con los plazos prescritos por los estatutos, la cual deliberará válidamente, cualquiera que sea la porción del capital representado por los accionistas presentes.

Las juntas que hayan de deliberar sobre la verificación de los fondos aportados, el nombramiento de los primeros administradores, y la verdad de la declaración hecha por los fundadores en los términos del art. 56, deberán componerse de un número de accionistas que represente la mitad, por lo menos, del capital social.

El capital social, cuya mitad debe hallarse representada para la verificación de los fondos aportados, se compondrá únicamente de los fondos aportados no sujetos a verificación.

Si la junta general no reuniere un número de accionistas que representen la mitad del capital social, no podrá acordar sino una deliberación provisional; en este caso, se convocará una nueva junta.

Dos avisos publicados con ocho días de intervalo, por lo menos con un mes de anticipación, en un periódico de la localidad y si no lo hubiere, en cualquiera de la localidad más inmediata donde lo haya, notificarán a los accionistas las resoluciones provisionales adoptadas por la primera junta; y estas resoluciones adquirirán fuerza de definitivas, si fueren aprobadas por la nueva junta, compuesta de un número de accionistas que representen por lo menos, la quinta parte del capital social.

Las juntas que hayan de deliberar sobre modificaciones de los estatutos, o sobre proposiciones de continuación de la compañía por un término mayor que el fijado para su duración, o de disolución antes de este término, no estarán constituidas con regularidad ni deliberarán válidamente, mientras no se hallen compuestas de un número de accionistas que representen la mitad, por lo menos, del capital social.

Las juntas que hayan de deliberar acerca de:

1) Continuación de la compañía por un término mayor que el fijado para su duración;

2) Disolución antes del tiempo dactado;

3) Modificaciones a los estatutos, siempre que tales modificaciones no conlleven cambios en la nacionalidad de la compañía o aumento en los compromisos de los accionistas; y

4) Aumento del capital social por medio de la incorporación al mismo de reservas especiales, ya sea aumentando el valor nominal de las acciones o emitiendo entre los accionistas acciones nuevas del tipo autorizado por los estatutos, no estarán constituidas ni deliberarán válidamente sino cuándo estén compuestas por accionistas que representen la mitad, por lo menos, del capital social.

En los casos de aumento de capital así acordado las resoluciones de las juntas no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidos para las otras formas de aumento de capital, salvo en lo relativo a publicidad y al pago de los derechos fiscales.

La reserva legal no podrá ser objeto de incorporación al capital.

En las juntas deliberantes sobre aumentos al capital derivado de reservas, todo accionista, cualquiera que sea la cantidad de acciones que posea, podrá tomar parte con un número de votos igual al número de acciones que posea.

Las limitaciones estatutarias de este derecho podrán pactarse solamente cuando afecten por igual a todas las acciones, aún cuando existan varias categorías de acciones creadas en virtud del art. 34 del Código de Comercio reformado por la Ley No. 1145 del 21 de agosto de 1936.

La Junta general anual designará uno o varios comisarios accionistas o no, encargados de presentar un informe a la junta general del año siguiente sobre la situación de la compañía, el balance y las cuentas presentadas por las administraciones.

La deliberación que contenga aprobación del balance de las cuentas será nula, si no hubiese sido precedida del informe de los comisarios.

A falta de nombramiento de los comisarios por la junta general, o en caso de impedimento o de negativa de uno o varios de los comisarios nombrados se procederá a su nombramiento o su reemplazo por auto del Presidente del Tribunal de Comercio del domicilio de la compañía a instancia de cualquier interesado, y citados en forma los administradores.

Cuando después de realizadas las deducciones establecidas en la Ley y en los Estatutos, los beneficios netos anuales sean superiores al ocho por ciento del capital nominal de la sociedad y siempre que se ordene la repartición entre los accionistas de un dividendo no inferior a dicho porcentaje, la junta general anual podrá disponer, salvo disposición contraria de los Estatutos que se retenga la totalidad o parte del excedente de los beneficios netos anuales para constitución de reservas u otros fondos no previstos en la Ley o en los Estatutos.

Art. 58. – Durante el trimestre que preceda a la época fijada por los estatutos para la reunión de la junta general, los comisarios tendrán derecho, cada vez que lo juzguen conveniente al interés social, a tomar comunicación de los libros y examinar las operaciones de la compañía.

En caso de urgencia, siempre podrán convocar la junta general.

Toda compañía por acciones deberá formar cada seis meses, un estado sumario de su situación activa y pasiva.

Art. 60. – Es nula y de ningún valor y efecto, con respecto a los interesados, toda compañía anónima tocante a la cual no hayan sido observadas las disposiciones de los arts. 31, 56 y 57 arriba insertados.

Cuando la nulidad de la compañía o de los actos y deliberaciones haya sido pronunciada en los términos del presente artículo, los fundadores a quienes la nulidad sea imputable y los administradores que funcionaban al tiempo de incurrirse en ella, serán solidariamente responsables hacia terceras personas, sin perjuicio de los derechos de los accionistas.

La misma responsabilidad solidaria podrá imponerse contra aquellos socios cuyos fondos aportados o cuyas ventajas no hayan sido verificados ni aprobadas conforme al art. 56.

La extensión y los efectos de la responsabilidad de los comisarios hacia la compañía, serán determinados según las reglas del mandato.

Los administradores serán responsables, conforme a las reglas del derecho común, individual o solidariamente, según los casos, hacia la compañía o hacia terceras personas, ya de las infracciones a las disposiciones del presente título, ya de las faltas que hayan cometido en su gestión, particularmente en distribuir o en dejar que se distribuyan sin oposición dividendos ficticios.

Art. 61. – Las disposiciones del art. 54 son aplicables en materia de compañías por acciones, sin distinción entre las que actualmente existen y las que se constituyan en adelante.

4ta. Cada socio podrá retirarse de la compañía, cuando lo juzgue conveniente, a menos que medien convenciones en contrario, y salvo lo que se previene al principio del párrafo anterior.

Podrá estipularse que la junta general tenga el derecho de decidir, por la mayoría fijada para la modificación de los estatutos, que uno o muchos de los socios dejen de formar parte de la compañía, ya por efecto de su voluntad, ya por consecuencia de decisión de la junta general, quedará empeñado, durante cinco años, hacia los socios y terceras personas, por todas las obligaciones existentes al acto de su separación;

5ta. De la compañía, cualquiera que sea su forma, será válidamente representada en juicio por sus administradores;

6ta. la compañía no se disolverá por la muerte, separación, interdicción, quiebra ni insolvencia de ninguno de los socios; continuará de pleno derecho entre los demás socios.

SECCIÓN 5a.

De las tontinas y las compañías de seguros

Art. 63. – Las asociaciones de la naturaleza de las tontinas y las compañías de seguros sobre la vida, mutuos o de primas, quedan sujetas a la autorización y a la vigilancia del Gobierno.

Las demás compañías de seguros podrán formarse sin autorización.

Un  reglamento  de  administración  pública  determinará  las  condiciones  bajo las  cuales podrán constituirse.

SECCIÓN 6a.

De la prescripción y de otros medios de in admisión de las acciones en nulidad, resolución, responsabilidad y disolución en materia de compañías de comercio

Art. 64. – Todas las acciones contra los socios no liquidadores y sus viudas, herederos o representantes, se prescriben cinco años después del término o disolución de la compañía, si la escritura de la compañía, que expresa su duración o el documento de su disolución ha sido fijado y registrado en la forma dicha en los arts. 42, 43, 44, 45 y 46; y si, después de evacuadas estas formalidades, no se ha interrumpido respecto de ellos la prescripción por ninguna instancia judicial.

La acción en nulidad de cualquiera sociedad por acciones y la acción en nulidad de los actos y deliberaciones posteriores a su constitución, cesa de ser recibible cuando, antes de la introducción de la demanda, la causa de la nulidad ha dejado de existir.

La acción en responsabilidad por los hechos de los cuales resultaba la nulidad, cesa igualmente de ser recibible cuando, antes de la introducción de la demanda, la causa de nulidad ha dejado de existir, y cuando además han transcurrido tres años después del día en que se haya incurrido en la nulidad.

Si para cubrir la nulidad, precisaba convocar una junta general, la acción en nulidad no será recibible a partir de la fecha de la convocatoria regular de esta junta.

Las acciones en nulidad o en resolución de cualquiera sociedad por acciones o de los actos constitutivos o deliberaciones de las mismas, por vicios en los actos constitutivos, defectos de publicación, vicios o irregularidades en los actos o deliberaciones posteriores a la constitución, o por cualquiera otra causa, prescriben por tres años, contados desde el día en que la acción haya nacido.

Las personas que adquieran acciones de capital social de una compañía ya constituida no serán recibibles a ejercer la acción en nulidad o en resolución contra esta compañía, cuando la causa de las dichas acciones sea anterior a su adquisición de las acciones del capital social.

Las disposiciones del artículo mil ochocientos setenta y uno del Código Civil son inaplicables a las compañías por acciones.

Art. 65. – Toda demanda de separación de bienes se seguirá, instruirá y juzgará conforme a lo que se prescribe en el Código Civil, libro III, título V, capítulo II, sección 3a; y en el Código de Procedimiento Civil, parte segunda, libro I, título VIII.

Art. 66. – Toda sentencia en que se pronuncie una separación personal entre marido y mujer, uno de los cuales sea comerciante, estará sujeta a las formalidades prescritas por el art. 872 del Código de Procedimiento Civil, a falta de lo cual se admitirá a los acreedores a oponerse a ella por lo tocante a sus intereses, y a contradecir toda liquidación a que haya dado origen.

Art. 67. – De todo contrato matrimonial entre consortes, uno de los cuales sea comerciante, se enviará un extracto dentro del mes de su fecha, a las secretarías y notarías señaladas por el art. 872 del Código de Procedimiento Civil, para fijarlo bajo el régimen del mismo artículo.

Este extracto anunciará si los esposos se han casado en comunidad de bienes, si están separados de bienes, o si han contratado conforme al régimen dotal.

Art. 68. – El notario que haya recibido el contrato matrimonial, estará obligado a hacer la entrega prescrita por el artículo precedente, bajo la pena de veinte pesos de multa, y aún de destitución y responsabilidad hacia los acreedores, si se prueba que la omisión es efecto de colusión.

Art. 69. – El cónyuge separado de bienes, o casado bajo el régimen dotal, que abrace la profesión de comerciante posteriormente a su matrimonio, estará obligado a hacer la misma entrega dentro de un mes, a contar desde el día en que haya comenzado su comercio.

Art. 70. – A falta de esta entrega podrá, en caso de quiebra, ser condenado como si hubiese hecho bancarrota simple.

SECCIÓN 1a.

De las bolsas de comercio

Art. 71. – La bolsa de comercio es la reunión que tiene lugar bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, de los comerciantes, capitanes de buques, agentes de cambio y corredores.

Art. 72. – El resultado de las negociaciones y transacciones que se verifican en la bolsa, determina el curso del cambio, de las mercancías, de los seguros, de los fletes, del precio de las conducciones por tierra o por agua, de los efectos públicos y otro cuyo curso sea susceptible de ser tasado.

Art. 73. – Estos diversos precios serán certificados por los agentes de cambio y corredores, en la forma prescrita por los reglamentos generales o particulares de policía.

SECCIÓN 2a.

De los agentes de cambio y comedores

Art. 74. – Se reconocen como agentes intermediarios para los actos de comercio, los agentes de cambio y los corredores.

Los habrá en todas las ciudades que tengan bolsas de comercio, y serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

Art. 75. – Los Agentes de cambio de las bolsas podrán unirse con personas que aporten fondos, interesadas y con parte en los beneficios y pérdidas que resulten del ejercicio del oficio y de la liquidación de su valor.

Esos aportadores de fondos no sufrirán otras pérdidas que las de los capitales que hayan llevado.

El titular del oficio debe siempre ser propietario, en su nombre personal, por lo menos de la cuarta parte de la suma que represente el precio del oficio y el monto de la fianza.

El extracto de la escritura y las modificaciones que puedan intervenir,

serán publicadas, bajo pena de nulidad respecto de los interesados, sin que estos puedan oponer a terceras personas la falta de publicación.

Art. 76. – Los agentes de cambio establecidos del modo prescrito, son los únicos que tienen derecho de intervenir en las negociaciones de los efectos públicos, y otros cualesquiera negociables; de hacer por cuenta de otro las negociaciones de las letras de cambio o de pagarés, y todo papel comercial; y de certificar su curso.

Los agentes de cambio podrán, de por sí con los corredores de mercancías, hacer las negociaciones y corretaje de las ventas o compras de las materias metálicas.

Ellos sólo tienen el derecho de certificar su curso.

Art. 77. – Hay corredores de mercancías, corredores de seguros, corredores intérpretes y fletadores de buques, corredores de transportes por tierra y por agua.

Art. 78. – Los corredores de mercancías, establecidos del modo prescrito, tienen sólo el derecho de hacer el corretaje de las mercancías, y de certificar sus precios; también ejercen, de por sí con los agentes de cambio, el corretaje de las materias metálicas.

Art. 79. -13 Los corredores de seguros extienden los contratos o pólizas de seguros de por sí con los notarios; acreditan su verdad con su firma, y certifican la tasa de las primas para todos los viajes de mar o de río.

Art. 80. – Los corredores intérpretes y fletadores de buques hacen el corretaje de los fletamentos; además, ellos sólo tienen el derecho de traducir, en casos de disputas llevadas ante los tribunales, las declaraciones, cartas-partidas, conocimientos, contratos y cualesquiera documentos comerciales cuya traducción sea necesaria; y, por último, de certificar el curso del flete.

En los negocios contenciosos de comercio, y para el servicio de las aduanas, ellos sólo servirán de intérpretes a cualesquiera extranjeros, maestros de nave, mercaderes, tripulaciones de buques y otras gentes de mar.

Art. 81. – Una misma persona puede, siempre que le autorice para ello el título que le da el Gobierno, acumular las funciones de agente de cambio, de corredor de mercancías o de seguros, y de corredor intérprete y fletador de buque

Art. 82. – Los corredores de transporte por tierra y por agua, son los únicos

que, en los lugares donde se hallan establecidos, tienen el derecho de hacer el corretaje de las conducciones por tierra y por agua, pero en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, pueden acumular en sus personas las funciones de corredores de mercancías, de seguros o de corredores fletadores de buques, designadas en los arts. 78, 79 y 80.

Art. 83. – Los quebrados no pueden ser agentes de cambio ni corredores, si no han sido rehabilitados.

Art. 84. – Los agentes de cambio y corredores están obligados a tener un libro, con todas las formalidades prescritas en el artículo once.

En este libro deben asentar, día por día, y por orden de fechas, sin raspaduras, entre renglones ni trasposiciones, y sin abreviaturas ni números ,todas las condiciones de las ventas, compras, seguros, negociaciones, y en general, todas las operaciones hechas por su ministerio.

Art. 85. – Un agente de cambio o corredor no puede, en ningún caso, ni bajo ningún pretexto, hacer operaciones de comercio o de banca por su cuenta.

No puede tampoco interesarse directa ni indirectamente, bajo su nombre ni bajo el nombre de persona intermediaria, en ninguna empresa mercantil.

Tampoco puede recibir ni pagar por cuenta de sus comitentes.

Art. 86. – No puede salir fiador de la ejecución de los tratos en que interviene.

Art. 87. – Toda contravención a las disposiciones expresadas en los dos artículos anteriores, se castiga con la pena de destitución, y con la condenación a una multa impuesta por el tribunal correccional, que no podrá pasar de quinientos pesos, sin detrimento del derecho de las partes a los daños y perjuicios.

Art. 88. – Ningún agente de cambio o corredor destituido en virtud del artículo precedente, puede ser rehabilitado en sus funciones.

Art. 89. – En caso de quiebra, todo agente de cambio o corredor será perseguido, como si hubiese hecho bancarrota.

Art. 90. – Se proveerá por medio de reglamentos de administración pública, a todo lo relativo:

1o. a la tasación de las fianzas, sin que el máximum pueda exceder de diez mil pesos;

2o. a la negociación y trasmisión de la propiedad de los efectos públicos; y en general, a la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente título.

SECCIÓN 1a.

De la prenda

Art. 91. – La prenda constituida, bien por un comerciante, bien por un individuo no comerciante, para afianzar un acto de comercio se acredita, tanto respecto de terceras personas como respecto de las partes contratantes, conforme a las disposiciones del art. 109 de este Código.

La prenda, respecto de los valores negociables, puede también constituirse por un endoso regular, indicando que los valores han sido entregados en garantía.

Respecto de las acciones, de las partes de interés y de las obligaciones nominativas de las compañías de crédito público, industriales, comerciales o civiles, cuya trasmisión se efectúa por un traspaso en los registros de la compañía; la prenda puede asimismo constituirse por un traspaso a título de garantía, inscrito en los dichos registros.

No se derogan las disposiciones del art. 2075 del Código Civil, en lo que concierne a los créditos mobiliarios, de los cuales no puede apoderarse, el cesionario respecto de terceras personas, sino por la notificación del traspaso hecha al deudor.

Los valores de comercio dados en prenda, son cobraderos por el acreedor prendatario.

Art. 92. – En ningún caso subsistirá el privilegio sobre la prenda, sino en tanto que esa prenda ha sido entregada y ha permanecido en poder del acreedor, o de un tercero en que estén convenidas las partes.

Se reputa que el acreedor está en posesión de las mercancías, cuando éstas se hallan a su disposición en sus almacenes o buques, en la aduana o en un depósito público, o si antes que hayan llegado se ha apoderado de ellas por medio de un conocimiento o de una carta de porte.

Art. 93. – Por falta de pago al vencimiento, y ocho días después de una simple notificación hecha al deudor y al tercero que haya dado la prenda, si lo hubiere, el acreedor podrá hacer proceder a la venta pública de los objetos dados en prenda.

Las ventas que no deban encargarse a los solo agentes de cambio, se harán por el ministerio de los corredores.

Sin embargo, a petición de las partes, el presidente del tribunal de comercio puede designar, para proceder a hacerlas, otra clase de oficiales públicos.

En este caso, el oficial público encargado de la venta, quien quiera que sea, estará sujeto a las disposiciones que rigen a los corredores, relativamente a las formas, tarifas y responsabilidad.

Toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse la prenda o a disponer de ella sin las formalidades arriba prescritas, será nula.

SECCIÓN 2a.

De los comisionistas en general

Art. 94. – Comisionista es el que obra en su propio nombre, o bajo un nombre social por cuenta de un comitente.

Las obligaciones y derechos del comisionista que obra en nombre de un comitente, están señalados por el Código Civil, Libro III, título XIII.

Art. 95. – Todo comisionista tiene privilegio sobre el valor de las mercaderías remitidas a él, depositadas o consignadas en su poder, por el solo hecho de la remisión, del depósito o de la consignación para el reembolso de cualesquiera préstamos, anticipaciones o pagos que haya hecho, ya sea antes de recibir las mercancías, ya durante el tiempo que estén en su poder.

Este  privilegio  no  subsiste  sino  bajo  la  condición  prescrita  por  el  art.  92 que  precede.

En el crédito privilegiado del comisionista están comprendidos, con el principal, los intereses, comisiones y gastos.

Si las mercancías han sido vendidas y entregadas por cuenta del comitente, el comisionista se reembolsará del producto de la venta, el importe de su crédito, con preferencia a los acreedores del comitente.

SECCIÓN 3a.

De los comisionistas para los transportes por tierra y por agua

Art. 96. – El comisionista que se encarga de un transporte por tierra o por agua, está obligado a asentar en un libro diario la declaración de la naturaleza y cantidad de las mercancías, y si se le exigiere, también su valor.

Art. 97. – Es responsable de la llegada de las mercaderías y efecto en el término señalado en la carta de porte, fuera del caso de fuerza mayor legítimamente comprobada.

Art. 98. – Es responsable de las averías o pérdidas de las mercancías y efectos, si no consta estipulado lo contrario en la carta de porte, o si aquellas no han acontecido por fuerza mayor.

Art. 99. – Es responsable de los actos del comisionista intermediario, a quien dirija las mercancías.

Art. 100. – La mercancía que ha salido del almacén del vendedor o del expedidor, viaja, si no hay pacto en contrario, de cuenta y riesgo de aquel a quien pertenece, salvo su recurso contra el comisionista y el porteador encargados del transporte.

Art. 101. – La carta de porte forma un contrato entre el expedidor y el porteador, o entre el expedidor y el comisionista y el porteador.

Art. 102. – La carta de porte debe tener fecha, y debe expresar: La naturaleza, el peso o la calidad de los objetos que deban transportarse, y el término en que se debe verificar el transporte. Ha de indicar: los nombres y domicilio del comisionista por cuya intervención se efectúa el transporte, si lo hay; los nombres de la persona a quien se dirige la mercancía; los nombres y domicilio del porteador.

Ha de enunciar: el precio del porte, la indemnización debida por causa de retardo.

Ha de estar firmada por el expedidor o por el comisionista.

Ha  de  presentar  al  margen:  las  marcas  y  números   de  los  objetos  que  se deban transportar.

El  comisionista  copiará  la  carta  de  porte  en  un  registro  foliado  y  rubricado, sin  intervalos y seguidamente.

SECCIÓN 4a.

Del porteador

Art. 103. – El porteador es responsable de la pérdida de los objetos que conduce, excepto los casos de fuerza mayor.

Es responsable de las averías que no sucedan por vicio propio de la cosa, o por fuerza mayor.

Art. 104. – Si por efecto de fuerza mayor no se verifica la conducción en el término convenido, no hay lugar a la indemnización contra el porteador por causa de retardo.

Art. 105. – El recibo de los objetos porteados y el pago del porte, extinguen toda acción contra el porteador.

Art. 106. – En caso de resistencia o contestación sobre el recibo de los objetos porteados, su estado se comprobará y averiguará por peritos nombrados por el tribunal de comercio, o a falta de éste, por el Juez de Paz, y por auto al pie de una instancia.

Podrá decretarse su depósito o secuestro, y después la traslación a un depósito público.

Podrá decretarse su venta a favor del porteador, hasta cubrir el valor del porte.

Art. 107. – Las disposiciones contenidas en el presente título, son comunes a los dueños de barcos, y empresarios de diligencias y carruajes públicos.

Art. 108. – Todas las acciones contra el comisionista y porteador por razón de la pérdida o avería de las mercancías, prescribirán a los seis meses respecto de las expediciones hechas en el interior de la República, y al año, respecto de las hechas a país extranjero, contándose estos términos, en caso de pérdida, desde el día en que debiera haberse efectuado el transporte de las mercancías; y en caso de avería, desde el día en que se hubiere hecho la entrega de las mercancías, sin perjuicio de lo que proceda en los casos de fraude o de infidelidad.

Art. 109. – Las compras y ventas se comprueban: por documentos públicos; por documentos bajo firma privada; por la nota detallada o por el ajuste de un agente de cambio o corredor, debidamente firmada por las partes; por una factura aceptada; por la correspondencia; por los libros de las partes; por la prueba de testigos, en el caso de que el tribunal crea deber admitirla.

SECCIÓN 1a.

De la letra de cambio

PÁRRAFO 1o.

De la forma de la letra de cambio

Art. 110. – (Mod. por la Ley No. 682, del 27 de octubre de 1921, G. O. 4936) La letra de cambio es girada de un lugar sobre otro o sobre el mismo lugar.

Tendrá fecha. Enunciará: la cantidad que se ha de pagar; los nombres de quien la debe pagar; la época y el lugar del pago; el valor suministrado en dinero, en mercancías, en cuenta o de cualquiera otra manera.

Se girará a la orden de un tercero o a la orden del mismo  girador.

Debe expresar si es única, primera, segunda, tercera, cuarta, etc.

Art. 111. – Puede librarse una letra de cambio contra un individuo, y ser pagadera en el domicilio de un tercero.

Puede librarse por orden y cuenta de un tercero.

Art. 112. – Se reputan simples promesas, todas las letras de cambio que contengan suposición, ya de nombre, ya de calidad, bien de domicilio, bien de los lugares de donde se han girado, o donde deban pagarse.

Art. 113. – La firma de mujeres casadas y de solteras no negociantes o que no ejerzan públicamente el comercio, en letras de cambio, no tienen valor respecto de ellas, sino como simple promesas.

Art. 114. – Las letras de cambio firmadas por menores no negociantes, son nulas respecto de ellos, salvo los derechos respectivos de las partes, conforme al art. 1312 del Código Civil.

PÁRRAFO 2o.

De la provisión de fondos

Art. 115. – La provisión de fondos deben hacerse por el librador, o por aquel por cuya cuenta sea girada la letra de cambio, sin que por eso deje el librador, por cuenta de otro, de quedar personalmente obligado hacia los endosantes y el portador solamente.

Art. 116. – Hay provisión de fondos si, al vencimiento de la letra de cambio, aquel contra quien se ha librado es deudor al librador, o a aquel por cuya cuenta se ha girado, de una suma a lo menos igual al importe de la letra de cambio.

Art. 117. – La aceptación supone la provisión de fondos; sirve de prueba de ésta, respecto de los endosantes; haya o no aceptación, el librador es el único que está obligado a probar, en caso de denegación, que aquellos contra quienes estaba girada la letra, tenían provisión de fondos al vencimiento; si no, es responsable de su importe, aunque se haya formulado el protesto, pasados los términos prefijados.

PÁRRAFO III

De la aceptación

Art. 118. – El librador y los endosantes de una letra de cambio, son responsables solidariamente de la Art. 118. -aceptación y del pago al vencimiento.

Art. 119. – La falta de aceptación se prueba por medio de un documento que se llama protesto por falta de aceptación.

Art. 120. – Con la notificación del protesto por falta de aceptación, los endosantes y el librador están respectivamente obligados a dar fianza para la seguridad del pago de la letra de cambio a su vencimiento, o de efectuar el reembolso con los gastos de protesto y de recambio.

El fiador, ya sea del librador, ya sea del endosante, no es solidario, sino con aquel a quien ha fiado.

Art. 121. – El que acepta una letra de cambio, contrae la obligación de pagar su importe.

El aceptante no tiene derecho a la restitución contra su aceptación, aún cuando antes de aceptar hubiese quebrado el librador, sin él saberlo.

Art. 122. – La aceptación de una letra de cambio debe estar firmada.

La aceptación se expresará con la palabra ceptada.

Tendrá fecha, si la letra es a uno o muchos días o meses vista; y, en este último caso, la falta de fecha de la aceptación, hace la letra exigible en el término expresado en ella, contadero desde su fecha.

Art. 123. – La aceptación de una letra de cambio, pagadera en distinto lugar del de la residencia del aceptante, indicará el domicilio en que deba efectuarse el pago, o hacerse las diligencias.

Art. 124. – La aceptación no puede ser condicional; pero puede ser limitada en cuanto a la suma aceptada.

En  este  caso,  el  portador  está  obligado  a  protestar  la  letra  de  cambio  por la  diferencia.

Art. 125. – Una letra de cambio debe aceptarse a su presentación, o a lo más tarde, a las veinticuatro horas de la presentación.

Si después de las veinticuatro horas no se devuelve aceptada o no aceptada, el que la ha retenido es responsable de los daños y perjuicios al portador.

PÁRRAFO 4o.

De la aceptación por intervención

Art. 126. – En el caso de protesto por falta de aceptación, puede ser aceptada la letra de cambio por un tercero que intervenga por el librador o por alguno de los endosantes.

La intervención debe mencionarse en el documento de protesto, y estar firmada por el que interviene.

Art. 127. – El que interviene, está obligado a notificar, sin demora, su intervención a aquel por quien ha intervenido.

Art. 128. – El portador de la letra de cambio conserva todos sus derechos contra el librador y los endosantes, por razón de la falta de aceptación de aquel contra quien se había girado la letra, no obstante cualesquiera aceptaciones por intervención.

PÁRRAFO 5o.

Del vencimiento

Art. 129. – Una letra de cambio puede girarse: a la vista; a uno o muchos días vista; a uno o muchos meses vista; a uno o muchos usos vista; a uno o muchos días de la fecha; a uno o muchos meses de la fecha; a uno o muchos usos de la fecha; a día fijo o día determinado; a una feria.

Art. 130. – La letra de cambio a la vista, es pagadera a su presentación.

Art. 131. – El vencimiento de una letra de cambio, a uno o muchos días vista; a uno o muchos meses vista; a uno o muchos usos vista; se fijará por la fecha de la aceptación, o por la del protesto a falta de aceptación.

Art. 132. – El uso es de treinta días, que correrán desde el día siguiente al de la fecha de la letra de cambio. Los meses serán los establecidos por el calendario gregoriano.

Art. 133. – Una letra de cambio pagadera en una feria, cumple la víspera del día en que concluye la feria, o el día de la feria, si no dura sino un día.

Art. 134. – Si el vencimiento de una letra de cambio cae en un día feriado legal, será pagadera el día anterior.

Art.  135.  –  Se  derogan  todos  los  términos  de  gracia,  de  favor,  de  uso o  de  costumbre local, para el pago de las letras de cambio.

PÁRRAFO 6o.

Del endoso

Art. 136. – La propiedad de una letra de cambio se transfiere por medio de un endoso.

Art. 137. – El endoso debe tener fecha. Expresa el valor provisto; enuncia el nombre de la persona a cuya orden se transfiere.

Art.  138.  –  Si  el  endoso  no  es  conforme  a  las  disposiciones  del artículo precedente, no produce el traspaso; no es sino un poder.

Art. 139. – Prohíbese antedatar los endosos, so pena de falsificación.

PÁRRAFO 7o.

De la solidaridad

Art. 140. – Todos los que hubieren firmado, aceptado o endosado una letra de cambio, estarán obligados a la garantía solidaria hacia el portador.

PÁRRAFO 8o.

Del aval

Art. 141. – El pago de una letra de cambio, independientemente de la aceptación y del endoso, puede garantizarse por un aval.

Art. 142. – Esta seguridad la da un tercero en la misma letra, o por un documento separado. El prestador del aval está obligado solidariamente, y por los mismos medios que el librador y endosantes, salvo los convenios diferentes de las partes.

PÁRRAFO 9o.

Del pago

Art. 143. – Una letra de cambio debe pagarse en la moneda que ella indica.

Art. 144. – El que paga una letra de cambio antes de su vencimiento, es responsable de la validez del pago.

Art. 145. – El que paga una letra de cambio a su vencimiento, y sin oposición se presume válidamente liberado.

Art. 146. – No puede precisarse el portador de una letra de cambio a recibir el pago antes del vencimiento.

Art. 147. – El pago de una letra de cambio hecho en virtud de una segunda, tercera, cuarta, etc., es válido, cuando la segunda, tercera, cuarta, etc., expresa que dicho pago anula el efecto de las demás.

Art. 148. – El que paga una letra de cambio en virtud de una segunda, tercera, cuarta, etc., sin recoger aquella en que está su aceptación, no queda liberado respecto del tercero portador de su aceptación.

Art. 149. – No se admitirá oposición al pago, sino en caso de pérdida de la letra de cambio, o de quiebra del portador.

Art. 150. – En caso de pérdida de una letra de cambio no aceptada, aquel a quien pertenece puede exigir el pago en virtud de una segunda, tercera, cuarta, etc.

Art. 151. – Si la letra de cambio perdida tiene la aceptación, no puede exigirse el pago en virtud de una segunda, tercera, cuarta, etc., sino por mandato del juez, y dando fianza.

Art. 152. – Si el que ha perdido la letra de cambio, esté o no aceptada, no puede presentar la segunda, tercera, cuarta, etc., podrá pedir el pago de la letra de cambio perdida, y obtenerle por mandato judicial, justificando por sus libros ser suya, y dando fianza.

Art. 153. – En caso de negativa del pago, demandado éste en virtud de los dos artículos precedentes, el propietario de la letra de cambio perdida conservará todos sus derechos por medio de un acto de protestación.

Este acto debe extenderse el día siguiente al del vencimiento de la letra de cambio perdida.

Debe notificarse al librador y a los endosantes, en la forma y plazos prescritos a continuación para la notificación del protesto.

Art. 154. – El dueño de la letra de cambio extraviada debe, para procurarse la segunda, dirigirse a su endosante inmediato, que está obligado a prestarle su nombre y diligencia para obrar contra su propio endosante; y así, subiendo de endosante en endosante, hasta el librador de la letra.

El dueño de la letra de cambio extraviada pagará los gastos.

Art. 155. – El compromiso de la fianza, mencionado en los arts. 151 y 152, se extingue pasados tres años, si durante este tiempo no ha habido demanda ni procedimiento judicial.

Art. 156. – Los pagos hechos a cuenta del importe de una letra de cambio, son en descargo del librador y de los endosantes.

El  portador  está  obligado  a  extender  el  protesto  de  la  letra  de  cambio  por lo  restante.

Art. 157. – Los jueces no pueden conceder ninguna moratoria para el pago de una letra de cambio.

PÁRRAFO 10mo.

Del pago por intervención

Art. 158. – Una letra de cambio protestada puede ser pagada por cualquiera que intervenga, en favor del librador o de alguno de los endosantes.

La intervención y el pago se comprobarán por escrito en el mismo protesto o a continuación de él.

Art. 159. – El que paga una letra de cambio por intervención, queda subrogado en los derechos del portador, y obligado a observar las mismas formalidades que él.

Si el pago por intervención se hace por cuenta del librador, quedan liberados todos los endosantes.

Si se hace por cuenta de un endosante, quedan liberados todos los endosantes subsiguientes.

Si hay concurrencia para el pago de una letra de cambio por intervención, será preferido aquel que efectúe mayor número de liberaciones.

Si aquel a cuyo cargo se había girado la letra en su origen, y contra quien se ha formulado el protesto por falta de aceptación, se presentare a pagarla, será preferido a todos los demás.

PÁRRAFO 11o.

De los derechos y obligaciones del portador

Art. 160. – El portador de una letra de cambio girada de la República de Haití, de alguna de las Antillas o de los Estados Unidos de Norte América y pagadera  en el territorio de la República, sea a vista, sea a uno o muchos días, meses o usos de vista, debe exigir su pago o aceptación, dentro de los tres meses de su fecha, bajo la pena de perder su recurso contra los endosantes, y aún contra el librador, si éste ha hecho provisión de fondos.

El término será de cuatro meses, para las letras de cambio giradas de alguna de las Repúblicas del Continente Sur-americano, comprendidas en el litoral del Atlántico, desde el Río Grande del Norte hasta el Orinoco.

El término será de cinco meses para las letras de cambio giradas de los demás Estados y países Sur-americanos.

El término será de seis meses para las letras de cambio giradas de Europa o cualquier otro punto de la tierra.

Los mismos términos fatales tendrán lugar contra el portador de una letra de cambio a la vista, o a uno o muchos días, meses o usos vista, girada de la República, y pagadera en los países extranjeros, que no exija su pago o aceptación en los términos antedichos, prescritos para cada una de las distancias respectivas.

Los términos arriba dicho se duplicarán en tiempo de guerra marítima, para los países de Ultramar.

Las disposiciones arriba dicha no perjudicarán, sin embargo, las estipulaciones contrarias que puedan intervenir entre el tomador, el librador y aun los endosantes.

Art. 161. – El portador de una letra de cambio debe exigir el pago el día de su vencimiento.

Art. 162. – La negativa a pagar debe acreditarse el día siguiente al del vencimiento, por un acto llamado protesto por falta de pago.

Si ese día fuere feriado legal, se extenderá el protesto al día siguiente.

Art. 163. – El portador no está dispensado de extender el protesto por falta de pago, ni por el protesto por falta de aceptación, ni por la muerte o quiebra de aquel a cuyo cargo está girada la letra de cambio.

En el caso de quiebra del aceptante antes del vencimiento, el portador puede, desde luego, extender el protesto, y hacer uso de su recurso.

Art. 164. – El portador de una letra de cambio protestada por falta de pago, puede ejercitar su acción en garantía, o individualmente contra el librador y contra cada uno de los endosantes, o colectivamente contra los endosantes y el librador.

La misma facultad tiene cada uno de los endosantes respecto del librador y de los endosantes que le preceden.

Art. 165. – Si el portador ejercita el recurso individualmente contra su cedente, debe hacerle notificar el protesto; y a falta de reembolso, citarlo en juicio dentro de los quince días siguientes a la fecha del protesto, si el citado reside a tres leguas de distancia.

Este término, respecto del cedente domiciliado a más de tres leguas de distancia del lugar en que había de pagarse la letra de cambio, se aumentará de un día por cada dos leguas y media, además de las tres.

Art. 166. – Siendo protestadas las letras de cambio giradas de la República y pagaderas en Haití, en alguna de Las Antillas o en los Estados Unidos de Norte América, los libradores y endosantes residentes en la República, deberán ser demandados en el término de tres meses.

Este término será de cuatro meses respecto de las letras de cambio pagaderas en alguna de las Repúblicas del Continente Suramericano, comprendidas en el Litoral del Atlántico, desde el Río Grande del Norte hasta el Orinoco.

Será de cinco meses, cuando se trate de letras de cambio pagaderas en los demás Estados y países Sur-americanos; y de seis meses, cuando la letra debiera ser pagada en Europa o cualquier otro punto de la tierra.

Los términos arriba dichos se duplicarán para los países de Ultramar en caso de guerra marítima.

Art. 167. – Si el portador entabla su recurso colectivamente contra los endosantes y el librador, gozara, respecto de cada uno de ellos, del término fijado por los artículos anteriores, cada endosante tiene derecho a ejercitar el mismo recurso, individual o colectivamente, en el mismo término.

Respecto de ellos, el término corre desde el día siguiente a la fecha de la citación judicial.

Art. 168. – Pasados los términos arriba expresados, para la presentación de la letra de cambio a la vista, o a uno o muchos días o meses o usos vista; para el protesto por falta de pago; para ejercitar la acción en garantía; el portador de la letra pierde todo derecho contra los endosantes.

Art. 169. – Los endosantes pierden también toda acción en garantía contra sus cedentes, pasados los términos dichos, cada cual en lo que le concierne.

Art. 170.  – En  la  misma  caducidad  incurren  el  portador  y  los  endosantes,

respecto del mismo librador, si este último justifica que había hecho provisión de fondos al vencimiento de la letra de cambio.

En este caso, el portador no tiene acción sino contra aquel a cuyo cargo había sido girada la letra.

Art. 171. – Los efectos de la caducidad, establecida por los tres artículos precedentes, cesan en favor del portador contra el librador, o contra el endosante que, después de pasados los términos fijados para el protesto, o la citación en el juicio, haya recibido por cuenta, compensación o de otro modo, los fondos destinados al pago de la letra de cambio.

Art. 172. – Independientemente de las formalidades prescritas para el uso de la acción en garantía, el portador de una letra de cambio protestada por falta de pago puede, con permiso del juez, embargar retentivamente los bienes muebles del librador, aceptantes y endosantes.

PÁRRAFO 12o.

De los protestos

Art. 173. – Los protestos por falta de aceptación o de pago, se harán por dos notarios, o por un notario y dos testigos o por un alguacil y dos testigos.

El protesto debe extenderse: en el domicilio de aquel que debía pagar la letra de cambio, o en su último domicilio conocido; en el domicilio de las personas indicadas por la letra de cambio para pagarla en caso necesario; en el domicilio del tercero que haya aceptado por intervención; todo en un solo y mismo acto.

En caso  de  falsa  indicación  de  domicilio,  precederá  al protesto  una información sumaria.

Art. 174. – El documento de protesto ha de contener: trascripción literal de la letra de cambio, de la aceptación, de los endosos, y de las recomendaciones indicadas en ella; el requerimiento de pagar la letra de cambio.

Ha de enunciar: la presencia o ausencia del que deba pagarla; los motivos de negarse al pago, y la imposibilidad o la negativa de firmar.

Art. 175. – Ningún acto, de parte del portador de la letra de cambio, puede suplir el acto de protesto, fuera del caso previsto por los arts. 150 y siguientes, acerca de la pérdida de la letra de cambio.

Art. 176. – Los notarios y los alguaciles están obligados bajo la pena de destitución y resarcimiento de costas, daños y perjuicios a las partes, a entregar una copia exacta de los protestos, y a irlos asentando íntegros, día por día, y por orden de fechas, en un registro particular, foliado, rubricado y llevado por las formalidades prescritas para los repertorios.

PÁRRAFO 13o.

Del recambio

Art. 177. – El recambio se efectuará por una resaca.

Art. 178. – La resaca es una nueva letra de cambio, por cuyo medio se hace pago el portador contra el librador, o contra uno de los endosantes, de la cantidad principal de la letra protestada, de los gastos y del nuevo cambio que paga.

Art. 179. – El recambio se regulará, respecto del librador, por el curso del cambio del lugar en que era pagadera la letra de cambio, respecto del lugar de donde ha sido girada.

En lo que concierne a los endosantes, se regulará por el curso del cambio del lugar donde la letra de cambio ha sido entregada o negociada por ellos, respecto del lugar donde se verifica el reembolso.

Art. 180. – A la resaca acompañará una cuenta de retorno.

Art. 181. – La cuenta de retorno comprenderá: la cantidad principal de la letra de cambio protestada; los gastos de protesto y otros gastos legítimos, tales como comisión de banco, corretaje, derecho de papel sellado, timbres y portes de cartas, expresará el nombre de la persona a cuyo cargo se gira la resaca, y el precio del cambio a que se ha negociado; será certificada por un agente de cambio; donde no haya agente de cambio, será certificada por dos comerciantes; la acompañarán la letra de cambio protestada y el protesto, o un testimonio del documento de protesto.

En el caso de que la resaca se gire contra alguno de los endosantes, irá además acompañada de un certificado que acredite el curso del cambio del lugar en que la letra de cambio había de pagarse respecto del lugar de donde fue girada.

Art. 182. – No podrán hacerse muchas cuentas de retorno sobre una misma letra de cambio.

Esta  cuenta  de  retorno  será  pagada  respectivamente  de  endosante  en endosante, y definitivamente por el librador.

Art. 183. – Los recambios no podrán acumularse.

Cada endosante no sufrirá sino uno, igualmente que el librador.

Art. 184. – El interés de la cantidad principal de la letra de cambio protestada por falta de pago, se debe, a contar desde el día del protesto.

Art. 185. – El interés de los gastos de protesto, recambio y otros gastos legítimos, no se deben sino desde el día de la demanda en justicia.

Art. 186. – No se deberá recambio, si la cuenta de retorno no está acompañada de los certificados de agentes de cambio o de comerciantes, prescritos por el art. 181.

 

SECCIÓN 2a.

Del Pagaré a la orden

Art. 187. – Todas las disposiciones relativas a las letras de cambio, y concernientes: al vencimiento, al endoso, a la solidaridad, al aval, al pago, al pago por  intervención,  al  protesto,  a  las  obligaciones  y  derechos del  portador,  al  recambio o los intereses, son aplicables a los pagarés a la orden; sin perjuicio de las disposiciones relativas a los casos previstos por los arts. 636, 637 y 638.

Art. 188. – El pagaré a la orden deberá tener fecha.

Expresará: la cantidad que deba pagarse, el nombre de aquel a cuya orden está suscrito, la época en que se ha de efectuar el pago; el valor que se haya dado en dinero efectivo, en mercancías en cuenta, o de cualquiera otra manera.

SECCIÓN 3a.

De la prescripción

Art. 189. – Todas las acciones relativas a las letras de cambio y a los pagarés a la orden, suscritos por negociantes, mercaderes o banqueros, o por razón de actos de comercio, se prescriben por cinco años, contaderos desde el día del protesto, o desde la última diligencia judicial, si no ha habido condenación, o si la deuda no ha sido reconocida en instrumento separado.

 

Sin embargo, los presuntos deudores estarán obligados, en caso de ser requeridos, a afirmar bajo juramento, que ellos no son ya deudores, y sus viudas, herederos o representantes, que creen de buena fe que ya no se debe nada.

Art. 190. – Las naves y demás embarcaciones marítimas, son bienes muebles.

Sin embargo, responden de las deudas del vendedor, y especialmente de las que la ley declara privilegiadas.

Art. 191. – Son privilegiadas, y en el orden en que van colocadas, las deudas siguientes:

1o. las costas judiciales y otras, hechas para efectuar la venta y la distribución del precio;

2o. los derechos de tonelada y demás de puerto impuestos por las leyes fiscales;

3o. los salarios del guardián, y gastos de custodia de la embarcación, desde su entrada en el puerto hasta la venta;

4o. el alquiler de los almacenes en que están depositados los  aparejos y pertrechos;

5o. los gastos de conservación de la embarcación y de sus aparejos y pertrechos, desde su último viaje y su entrada en el puerto;

6o. los gajes y salarios del capitán y demás personas de la tripulación empleadas en el último viaje;

7o. las cantidades prestadas al capitán para las urgencias del buque durante el último viaje, y el reembolso del precio de las mercancías que hubiere vendido para el mismo objeto;

8o. las cantidades debidas a los vendedores y a los proveedores y operarios empleados en la construcción, si la nave no hubiere hecho todavía ningún viaje; y las cantidades debidas a los acreedores por suministros, trabajos, mano de obra, arena, vituallas, armamento y equipo, antes de la partida de la nave, si ya hubiere navegado;

9o. Las cantidades prestadas a la gruesa sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos para carena, vituallas, armamento y equipo, antes de partir la nave;

 

l0o. el importe de las primas de los seguros hechos sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto de la nave, debidas por el último viaje;

11o. los daños y perjuicios debidos a los fletadores, por no entregárseles las mercancías que han cargado, o por indemnización de las averías que hayan padecido las dichas mercancías por falta del capitán o de la tripulación.

Los acreedores comprendidos en cada uno de los números del presente artículo,   vendrán a concurrencia y a prorrata, si no bastare para todos el valor de la    embarcación.

Art. 192. – El privilegio concedido a las deudas expresadas en el artículo precedente, no tendrá efecto, si no se justifican en la forma siguiente:

1ro, las costas judiciales se comprobarán, con los estados de gastos aprobados por los tribunales competentes;

2o.  los   derechos   de   tonelada   y   otros,   con   los   recibos   legítimos de los recaudadores;

3o. las deudas designadas en los números 1, 3, 4 y 5 del art. 191, se comprobarán con estados aprobados por el presidente del tribunal de comercio;

4o. los gajes y salarios de la tripulación, con los roles de aparejo y desaparejo aprobados por la capitanía del puerto;

5o. las sumas prestadas y el valor de las mercancías vendidas para las urgencias de la nave durante el último viaje, con los estados formados por el capitán, comprobados con diligencias sumarias firmadas por el capitán y los principales de la tripulación, acreditando la necesidad de los préstamos;

6o. la venta de la nave, con un documento de fecha cierta; y los suministros para el armamento, apresto y vituallas de la nave, se acreditarán con las memorias, facturas o estados visados por el capitán y aprobados por el armador, de los cuales se depositará un duplicado en la secretaría del tribunal de comercio antes de partir la nave, o a más tardar, dentro de diez días después de su partida;

7o. las cantidades prestadas a la gruesa sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto, antes de la partida de la nave, se comprobarán por medio de contratos hechos ante notarios, o bajo firma privada, cuyas compulsas o duplicados serán depositados en la secretaría del tribunal de comercio, dentro de los diez días de su fecha;

8o. las primas de los seguros se comprobarán con las pólizas o con los extractos de los libros de los corredores de seguros;

9o. los daños y perjuicios debidos a los fletadores, se comprobarán con las sentencias o con las decisiones arbitrables que hayan intervenido.

Art. 193. – Los privilegios de los acreedores se extinguirán, independientemente de los medios generales de extinguirse las obligaciones: por la venta judicial, hecha según las formalidades establecidas en el título siguiente; o, cuando después de una venta voluntaria, la nave haya hecho un viaje marítimo, a nombre y por cuenta del comprador, y sin oposición de parte de los acreedores del vendedor.

Art. 194. – Se presume que una nave ha hecho un viaje marítimo: cuando su partida y arribo hayan sido comprobados en dos puertos diferentes, y treinta días después de la partida; cuando, sin haber arribado a otro puerto, se hayan pasado más de sesenta días entre la partida y el regreso al mismo puerto; o cuando habiendo partido la nave para un viaje largo, ha estado más de sesenta días navegando, sin reclamación por parte de los acreedores del vendedor.

Art. 195. – La venta voluntaria de una nave debe hacerse por escrito, y podrá tener lugar por documento público o bajo firma privada.

Puede hacerse, o de toda la nave, o de una parte de la nave; ya esté la nave en el puerto, o ya navegando.

Art. 196. – La venta voluntaria de una nave que está navegando, no perjudica a los acreedores del vendedor.

De consiguiente, no obstante la venta, la nave o su valor continúan en prenda a favor de dichos acreedores, los cuales hasta podrán, si lo tienen por conveniente, anular la venta por causa de fraude.

Art. 197. – Toda embarcación marítima puede ser embargada y vendida, por autoridad judicial, y el privilegio de los acreedores quedará extinguido por las formalidades siguientes.

Art. 198. – No se podrá proceder al embargo, hasta pasadas veinticuatro horas después del mandamiento de pago.

Art. 199. – Este acto deberá notificarse al propietario en persona, o en su domicilio, si se trata de ejercitar una acción general contra él.

La intimación se podrá notificar al capitán de la nave, si el crédito es del número de aquellos que tienen privilegio sobre la nave, conforme al art. 191.

Art. 200. – El Alguacil expresará en el acta de embargo: el nombre, profesión y morada del acreedor por quien procede; el título en cuya virtud procede; la suma cuyo pago persigue; la elección de domicilio hecha por el acreedor en el lugar donde reside el tribunal ante quien debe pedirse la venta, y en el lugar donde se halle amarrada la nave embargada; los nombres del dueño y del capitán; el nombre, la especie y la cabida de la nave; y la enunciación y descripción de las chalupas, botes, aparejos, utensilios, armas, municiones y provisiones; pondrá un guardián.

Art. 201. – Si el dueño de la nave embargada reside en el distrito del tribunal, el ejecutante debe, en el término de tres días, hacerle notificar copia del acta de embargo, y hacerlo citar ante el tribunal, para oír ordenar la venta de las cosas embargadas.

Si el dueño no está domiciliado en el distrito del tribunal, las notificaciones y citaciones se harán al capitán de la nave embargada, o, en su ausencia, al que represente al dueño o al capitán; y concederá un día fuera del término de los tres, por cada tres leguas de distancia de su domicilio.

Si es extranjero y se halla fuera de la República, las notificaciones y citaciones se harán del modo prescrito por el art. 69 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 202. – Si el embargo fuere de una embarcación cuya cabida sea de más de diez toneladas, se harán tres pregones y publicaciones de las cosas en venta.

Estos pregones y publicaciones se harán seguidamente, de ocho en ocho días, en la bolsa, si la hubiere, y en la principal plaza pública del lugar donde la embarcación esté amarrada.

El aviso se insertará en un periódico en el lugar donde resida el tribunal ante el cual se siga el embargo; y si no lo hay, en uno de los que se impriman en el lugar más próximo.

Art. 203. – En los dos días siguientes a cada pregón y publicación, se fijarán carteles: en el palo mayor de la embarcación embargada; en la puerta principal del tribunal ante el cual se proceda; en la plaza pública, y en el muelle del puerto donde la embarcación esté amarrada; y también en la bolsa de comercio, si la hubiere.

Art. 204. – Los pregones, publicaciones y carteles deberán designar: el nombre, profesión y morada del ejecutante; los títulos en cuya virtud ejecuta; la cantidad que se le debe; la elección de domicilio hecha por él en el lugar en que reside el tribunal, y en el lugar en que la nave está amarrada; el nombre y domicilio del dueño de la nave embargada; el nombre de la nave; y si está equipada o equipándose; y los nombres del capitán; la cabida de la nave; el sitio donde esté amarrada, o anclada; el nombre del abogado del ejecutante; el primer precio para la subasta; los días de las audiencias en que se admitirán las pujas.

Art. 205. – Después del primer pregón, las pujas se admitirá el día indicado en los carteles.

El Juez comisionado de oficio para la venta, continuará recibiendo las pujas después de cada pregón, de ocho en ocho días, en día cierto, señalado por un auto suyo.

Art. 206. – Después del tercer pregón, la adjudicación se hará al mejor postor, al extinguirse la tercera bugía, sin otra formalidad.

El juez comisionado de oficio podrá conceder una o dos prórrogas, cada una de ocho días.

Estas se publicarán y fijarán por carteles.

Art. 207. – Si el embargo fuere de barcas, chalupas y otras embarcaciones de diez toneladas o menos de porte, la adjudicación se hará en la audiencia, durante tres días consecutivos, por medio del cartel en el mástil, o, si no lo hay, en otro sito aparente de la nave, y en la puerta del tribunal.

Se dejará pasar el término de ocho días francos entre la notificación del embargo y la venta.

Art. 208. – Verificada la adjudicación de la nave, cesan las funciones del capitán; quedándole salvo su derecho para reclamar por indemnización contra quien haya lugar.

Art. 209. – Los adjudicatarios de las naves de cualquier porte, están obligados a pagar el precio de la venta en el término de veinticuatro horas, o a consignarle sin costas en la secretaría del tribunal de comercio.

A falta de pago o de consignación, la embarcación se volverá a poner en venta, y se adjudicará tres días después de una nueva publicación, y un sólo cartel, por cuenta de los anteriores adjudicatarios, los cuales serán igualmente apremiados en sus personas al pago del déficit, los daños, los perjuicios y las costas.

Art. 210. – Las demandas en distracción se formalizarán y presentarán en la Secretaría del tribunal antes de la adjudicación; si las demandas en distracción no se propusieren sino después de la adjudicación, se convertirán, de pleno derecho, en oposiciones a la entrega de las cantidades procedentes de la venta.

Art. 211. – El demandante u opositor tendrá tres días para probar su acción.

El demandado tendrá tres días para contradecir.

La causa se verá en audiencia con una simple citación.

Art. 212. – Durante tres días después de la adjudicación, se admitirán las oposiciones a la entrega del precio; pasado este término, ya no se admitirán.

Art. 213. – Los acreedores opositores están obligados a presentar, en la Secretaría, sus títulos de crédito, durante los tres días siguientes a la intimación que se les haga por parte del acreedor ejecutante, o por el tercer embargado; no haciéndolo así, se procederá a la distribución del precio de la venta, sin comprenderlos en ella.

Art. 214. – La graduación de los acreedores y la distribución del precio de la venta, se harán entre los acreedores privilegiados, en el orden prescrito por el art. 191; y entre los otros acreedores, a prorrata de sus créditos.

Todo acreedor graduado lo es tanto por su crédito principal, como por los intereses y costas.

Art. 215. – La nave pronta a hacerse a la mar, no es embargable, a no ser por deudas contraídas para el viaje que va a hacer; y aún en este último caso, una fianza por dichas deudas impedirá el embargo.

Se reputa que la nave está pronta a hacerse a la mar, cuando el capitán tiene en su poder los despachos para el viaje.

DE LOS NAVIEROS

Art. 216. – Todo dueño de nave es civilmente responsable de los hechos del capitán, y está obligado a cumplir los compromisos contraídos por este último, en lo relativo a la nave y a la expedición.

En cualquier caso podrá libertarse de las dichas obligaciones por el abandono del buque y del flete.

Sin embargo, la facultad de hacer abandono no se concede a aquel que a un mismo tiempo es capitán y propietario o copropietario de la nave.

Cuando el Capitán no sea sino copropietario, no será responsable de los empeños contraídos por él, en lo relativo a la nave y a la expedición, sino en proporción de su interés.

Art. 217. – Los dueños de las naves armadas en guerra, no serán, sin embargo, responsables de los delitos ni robos cometidos en el mar por las gentes de guerra que lleven a boldo, o por las tripulaciones, sino hasta la concurrencia de la antidad que hayan afianzado, a menos que sean participantes o cómplices.

Art. 218. – El propietario podrá despedir al capitán.

No habrá lugar a indemnización alguna, si no mediare un convenio por escrito.

Art. 219. – Si el capitán despedido es copropietario del buque, podrá renunciar su parte, y exigir el reembolso del capital que la represente.

El monto de ese capital se determinará por peritos nombrados por convenio, o de oficio.

Art. 220. – En todo lo concerniente al interés común de los Propietarios de una nave, se seguirá el dictamen de la mayoría.

La mayoría se calcula por una proporción de interés en la nave, excedente de la mitad de su valor.

La subasta de la nave no podrá decretarse sino a instancia de los propietarios que representen juntos la mitad del interés total en la nave, si no hay por escrito convenio en contrario.

Art. 221. – Todo capitán, maestro o patrón encargado de la dirección de una nave, o de otra embarcación, es responsable de sus faltas, aún ligeras, en el ejercicio de sus funciones.

Art. 222. – Será responsable de las mercancías de que se encargue; dará un recibo de ellas; este recibo se llama conocimiento.

Art. 223. – Toca al Capitán formar la tripulación del buque, y escoger y ajustar los marineros y demás personas de la tripulación; lo que hará, sin embargo, de concierto con los propietarios, cuando se hallen en el lugar donde ellos moren.

Art. 224. – El Capitán tendrá un registro foliado y rubricado, por uno de los jueces del tribunal de comercio, o por el Juez de Paz o suplente, en los lugares en que no haya tribunal de comercio.

Ese registro contendrá: las resoluciones tomadas durante el viaje; la entrada y gastos concernientes a la nave, y generalmente todo lo relativo al hecho de su carga; y todo cuanto pueda dar motivo a rendir cuentas, o a intentar una demanda.

Art. 225. – El Capitán está obligado, antes de tomar carga, a hacer visitar su nave, en el modo y forma prescritos por los reglamentos.

Las diligencias de visita se depositarán en la secretaría del tribunal de comercio, y se dará un extracto de ellas al Capitán.

Art. 226. – El Capitán está obligado a llevar a bordo: la patente de navegación del buque; el rol de equipaje; los conocimientos y cartas-partidas; las diligencias sumarias de visita; los recibos de haber pagado o afianzado en las aduanas.

Art. 227. – El Capitán está obligado a hallarse en persona en la nave a la entrada y a la salida de los puertos, radas o ríos.

Art. 228. – En el caso de contravención a las obligaciones impuestas por los cuatro artículos precedentes, el capitán es responsable de cualesquiera accidentes hacia los interesados en el buque y en el cargamento.

Art. 229. – El capitán responderá igualmente de todos los daños que puedan suceder a las mercancías que haya cargado sobre el combés de la nave, sin el consentimiento por escrito del cargador.

Esta disposición no es aplicable al pequeño cabotaje.

Art. 230. – La responsabilidad del capitán no cesa, sino acreditando obstáculos de fuerza mayor.

Art. 231. – El capitán y las personas de la tripulación que se hallen a bordo, o que pasen a bordo en las chalupas para hacerse a la mar, no pueden ser detenidas por deudas civiles.

Art. 232. – El capitán, en el lugar donde residan los propietarios o sus apoderados, no podrá, sin su autorización especial, hacer reparaciones a la nave, comprar velas, cordaje, otras cosas para la misma, ni tomar con tal motivo dinero sobre el casco, ni fletarla.

Art. 233. – Si el buque estuviera fletado con el consentimiento de los dueños, y algunos de ellos rehusaren contribuir a los gastos necesarios para despacharlo, en este caso podrá el capitán, veinticuatro horas después de hecha intimación a los renuentes, a pagar su contingente, tomar prestado a la gruesa por cuenta de ellos, y con autorización judicial, sobre la parte de interés que tenga en la nave.

Art. 234. – Si durante el viaje se necesita hacer alguna reparación, o comprar vituallas, podrá el capitán, justificándolo con diligencias sumarias, firmadas por los principales de la tripulación, tomar prestado sobre el casco y quilla del buque, empeñar o vender mercancías hasta concurrencia de la suma necesaria para las urgencias justificadas; todo con autorización, en la República, del tribunal de comercio, o, a falta de éste, de un Juez de Paz; y en país extranjero, del Cónsul Dominicano; y a falta de éste, del magistrado del lugar.

Los propietarios o el capitán que los representa, llevarán cuenta de las mercancías vendidas, según los precios que tuvieren otras de la misma naturaleza y calidad, en el lugar de la descarga del buque, al tiempo de su arribo.

El solo fletador, o los diversos cargadores que estén todos de acuerdo, podrán oponerse a la venta o a la dación en prenda de sus mercancías, descargándolas y pagando el flete en proporción de lo adelantado que esté el viaje.

Faltando el consentimiento de parte de uno de los cargadores, el que quiera usar de la facultad de descarga, estará obligado al flete entero sobre sus mercancías.

Art. 235. – El capitán, antes de su partida de un puerto extranjero, para volver a la República, estará obligado a enviar a los propietarios, o a sus apoderados, una cuenta firmada de su puño, que contenga el estado del cargamento, el precio de las mercancías de la carga, las cantidades que ha tomado prestadas, y los nombres y residencias de los prestamistas.

Art. 236. – El capitán que sin necesidad haya tomado dinero sobre el casco, víveres o apresto de la nave, empeñado o vendido mercancías o vituallas, o que en sus cuentas haya hecho figurar averías y gastos supuestos, será responsable a los armadores, y estará personalmente obligado a devolver el dinero, o a pagar los objetos, sin perjuicio de ser perseguido criminalmente, si hay lugar a ello.

Art. 237. – Fuera del caso de imposibilidad de navegar, legalmente comprobada, el capitán no podrá, so pena de nulidad de la venta, vender el buque sin poder especial de los dueños.

Art. 238. – Todo capitán de nave, comprometido para un viaje, está obligado a concluirlo, bajo la pena de toda especie de costas, daños y perjuicios en favor de los propietarios y de los fletadores.

Art. 239.  – El capitán  que  navega  a  la  parte  en  el cargamento, no  podrá hacer ningún tráfico ni comercio por su cuenta particular, si no hubiere convención en contrario.

Art. 240. – En caso de contravención a las disposiciones mencionadas en el artículo precedente, las mercancías embarcadas por el capitán, por su cuenta particular, serán confiscadas con aplicación a los otros interesados.

Art. 241. – El capitán no puede abandonar su buque durante el viaje, por cualquier peligro que sea, sin consejo de los oficiales y principales de la tripulación; y, en ese caso, está obligado a salvar consigo el dinero y lo que pueda de las mercancías más preciosas de su cargamento, so pena de responder de aquel y éstas en su propio nombre.

Si los objetos, así sacados del buque, se perdieren por algún caso fortuito, el capitán quedará libre de toda responsabilidad.

Art. 242. – El capitán está obligado, dentro de las veinticuatro horas después de su llegada, a hacer visar su registro, y a extender relación de viaje.

Esta debe expresar: el lugar y tiempo de su partida, el rumbo que ha traído, los peligros que ha corrido, los desórdenes sucedidos en la nave y todas las circunstancias notables de su viaje.

Art. 243. – La relación de viaje se hace en la secretaría, ante el presidente del tribunal de comercio.

En lugares donde no hubiere tribunal de comercio, la relación se hace al Juez de Paz del distrito.

El Juez de Paz que haya recibido la relación está obligado a enviarla, sin dilación, al presidente del tribunal de comercio más próximo.

En uno y otro caso, se depositará en la Secretaría del tribunal de comercio.

Art. 244. – Si el capitán arriba a un puerto extranjero, está obligado a presentarse al Cónsul de la República, a hacerle relación de viaje, y a sacar un certificado que acredite la época de su llegada y de su partida, y el estado y naturaleza de su cargamento.

Art. 245. – Si durante el curso del viaje se viere el capitán precisado a arribar a algún puerto dominicano, está obligado a manifestar al presidente del tribunal de comercio de dicho lugar, las causas de su arribada.

En los lugares donde no haya tribunal de comercio, la declaración se hace al Juez de Paz del Municipio.

Si la  arribada  forzosa  fuere  a  un  puerto  extranjero,  la  declaración  se hace  al  Cónsul de la República, o a falta de éste a la autoridad del lugar.

Art. 246. – El capitán que ha naufragado y que se ha salvado sólo o con parte de su tripulación, estará obligado a presentarse ante el Juez de Paz del lugar, o a falta de éste, ante cualquiera otra autoridad civil, a hacerle su relación, a hacerla verificar por los de su tripulación que se hayan salvado y se hallen con él, y a recoger una copia.

Art. 247. – Para verificar la relación del capital, el Juez de Paz tomará declaración a las personas de la tripulación, y si es posible, a los pasajeros; sin perjuicio de otras pruebas.

Las relaciones no verificadas, no se admitirán en descargo del capitán, ni hará fe en juicio, excepto el caso en que el capitán náufrago sea el único que haya salvado en el lugar donde ha hecho su relación.

Se reserva a las partes la prueba de los hechos contrarios.

Art. 248. – Fuera de los casos de peligro inminente, el capitán no podrá descargar mercancía alguna, antes de haber hecho su relación, bajo la pena de un procedimiento extraordinario contra él.

Art. 249. – Si durante el viaje faltaren las vituallas de la nave, podrá el capitán, tomando su parecer a los principales de la tripulación, obligar a los que tengan víveres aparte, a entregarlos para todos, con la obligación de pagarle su importe.

Artículos del 250 al 272, derogados por el art. 689 del Código de Trabajo y sustituidos por los arts. 272 al 292 del mismo Código.

Art. 273. – Toda convención de alquiler de una nave, llamada carta-partida o fletamento, debe extenderse por escrito.

Expresará: el nombre y cabida del buque; los nombres del capitán; los nombres del fletante y del fletador; el lugar y tiempo convenidos para la carga y la descarga; el precio del flete; si el fletamento es total o parcial; la indemnización estipulada para casos de retardo.

Art. 274. – Si el tiempo de la carga y de la descarga de la nave no se ha fijado por las convenciones de las partes, se regulará según el uso de los lugares.

Art. 275. – Si la nave se hubiere fletado por mes, y no hay convenio en contrario, el flete correrá desde el día en que la nave debe hacerse a la mar.

Art. 276. – Si antes de la partida del buque hubiere prohibición de comerciar con el país al cual va destinado, las convenciones quedarán disueltas sin daños  ni  perjuicios por una ni otra parte.

El cargador estará obligado a los gastos de la carga y descarga de sus mercancías.

Art. 277. – Si existe una fuerza mayor que no impida sino por cierto tiempo la salida del buque, subsistirán las convenciones y no habrá lugar a daños ni perjuicios por el retardo. También subsistirán, sin que haya lugar a ningún aumento de flete, si la fuerza mayor sobreviene durante el viaje.

Art. 278. – Durante la detención de la nave, el cargador podrá descargar sus mercancías a su costa, bajo la condición de volverlas a cargar, o de indemnizar al capitán.

Art. 279. – En el caso de bloqueo del puerto a que venga destinado el buque, el capitán estará obligado, si no tiene órdenes contrarias, a entrar en alguno de los puertos vecinos de la misma potencia adonde le sea permitido arribar.

Art. 280. – La nave, los aparejos y pertrechos, el flete y las mercancías cargadas, están respectivamente obligados a la ejecución de las convenciones de las partes.

Art. 281. – El conocimiento deberá expresar la naturaleza y cantidad, igualmente que las especies o calidades de los objetos que hayan de transportarse.

Indicará: los nombres del cargador; los nombres y dirección de aquel a quien se hace el envío; el nombre y domicilio del capitán; el nombre y la cabida del buque; el lugar de la partida y el del destino; expresará el precio del flete, señalará al margen las marcas y números de los objetos que deban transportarse.

El conocimiento podrá ser a la orden o al portador, o a persona determinada.

Art. 282. – De cada conocimiento se harán tres ejemplares originales por lo menos; uno para el cargador; otro para aquel a quien se dirigen las mercancías y otro para el capitán.

Los tres originales se firmarán por el cargador y el capitán, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la carga.

El cargador estará obligado a entregar al capitán, en el mismo término, los recibos de las mercancías cargadas.

Art. 283. – El conocimiento extendido en la forma que queda prescrita, hace fe entre todas las partes interesadas en el cargamento, y entre ellas y los aseguradores.

Art. 284. – En caso de diferencia entre los conocimientos de un mismo cargamento, el que se halle en manos del capitán hará fe, si se ha llenado de puño y letra del cargador o de su comisionado; y valdrá el que presente el cargador o el consignatario, si se ha llenado de puño y letra del capitán.

Art. 285. – Todo comisionista o consignatario que haya recibido las mercancías mencionadas en los conocimientos o cartas-partidas, estará obligado a dar recibo de ellas al capitán que lo pida, bajo la pena de toda especie de daños y perjuicios, aún de los de demora.

Art. 286. – El precio de alquiler de una nave u otra embarcación, se llama flete.

Se regula por las convenciones de las artes.

Se comprueba con las cartas-partidas, o con el conocimiento.

Podrá ser de toda la embarcación o de parte de ella, para un viaje redondo, por tiempo limitado, por toneladas, por quintales, por un tanto, o bajo condición resolutoria, con expresión de la cabida del buque.

Art. 287. – Si la embarcación se fletare por entero, y el fletador no carga todo lo que puede llevar, el capitán no podrá tomar otras mercancías sin consentimiento del fletador.

El fletador es dueño del flete de las mercancías con que se complete la carta de la nave que ha fletado por entero.

Art. 288. – El fletador que no ha cargado la cantidad de mercancías expresada en la carta -partida, está obligado a pagar el flete entero, y por todo el cargamento a que se ha obligado.

Si carga más, pagará el flete del exceso sobre el precio expresado en la carta- partida.

Pero si el fletador desbarata el viaje antes de la partida del buque, sin haber cargado nada, pagará por indemnización al capitán la mitad del flete estipulado en la carta-partida por la totalidad del cargamento que debía hacer.

Si la nave ha recibido una parte del cargamento, y se hace a la mar con carga incompleta, se deberá el flete entero al capitán.

Art. 289. – El capitán que hubiere manifestado tener el buque mayor cabida que la que tiene, está obligado a resarcir los daños y perjuicios al fletador.

Art. 290. – No se reputa haber error en la declaración de la cabida de un buque, si el error no excede de una cuadragésima parte o si la declaración es conforme al certificado de arqueo.

Art. 291. – Si la nave se carga bajo condición resolutoria, sea por quintales, por toneladas, o por un tanto, el cargador podrá sacar sus mercancías antes de la partida del buque, pagando medio fletes.

El cargador costeará los gastos de carga y también los de descarga y de recarga de las otras mercancías que haya que transponer, y los gastos de la demora.

Art. 292. – El capitán puede hacer sacar a tierra, en el lugar del cargamento, las mercancías halladas en su nave si no le han sido declaradas, o exigir el flete de ellas a precio más alto que se pague en el mismo lugar por las mercancías de la misma clase.

Art. 293. – El cargador que sacare sus mercancías durante el viaje, estará obligado a pagar el flete entero, y todos los gastos de desestiva y estiva ocasionados de la descarga; si las mercancías se sacaren por causa de los hechos o por las faltas del capitán, éste será responsable de todos los gastos.

Art. 294. – Si la nave fuere detenida al partir, durante el viaje, o en el lugar de su descarga, por hechos del fletador, los gastos de la demora serán pagados por el fletador.

Si la nave se hubiere fletado para un viaje redondo, y a vuelta viene sin carga, o con carga incompleta, se pagará al capitán el flete entero y los perjuicios de la demora.

Art. 295. – El capitán está obligado al fletador por daños y perjuicios, si por causa suya la nave ha sido detenida o retardada a su partida, durante el viaje, o en el lugar de la descarga.

Esos daños y perjuicios se fijarán por peritos.

Art. 296. – Si el capitán se ve precisado a reparar su buque durante el viaje, el fletador estará obligado a esperar, o a pagar el flete por entero.

En el caso de que el buque no pueda ser reparado, el capitán estará obligado a fletar otro.

Si el capitán no pudiere fletar otro buque, el flete no se deberá sino en proporción de lo avanzado del viaje.

Art. 297. – El capitán perderá su flete, y responderá de los daños y perjuicios a favor del fletador, si éste prueba que cuando la nave se hizo a la mar no estaba en estado de navegar.

Esta prueba es admisible, no obstante y contra los certificados de visita al tiempo de la partida.

Art. 298. – Se deberá el flete por las mercancías que el capitán se haya visto precisado a vender para comprar vituallas, o para reparaciones y otras necesidades urgentes del buque, llevando cuenta de su valor al precio que las demás u otras mercancías de la misma calidad se vendan en el lugar de la descarga, si la nave llega a buen puerto.

Si la nave se pierde, el capitán pondrá en cuenta las mercancías al precio a que las haya vendido, reteniendo igualmente el flete expresado en los conocimientos.

Salvo, en estos dos casos, el derecho reservado a los propietarios de la nave por el párrafo 2o. del art. 216.

Cuando del ejercicio de ese derecho resulte una pérdida para aquellos cuyas mercancías hayan sido vendidas o dadas en prenda, la pérdida se repartirá a prorrata, sobre el valor de esas mercancías y de todas aquellas que hayan llegado a su destino o que hayan sido salvadas del naufragio posteriormente a los acontecimientos de mar que han hecho necesaria la venta o la entrega en prenda.

Art. 299. – Si sobreviniere prohibición de comerciar con el país para donde navega el buque, y tuviere que regresar con la carga, no se deberá al capitán sino el flete de la ida, aunque se haya fletado para un viaje redondo.

Art. 300. – Si el buque fuere embargado en el curso de su viaje por orden de una potencia, no se deberá ningún flete por el tiempo de la detención, si ha sido fletado por mes; ni aumento de flete si ha sido fletado por viaje.

Los alimentos y salarios de la tripulación, durante la detención del buque, deben reputarse averías.

Art. 301. – Al capitán debe pagársele el flete de las mercancías arrojadas al mar por el salvamento común, con gravamen de contribución.

Art. 302. – No se deberá ningún flete por las mercancías perdidas por naufragio o encalladura, robadas por piratas, o apresadas por enemigos.

El capitán estará obligado a restituir el flete que se le hubiere anticipado, a no  haber convención en contrario.

Art. 303. – Si la nave y las mercancías son rescatadas, o si las mercancías son salvadas del naufragio, se le pagará al capitán el flete que corresponda hasta el lugar del apresamiento o del naufragio.

Se le pagaré el flete entero contribuyendo al rescate, si condujere las mercancías al lugar de su destino.

Art. 304. – La contribución para el rescate se hará sobre el precio corriente de las mercancías en el lugar de la descarga, deducidos los gastos, y sobre la mitad de la nave y del flete.

No entrarán a contribución los salarios de los marineros.

Art. 305. – Si el consignatario rehusare recibir las mercancías, podrá el capitán, acudiendo a la autoridad de la justicia, hacer vender las necesarias para el pago de su flete y hacer depositar las sobrantes. Si son insuficientes, le queda el recurso contra el cargador.

Art. 306. – El capitán no podrá retener las mercancías a bordo de su nave, por falta de pago de flete. Podrá, al acto de la descarga, pedir su depósito en terceras manos, hasta que se le pague el flete.

Art. 307. – El capitán será preferido por su flete, sobre las mercancías de su cargamento, durante quince días después de su entrega, si no han pasado a terceras manos.

Art. 308. – En el caso de quiebra de los cargadores o reclamantes antes de haber expirado los quince días, el capitán tendrá privilegio sobre todos los acreedores para el pago de su flete y de las averías que se le deban.

Art. 309. – En ningún caso podrá el cargador pedir disminución del precio del flete.

Art. 310. – El cargador no podrá abandonar por el flete las mercancías que hayan perdido de su valor, o deteriorándose por vicio propio de ellas, o por caso fortuito.

Sin embargo, si hay vasijas de vino, aceite, miel y otros líquidos, que se hayan salido hasta el punto de quedar vacías o casi vacías, podrán ser abandonadas por el flete.

Art.  311.  –  El  contrato  a  la  gruesa  se  otorgará  por  ante  notario,  o  bajo firma  privada.

Expresará: el capital prestado, y la suma convenida por el beneficio marítimo; los objetos que responden del préstamo; los nombres de la nave y del capitán; los del prestamista y del tomador del préstamo si el préstamo es para un viaje; para qué viajar y por cuánto tiempo; y la época del reembolso.

Art. 312. – Todo prestamista a la gruesa, en la República, estará obligado a hacer registrar su contrato en la secretaría del tribunal de comercio, en los diez días de la fecha, so pena de perder su privilegio; y si el contrato se hace en país extranjero, estará sujeto a las formalidades prescritas en el art. 234.

Art. 313. – Todo contrato de préstamo a la gruesa podrá negociarse por endoso, si estuviere a la orden.

En este caso, la negociación de ese documento tendrá los mismos efectos y producirá las mismas acciones de responsabilidad, que la de los demás valores de comercio.

Art. 314. – La garantía de pago no se extiende al beneficio marítimo, a no ser que se haya estipulado expresamente lo contrario.

Art. 315. – Los préstamos a la gruesa podrán afianzarse: con el casco y quilla del buque, con los aparejos y pertrechos, con el armamento y las vituallas, con el cargamento, con todos estos objetos juntos, o con una parte determinada de cada uno.

Art. 316. – Todo préstamo a la gruesa, hecho por una cantidad mayor que el valor de los objetos sobre los cuales pese, puede ser declarado nulo, a petición del prestamista, si se prueba haber habido fraude de parte del tomador.

Art. 317. – Si no hubiere fraude, el contrato será válido hasta una cantidad igual a la de los objetos afectos al préstamo, conforme a la estimación que de ellos se haya hecho o estipulado.

El exceso de la cantidad prestada se devolverá, con los intereses, computados por el curso de la plaza.

Art. 318. – Todo préstamo sobre el flete no devengado del buque, y sobre las utilidades que se esperan de las mercancías, está prohibido.

En este caso, el prestamista no tendrá derecho sino al reembolso del capital, sin interés alguno.

Art. 319. – No podrá hacerse ningún préstamo a la gruesa a los marineros o gentes de mar sobre sus salarios o viaje.

Art. 320. – La nave, aparejos y pertrechos, armamento y vituallas, y aún el flete vencido, están afectos, por privilegio, al capital e intereses del dinero dado a la gruesa sobre el casco y quilla del buque.

El cargamento está igualmente afecto al capital e intereses del dinero dado a la gruesa sobre el cargamento.

Si el préstamo se ha hecho sobre un objeto particular del buque o del cargamento, el privilegio no tiene lugar sino sobre ese objeto y sólo en proporción de la cuota afecta al préstamo.

Art. 321. – Un préstamo a la gruesa hecho por el capitán en el lugar de la morada de los dueños de la nave, sin su autorización auténtica o su intervención en el contrato, no producirá acción ni privilegio, sino sobre la parte que el capitán pueda tener en el buque y en el flete.

Art. 322. – Estarán afectas, aún en el lugar de la morada de los interesados, a las sumas prestadas para reparaciones y vituallas, las partes y porciones de los propietarios que ya hubieren contribuido con lo contingente para poner la nave servible, dentro de las veinticuatro horas de habérselas requerido al efecto.

Art. 323. – Los préstamos hechos para el último viaje del buque, se pagarán con preferencia a las sumas prestadas para un viaje anterior, aún cuando se hubiese declarado que éstas se dejaban para continuación o renovación.

Las sumas tomadas a préstamo durante el viaje, se preferirán a las tomadas antes de la partida de la nave; y si se hicieren muchos préstamos durante el mismo viaje, el último préstamo siempre será preferido al que lo precede.

Art. 324. – El prestamista a la gruesa sobre mercancías cargadas en una nave designada en el contrato, no sufrirá la pérdida de las mercancías, aunque sea por aventura de mar, si han sido cargadas en otra embarcación, a no ser que se pruebe legalmente que este trasbordo se ha hecho por fuerza mayor.

Art. 325. – Si se pierden por completo los efectos sobre que se ha hecho el préstamo a la gruesa, y la pérdida acontece por caso fortuito, dentro del tiempo y en el lugar de los riesgos, no podrá reclamarse la cantidad prestada.

Art. 326. – Los desperdicios, disminuciones y pérdidas que sucedieren por vicio propio de la cosa, y los daños causados por hechos del tomador del préstamo, no los debe sufrir el prestamista.

Art. 327. – En caso de naufragio, el pago de las cantidades prestadas a la gruesa, se reducirá al valor de los efectos salvados y afectos al contrato, previa deducción de los gastos de salvamento.

Art. 328. – Si el tiempo de los riesgos no se ha determinado en el contrato, correrá, respecto del buque, aparejos, pertrechos, armamentos y vituallas, desde el día en que la nave se hubiere hecho a la mar, hasta el día en que se eche el ancla o sea amarrada en el puerto o lugar de su destino.

Respecto de las mercancías, el tiempo de los riesgos correrá desde el día en que hayan sido cargadas en el buque, o en las lanchas para conducirlas a bordo, hasta el día en que sean entregadas en tierra.

Art. 329. – El que toma prestado a la gruesa sobre mercancías, no quedará libre por la pérdida de la embarcación y del cargamento, si no justifica que había en ellos, por su cuenta, efectos de un valor igual a la suma prestada.

Art. 330. – Los prestamistas a la gruesa contribuirán a las averías comunes, en descargo de los tomadores del préstamo.

Las averías simples las sufrirán también los prestamistas, si no hay pacto en contrario.

Art. 331. – Si hubiere contrato a la gruesa y de seguro sobre un mismo buque o un mismo cargamento, el producto de los objetos salvados del naufragio se dividirá entre el prestamista a la gruesa, por su capital solamente, y el asegurador por las sumas aseguradas, a prorrata de su interés respectivo, sin perjuicio de los privilegios establecidos en el art. 191.

SECCIÓN 1a.

Del Contrato de seguros, su forma y objeto

Art. 332. – El contrato de seguro se extenderá por escrito, tendrá la fecha del día en que se haya firmado; se expresará en él si ha sido hecho antes o después del medio día; puede hacerse bajo firma privada; no puede contener ningún blanco; expresará los nombres y domicilio de aquel que hace asegurar, y su calidad de propietario o de comisionista; el nombre y la designación del buque; los nombres del capitán; el lugar donde las mercancías se hayan cargado o deban cargarse, el puerto de donde ese buque haya debido o deba partir; los puertos o radas donde deba cargar o descargar; aquellos en que deba entrar; la naturaleza, valor o estimación de las mercancías u objetos que se aseguran; las épocas en que los riesgos deban empezar y terminar; la cantidad asegurada; la prima o el costo del seguro; la sujeción de las partes al juicio de árbitros, en caso de contestación, si así se hubiere estipulado; y generalmente, todas las demás condiciones en que las partes hayan convenido.

Art. 333. – Una misma póliza podrá contener muchos seguros, ya en razón de las mercancías, ya en razón de la tasa de la prima, ya en razón de diferentes aseguradores.

Art. 334. – El seguro puede tener por objeto: el casco y quilla de la embarcación; vacía o cargada; armada o no armada, sola o acompañada; los aparejos y pertrechos; los armamentos; las vituallas; las sumas prestadas a la gruesa; las mercancías del cargamento; y cualesquiera otras cosas o valores estimables en dinero, sujetos a los riesgos de la navegación.

Art. 335. – Puede asegurarse el todo o una parte de dichos objetos, conjunta o separadamente; puede hacerse el seguro en tiempo de paz o en tiempo de guerra; antes del viaje o durante el viaje de la nave; puede hacerse para la ida y la vuelta, o para una de las dos solamente; para el viaje entero o por tiempo limitado; para todo viaje y conducción por mar, ríos o canales navegables.

Art. 336. – En caso de fraude en la estimación de los efectos asegurados, o en caso de suposición o de falsificación, el asegurado podrá hacer que se proceda a la verificación y estimación de los efectos, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones civiles o criminales.

Art. 337. – Los cargamentos hechos en el extranjero para la República, podrán asegurarse en cualquier embarcación que se verifiquen, sin designación de la nave ni del capitán.

Las mercancías mismas podrán en este caso asegurarse sin expresar su naturaleza ni especie.

Pero la póliza deberá indicar la persona a quien se haga o deba ser consignada la expedición, si no hay convención en contrario en la póliza del seguro.

Art. 338. – Cualquier objeto cuyo precio se estipule en el contrato en moneda extranjera, se calculará por el que ésta tenga en la República, conforme al curso en la época de firmarse la póliza.

Art. 339. – Si el valor de las mercancías no se ha fijado en el contrato, podrá justificarse con las facturas o con los libros y a falta de éstos, la estimación se hará según el precio corriente, al tiempo y en el lugar de la carga, comprendidos en ella todos los derechos pagados y los gastos hechos hasta ponerlos a bordo.

Art. 340. – Si el seguro se hiciere sobre el retorno de un país donde el comercio no se hace sino por permutas, y no se hubiere hecho en la póliza la estimación de las mercancías, se calculará por el valor de las que se hayan dado en cambio, añadiendo los gastos de conducción.

Art. 341. – Si en el contrato de seguro no se señala el tiempo de los riesgos, éstos comenzarán y acabarán en el tiempo prescrito por el art. 328 para los contrato y a la gruesa.

Art. 342. – El asegurado puede hacer reasegurar por otros los efectos que él ha asegurado.

El asegurado puede hacer asegurar el costo del seguro.

La prima del segundo seguro puede ser menor o mayor que la del seguro.

Art. 343. – El aumento de prima que haya sido estipulado en el tiempo de paz para tiempo de guerra que pueda sobrevenir, y cuya cuantía no se haya fijado por los contratos de seguro, se regulará por los tribunales, teniendo en consideración los riesgos, circunstancias y estipulaciones de cada póliza de seguro.

Art. 344. – En caso de pérdida de las mercancías aseguradas y cargadas por cuenta del capitán en el buque que manda, el capitán estará obligado a justificar a los aseguradores la compra de las mercancías, y a dar un conocimiento de ellas firmado por dos de los principales de la tripulación.

Art. 345. – Todo individuo de la tripulación y todo pasajero que traigan de países extranjeros, mercancías aseguradas en la República, estarán obligados a dejar un conocimiento de ellas en los lugares donde el cargamento se efectúa, en manos del Cónsul de la República, y a falta de éste en manos de un dominicano, comerciante notable, o de magistrado del lugar.

Art. 346. – Si el asegurador quebrare cuando todavía no se ha acabado el riesgo,el asegurado podrá pedir fianza, o la rescisión del contrato.

El asegurador tendrá el mismo derecho, en caso de quiebra, del asegurado.

Art. 347. – El contrato de seguro es nulo, si tuviere por objeto, el flete de las mercancías existentes a bordo de la nave; la utilidad que se espera de las mercancías; los salarios de la gente de mar; las sumas tomadas en préstamo a la gruesa; las utilidades marítimas de las sumas prestadas a la gruesa.

Art. 348. -20 Toda reticencia, toda falsa declaración de parte del asegurado, toda discrepancia entre el contrato de seguro y el conocimiento que atenúen el juicio sobre el riesgo, o varíen su objeto, anulan el seguro.

El seguro será nulo, aun en el caso de que la reticencia, la falsa declaración o la discrepancia no hayan influido en el daño o en la pérdida del objeto asegurado.

SECCIÓN 2a.

De las obligaciones del asegurador y del asegurado

Art. 349. – Si el viaje se desbarata antes de  la partida del buque, aun por causa  del   asegurado,   se   anula   el   aseguro;   el   asegurador   recibirá, a    título   de indemnización, medio por ciento de la cantidad asegurada.

Art. 350. – Corren por cuenta de los aseguradores todas las pérdidas y daños que sucedan a los efectos asegurados, por tempestad, naufragio, encalladura, abordaje fortuito, cambios forzosos de rumbo, de viaje o de embarcación, por echazón, fuego, apresamiento, piratería, embargo por orden de una potencia, declaración de guerra, represalias, y generalmente por cualesquiera otras aventuras de mar.

Art. 351. – Ningún cambio de rumbo, de viaje o de embarcación, ni ninguna especie de pérdidas, ni daños provenientes del hecho del asegurado, son a cargo del asegurador; y aun debe dársele la prima del seguro, si ha comenzado a correr los riesgos.

Art. 352. – Los desperdicios, disminuciones y pérdidas que sucedieran por vicio propio de la cosa, y los daños causados por hechos y faltas de los propietarios, fletadores o cargadores, no son a cargo de los aseguradores.

Art. 353. – El asegurador no será responsable de las prevaricaciones ni faltas del capitán ni de la tripulación, conocidas con el nombre de “baratería de patrón” si no hay estipulación en contrario.

Art. 354. – El asegurador no estará obligado al pilotaje, remolque, ni practicaje ni a ninguna clase de derechos impuestos sobre la embarcación o sobre las mercancías.

Art. 355. – Se designarán en la póliza las mercancías sujetas por su naturaleza a una deterioración particular o disminución, como granos, harinas, sales y azúcares o mercaderías susceptibles de caladura; de otro modo, los aseguradores no responderán de los daños ni pérdidas que puedan sufrir esos mismos géneros, a no ser que el asegurado ignorase la naturaleza del cargamento al tiempo de firmarse la póliza.

Art. 356. – Si el seguro tiene por objeto mercancías a la ida y a la vuelta, si habiendo llegado el buque al primer destino, no toma cargamento de retorno, o si el cargamento de retorno no está completo, el asegurador recibirá solamente las dos terceras partes proporcionales de la prima convenida, si no hay estipulación en contrario.

Art. 357. – Un contrato de seguro, o de segundo seguro, hecho por una cantidad mayor que el valor de los efectos cargados, es nulo solamente respecto del asegurado, si se prueba que ha habido dolo o fraude de su parte.

Art. 358. – Si no hay dolo ni fraude, el contrato es válido hasta igualar el valor de los efectos cargados, conforme a la estimación que se haya hecho o pactado.

En caso de pérdidas, los aseguradores están obligados a sufrirlas, cada uno en proporción de la cantidad que hubiere asegurado.

No  recibirán  la  prima  correspondiente  a  este  exceso  de  importe,  sino  solo una  indemnización de medio por ciento.

Art. 359. – Si existieren muchos contratos de seguro, hechos sin fraude sobre un mismo cargamento, y el primer contrato asegurare el valor íntegro de los efectos cargados, éste es el único que subsistirá.

Los aseguradores que firmaron los contratos posteriores quedarán quitos; sólo recibirán un medio por ciento de la cantidad asegurada.

Si por el primer contrato no se asegura el valor íntegro de los efectos cargados, los aseguradores que firmaron los contratos subsiguientes responderán del exceso, siguiendo el orden de las fechas de sus contratos.

Art. 360. – Si hubiere efectos cargados por el importe de las sumas aseguradas, en caso de pérdida de una parte de aquellos, ésta se pagará entre todos los aseguradores a prorrata de su interés.

Art. 361. – Si el seguro se verifica separadamente de las mercancías que deben cargarse en varios buques designados, con expresión de la cantidad asegurada en cada uno, y si todo el cargamento se embarca en un solo buque, o en un número menor de buques que el designado en el contrato, el asegurador no estará obligado sino a la cantidad que ha asegurado en el buque o buques que han recibido el cargamento, no obstante la pérdida de todos los buques designados; y recibirá, sin embargo, un medio por ciento de las sumas cuyos seguros quedan anulados.

Art. 362. – Si el capitán tuviere la facultad de entrar en diferentes puertos a completar o cambiar su cargamento, el asegurador no correrá los riesgos de los efectos asegurados, sino cuando estén a bordo, si no hubiere convención en contrario.

Art. 363. – Si el seguro se hiciere por un tiempo limitado, el asegurador quedará quito después de expirado dicho tiempo, y el asegurado podrá hacer asegurar los nuevos riesgos.

Art. 364. – El asegurador quedará descargado de los riesgos, y le pertenecerá la prima del seguro, si el asegurado envía el buque a un lugar más lejano que el designado en el contrato, aunque esté en la misma derrota.

El seguro tendrá efecto, si el viaje se acortare.

Art. 365. – Todo seguro hecho después de la pérdida o del arribo de los objetos asegurados será nulo, si existiere presunción de que antes de firmarse el contrato el asegurado pudo informarse de la pérdida, o el asegurador del arribo de los objetos asegurados.

Art. 366. – La presunción existe si, contando una legua por hora, sin perjuicio de otras pruebas, aparece que desde el sitio del arribo o de la pérdida de la nave, o desde el lugar adonde llegó la primera noticia, ésta ha podido transmitirse al lugar donde se celebró el contrato de seguro, antes de firmarse el contrato.

Art. 367. – Sin embargo, si el seguro le hubiere hecho en virtud de buenas o malas noticias, la presunción expresada en los artículos precedentes no es ya admisible.

No se anulará el contrato, sino probándose que el asegurado sabía la pérdida, o el asegurador el arribo de la nave, antes de firmarse el contrato.

Art. 368. – En caso de prueba contra el asegurado, este pagará al asegurador una doble prima.

En caso de prueba contra el asegurador, este pagará al asegurado una cantidad doble de la prima estipulada.

Cualquiera de ellos contra quien se haga la prueba, será perseguido correccionalmente.

SECCIÓN 3a.

Del abandono

Art. 369. – El abandono de los efectos asegurados podrá hacerse: en caso de apresamiento, de naufragio, de encalladura con fractura, de imposibilidad de navegar por aventura de mar, en caso de embargo hecho por una potencia extranjera, en caso de pérdidas o deterioración de los efectos asegurados, si la deterioración o la pérdida consisten a lo menos en las tres cuartas partes.

Podrá hacerse también el abandono en caso de detención por parte del Gobierno, después de comenzado el viaje.

Art. 370. – No puede hacerse antes de comenzado el viaje.

Art. 371. – Cualesquiera otros daños se reputarán averías, y se regularán, entre los aseguradores y los asegurados, en proporción de su interés.

Art. 3 72. – El abandono de los efectos asegurados no podrá ser parcial ni condicional.

No se extenderá sino a los efectos que son el objeto del seguro y del riesgo.

Art. 373. – El abandono deberá hacerse a los aseguradores en el término de ocho meses, que se contarán desde el día en que se reciba la noticia de la pérdida acontecida en cualquier punto o parte del mundo; o bien, en caso de apresamiento, desde que se reciba la noticia de haber sido conducido el buque a cualquier puerto o lugar.

Transcurrido este término, los aseguradores no tendrán ya derecho a hacer abandono.

Art. 374. – En el caso en que pueda hacerse el abandono, y en los de cualesquiera otros accidentes que corran por cuenta de los aseguradores, el asegurado deberá hacer saber al asegurador los avisos que haya recibido.

Esta notificación deberá hacerse dentro de los tres días posteriores al recibo del aviso.

Art. 375. – Si expirados seis meses, contaderos desde el día de la partida del buque o desde el día a que se refieran las últimas noticias recibidas, respecto de los viajes ordinarios; y pasado un año respecto de los viajes de larga travesía, el asegurado declarare no haber recibido noticia alguna de su buque, podrá hacer el abandono al asegurador y pedir el pago del seguro, sin que sea menester la comprobación de la pérdida.

 

Expirados los seis meses, o el año, el asegurado tendrá, para intentar sus acciones, el término establecido por el art. 373.

Art. 376. – En el caso de un seguro por tiempo limitado, pasados los términos arriba establecidos respecto de los viajes ordinarios y de los viajes de larga travesía, la pérdida del buque se presume acaecida en el término del seguro.

Art. 377. – Se reputarán viajes de larga travesía, los que se hicieren más allá de los países comprendidos en el seno Mejicano, las costas de Florida, las Bahamas y el mar de Las Antillas.

Art. 378. – El asegurado podrá, en virtud de la notificación mencionada en el art. 374, o hacer el abandono, intimando al asegurador le pague la cantidad asegurada en el término fijado por el contrato, o reservarse hacer el abandono en los términos fijados por la Ley.

Art. 379. – El asegurado está obligado, al hacer el abandono, a declarar todos los seguros que ha hecho por sí mismo o por otro a su nombre, aun los que haya ordenado, y el dinero que ha tomado a la gruesa, sea sobre la nave, sea sobre las mercancías; por falta de lo cual, el término del pago, que debe comenzar a correr desde el día de abandono, se suspenderá hasta el día en que haga notificar la dicha declaración, sin que de ello resulte ninguna prórroga del término establecido para formalizar la acción de abandono.

Art. 380. – En caso de declaración fraudulenta, el asegurado quedará privado de los efectos del seguro; y estará obligado a pagar las sumas que ha tomado prestadas, no obstante la pérdida o el apresamiento del buque.

Art. 381. – En caso de naufragio o encalladura con fractura, el asegurado debe trabajar, sin perjuicio de abandono, en su tiempo y lugar correspondientes, en el recobro de los efectos perdidos.

Conforme a su declaración se le abonarán los gastos de recobro, hasta donde alcance el valor de los efectos recobrados.

Art. 382. – Si la época del pago no se ha fijado en el contrato, el asegurador estará obligado a pagar el seguro tres meses después de la notificación del abandono.

Art. 383. – Los documentos justificativos del cargamento y de la pérdida serán notificados al asegurador, antes que pueda reclamarse de él judicialmente el pago de las cantidades aseguradas.

Art. 384. – Se admitirá al asegurador la prueba de los hechos contrarios a los que consten de las atestaciones.

La admisión de esta prueba no suspenderá la condenación del asegurador al pago provisional de la cantidad asegurada, pero el asegurado tendrá que dar fianza. La obligación de fianza se extinguirá pasados cuatro años, si no hubiere habido demanda.

Art. 385. – Notificado y aceptado, o juzgado válido el abandono, los efectos asegurados pertenecerán al asegurador desde la época del abandono.

El asegurador no podrá, bajo el pretexto de regreso de la nave, dejar de pagar la cantidad asegurada.

Art. 386. – El flete de las mercancías salvadas hace parte del abandono de la nave, aun cuando se haya pagado de antemano, y pertenece igualmente al asegurador, sin perjuicio de los derechos de los prestamistas a la gruesa, de los derechos de los marineros por sus salarios; y de los gastos y desembolsos hechos durante el viaje.

Art. 387. – En caso de embargo por parte de alguna potencia, el asegurado está obligado a hacer la antes dicha notificación al asegurador dentro de los tres días siguientes al recibo de la noticia.

El abandono de los efectos embargados no puede hacerse sino ocho meses después de la notificación.

En el caso de que las mercancías embargadas sean poco durables, el término arriba mencionado se reducirá a dos meses en el primer caso y a tres en el segundo.

Art. 388. – Durante el término expresado en el artículo anterior, los asegurados estarán obligados a hacer todas las diligencias que de ellos dependan, con el objeto de conseguir el desembargo de los efectos embargados.

Los aseguradores podrán por su parte, o de concierto con los asegurados, o separadamente, dar cualesquiera pasos con el mismo objeto.

Art. 389. – El abandono a título de imposibilidad de navegar, no podrá hacerse si la nave encallada puede ser rehabilitada, reparada y puesta en estado de continuar su viaje para el lugar de su destino.

En este caso, el asegurado conserva sus recursos contra los aseguradores, por los gastos y averías ocasionados por la encalladura.

Art. 390. – Si la nave ha sido declarada inservible para navegar, el asegurado, por su cargamento, estará obligado a notificarlo en el término de tres días después de recibida la noticia.

Art. 391. – El capitán está obligado, en este caso, a hacer todas las diligencias posibles para procurarse otra embarcación en que conducir las mercancías al lugar de su destino.

Art. 392. – El asegurador corre los riesgos de las mercancías cargadas en otra embarcación, en el caso previsto por el artículo precedente, hasta su llegada y su descarga.

Art. 393. – El asegurador está obligado, además, a las averías, gastos de descarga, almacenaje, reembarque, exceso de flete, y a cualesquiera otros gastos que se hayan hecho para salvar las mercancías, hasta la concurrencia de la suma asegurada.

Art. 394. – Si en el término señalado por el art. 387, el capitán no hubiere podido hallar nave para recargar las mercancías y conducirlas al lugar de su destino, el asegurado podrá hacer abandono de ellas.

Art. 395. – En caso de apresamiento, si el asegurado no hubiere podido notificarlo al asegurador, podrá rescatar los efectos sin esperar su orden.

El asegurado está obligado a notificar al asegurador el ajuste que hubiere hecho, tan luego como tenga medios de hacerlo.

Art. 396. – El asegurador tiene opción a tomar el ajuste por su cuenta, o a renunciarlo; y está obligado a notificar su elección al asegurado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del ajuste.

Si declara tomar el ajuste en provecho suyo, está obligado a contribuir, sin dilación, al pago del rescate en los términos del trato, y en proporción de su interés; y continuará corriendo los riesgos del viaje, conforme al contrato de seguro.

Si declara renunciar al provecho del ajuste, estará obligado al pago de la suma asegurada, sin poder pretender nada de los efectos rescatados.

Cuando el asegurador no ha notificado su elección en el término dicho, se considera que ha renunciado al provecho del ajuste.

Art. 397. – Cualesquiera desembolsos extraordinarios hechos para la nave y las mercancías, conjunta o separadamente; cualquier daño que suceda a la nave y a las mercancías, desde su carga y partida hasta su regreso y descarga, se reputan averías.

Art. 398. – A falta de convenios especiales entre todas las partes, las averías se regularán conforme a las disposiciones siguientes.

Art. 399. – Las averías son de dos clases: averías gruesas o comunes, y averías simples o particulares.

Art. 400. – Son averías comunes:

1o.  las  cosas  dadas  por  ajuste  y  a  título  de  rescate  de  la  nave  y de  las mercancías;

2o. las arrojadas al mar;

3o. los cables o mástiles rotos o cortados;

4o. las anclas y demás efectos abandonados para el salvamento común;

5o. los daños ocasionados por la echazón a las mercancías que quedan en la nave;

6o. la curación y alimento de los marineros heridos defendiendo la nave; los salarios y alimento de los marineros durante el embargo, cuando el buque es detenido en viaje por orden de alguna potencia, y durante las reparaciones de los daños voluntariamente sufridos para el salvamento común, si la nave ha sido fletada al mes;

7o. los gastos de descarga para alijar la nave y entrar en el abra o en un río, cuando la nave se vea precisada a hacerlo por tempestad o por persecución de enemigos;

8o. los gastos hechos para poner nuevamente a flote la nave encallada, con el designio de evitar la pérdida total o el apresamiento; y en general los daños sufridos voluntariamente, y los desembolsos hechos conforme a acuerdos motivados, en beneficio y para el salvamento común del buque y de las mercancías, desde su carga y partida hasta su regreso y descarga.

Art. 401. – Las averías comunes las deberán sufrir las mercancías y la mitad de la embarcación y del flete, a prorrata del valor.

Art. 402. – El precio de las mercancías se establecerá por su valor en el lugar de la descarga.

Art. 403. – Son averías particulares:

1o.     el   daño   sucedido   a   las   mercancías    por   vicio   propio,   por tempestad, apresamiento, naufragio o encalladura;

2o. los gastos hechos para salvarlas;

3o. la pérdida de los cables, anclas, velas, mástiles y cordajes, causada por tempestad u otro accidente de mar; los desembolsos que resulten de cualesquiera arribadas ocasionadas, sea por la pérdida fortuita de dichos objetos, sea por la necesidad de abastecimiento, sea por alguna vía de agua que haya que reparar;

4o. la manutención y salarios de los marineros durante el embargo, cuando la nave es detenida en viaje por orden de una potencia, y durante las reparaciones que haya que hacer en ella, si la nave está fletada por viaje;

5o. la manutención y salarios de los marineros durante la cuarentena, ya la nave esté fletada por viaje, ya al mes, y en general, los desembolsos hechos y el daño sufrido en beneficio de la sola nave, o de las solas mercancías, desde su carga y partida hasta su regreso y descarga.

Art. 404. – Las averías particulares habrá de sufrirlas y pagarlas el dueño de la cosa que haya experimentado el daño u ocasionado el desembolso.

Art. 405. – Los daños sucedidos a las mercancías por falta del capitán en no haber cerrado bien las escotillas, amarrado el buque, provístole de buenos guindastes, y por cualesquiera otros accidentes provenientes de la negligencia del capitán o de la tripulación, son igualmente averías particulares, que sufrirá el dueño de las mercancías; pero quedándole su recurso por ellas contra el capitán, la nave y el flete.

Art. 406. – Los practicajes, remolques y pilotajes para entrar en las radas, o para salir de ellas; y los derechos de licencias, visitas, manifiestos, toneladas, valizas, anclajes, y otros derechos de navegación o puerto, no son averías, sino sólo simples gastos a cargo de la nave.

Art. 407. – En caso de abordaje de buques, si el suceso hubiere sido puramente fortuito, el daño será sufrido, sin derecho a repetición, por la nave que le ha experimentado.

Si el abordaje hubiere sucedido por falta de algunos de los capitanes, el daño será pagado por aquel que lo haya causado.

Si hubiere dudas en las causas del abordaje, el daño será sufrido a expensas comunes, y en proporciones iguales por las naves que le hayan causado y sufrido.

En estos dos últimos casos, la estimación del daño se hará por peritos.

Art. 508. – No habrá lugar a demanda de averías, si la avería común no excediere de uno por ciento del valor reunido de la nave y de las mercancías, y si la avería particular no excediere tampoco de uno por ciento del valor de la cosa averiada.

Art. 409. – La cláusula “libre de averías”, liberta a los aseguradores de toda especie de averías, sean comunes, sean particulares, excepto en los casos en que haya lugar al abandono; y, en esos casos, los asegurados tendrán opción entre el abandono y el ejercicio de la acción de avería.

Art. 410. – Si por tempestad o por caza de enemigos, el capitán se creyere obligado, para salvar la nave, a echar al mar una parte del cargamento, a cortar los mástiles o abandonar las anclas, pedirá su dictamen a los interesados en el cargamento que se hallen en el buque, y a los principales en la tripulación.

Si hubiere diversidad de dictámenes se seguirá el del capitán y de los principales de la tripulación.

Art. 411. – Las cosas menos necesarias, las más pesadas y de menor precio, se echarán las primeras; y enseguida las mercancías del primer puente, a elección del capitán y con dictamen de los principales de la tripulación.

Art. 412. – El capitán está obligado a extender por escrito el acuerdo, tan luego como tenga medios de hacerlo.

El acuerdo expresará: los motivos de haberse resuelto la echazón; los efectos echados o dañados; contendrá la firma de los deliberantes, o los motivos de su negativa a firmar; se copiará en el registro de abordo.

Art. 413. – En el primer puerto a que arribe la nave, el capitán estará obligado, dentro de las veinticuatro horas de su arribo, a afirmar los hechos contenidos en el acuerdo transcrito en el registro.

Art. 414. – El estado de las pérdidas y daños se hará en el lugar de la descarga de la nave, a instancia del capitán y por peritos.

Los peritos serán nombrados por el tribunal de comercio, si la descarga se hace en un puerto dominicano.

En los lugares en que no haya tribunal de comercio, los expertos serán nombrados por el Juez de Paz.

Si la descarga se hace en un puerto extranjero, los nombrará el cónsul dominicano, y si falta éste, el magistrado del lugar.

Los peritos prestarán juramento antes de comenzar la operación.

 

Art. 415. – Las mercancías arrojadas se estimarán según el precio corriente en el  lugar   de   descarga;   su   calidad   se   comprobará   con   la   exhibición de los conocimientos y de las facturas, si las hubiere.

Art. 416. – Los peritos nombrados en virtud del artículo anterior harán la repartición de las pérdidas y daños.

La repartición, será ejecutiva una vez aprobada por el tribunal.

En los puertos extranjeros, la repartición será ejecutiva, aprobada que sea por el Cónsul dominicano, o, a falta de éste por cualquier otro tribunal competente de los mismos lugares.

Art. 417. – La repartición para el pago de las pérdidas y daños se hará sobre los efectos arrojados y salvados, y sobre la mitad del buque y del flete, en proporción de su valor, en el lugar de la descarga.

Art. 418. – Si la calidad de las mercancías hubiere sido disfrazada en el conocimiento, y se hallare que son de mucho mejor valor, contribuirán conforme a su estimación, si se hubieren salvado; se pagarán según la calidad designada en el conocimiento, si se hubiere perdido; si las mercancías declaradas fueren de calidad inferior a la que indica el conocimiento, contribuirán según la calidad indicada en el conocimiento, si se salvaren; las mercancías se pagarán conforme a su valor, si se hubieren arrojado o estuvieren averiadas.

Art. 419. – Las municiones de guerra y de boca, y los vestidos y demás ropas de uso ordinario de la tripulación, no contribuirán a la echazón; el valor de los que hayan sido arrojados se pagará por contribución sobre todos los demás efectos.

Art. 420. – Los efectos de que no hubiere conocimiento o declaración del capitán, no se pagarán si fueren arrojados; pero contribuirán, si se salvaren.

Art. 421. – Los efectos cargados sobre el combés de la nave, contribuirán si se salvaren.

Si se arrojaren o se dañaren, por causa de la echazón, no es admisible la demanda del propietario para que se le abonen por contribución; sólo podrá recurrir contra el capitán.

Art. 422. – No habrá lugar a contribuir con motivo del daño sucedido a la

nave, sino en el caso de que el daño haya sido hecho para facilitar la echazón.

Art. 423. – Si la echazón no salvare la nave, no habrá lugar a ninguna contribución.

 

Las mercancías salvadas no estarán obligadas al pago ni a la indemnización de las que hayan sido arrojadas o averiadas.

Art. 424. – Si la echazón salvare la nave, y si la nave, continuando su derrota, llega a perderse, los efectos salvados contribuirán a la echazón, conforme a su valor, en el estado en que se hallen, deducidos los gastos de salvamento.

Art. 425. – Los efectos arrojados no contribuirán en ningún caso, al pago de los daños sucedidos, después de la echazón, a las mercancías salvadas.

Las mercancías no contribuirán al pago de la nave perdida, o reducida al estado de no poder navegar.

Art. 426. – Si en virtud de un acuerdo, se barrenare la nave para extraer las mercancías, estas contribuirán a la reparación del daño causado a la nave.

Art. 427. – En caso de pérdida de las mercancías, puestas en barcas para alijar la nave que entra en un puerto o en un río, la reparación se hará sobre el buque y su cargamento por entero.

Si la nave pereciere con el resto del cargamento, no se hará ninguna repartición sobre las mercancías puestas en las lanchas aunque lleguen a buen puerto.

Art. 428. – En todos los casos arriba expresados, el capitán y la tripulación tendrán privilegio sobre las mercancías o las cantidades provenientes de ellas, por el importe de la contribución.

Art. 429. – Si después de la repartición los efectos arrojados fueren recobrados por los propietarios, estarán éstos obligados a volver al capitán y a los interesados lo que hayan recibido en la contribución, deducidos los daños causados por la echazón y los gastos de recobro.

Art. 430. – El capitán no podrá adquirir la propiedad de la nave por vía de prescripción.

Art. 431. – La acción de abandono se prescribe por el término expresado en el art. 373.

Art. 432. – Toda acción proveniente de un contrato a la gruesa o de una póliza de seguros, prescribe por cinco años, contaderos desde la fecha del contrato.

Art. 433. – Prescribirán: todas las acciones por pago de flete de nave, gajes y salarios de los oficiales, marineros y otras gentes de la tripulación un año después de terminado el viaje; por alimento suministrado a los marineros de orden del capitán, un año después de la entrega; por suministro de maderas y otras cosas necesarias a las construcciones, apresto y abastecimiento de la nave, un año después de hechos los suministros; por salarios de artesanos, y por obras hechas, un año después de recibidas las obras; toda acción por entrega de mercancías, un año después de la llegada de la nave.

Art. 434. – La prescripción no tendrá lugar si mediare cédula, obligación, corte de cuenta o interpelación judicial.

Art. 435. – Son inadmisibles: toda acción contra el capitán y los aseguradores, por daño sucedido a la mercancía, si ésta hubiere sido recibida sin protesta; toda acción contra el fletador, por averías, si el capitán ha entregado las mercancías y recibido su flete sin haber protestado; toda acción por indemnización de daños causados por abordaje de un sitio donde el capitán ha podido reclamar, si no hubiere reclamado.

Art. 436. – Estas protestas y reclamaciones serán nulas, si no hubieren sido hechas y notificadas en el término de veinticuatro horas, y si, en el término de un mes de su fecha, no fueren seguidas de una demanda judicial.

Art. 437. – Se considera en estado de quiebra a todo comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles.

Se puede declarar la quiebra de un comerciante después de su muerte, siempre que hubiese fallecido en estado de cesación de pagos.

No se podrá hacer la declaratoria de quiebra, sea de oficio, sea a pedimento de los acreedores, sino en el año que siga al fallecimiento del comerciante.

Art. 438. – En los tres días de la cesación de pagos de un comerciante, está obligado a declararla en la secretaría del tribunal de comercio de su domicilio: el día de la cesación de pagos se comprenderá en los tres días.

Si la quiebra lo fuese de una compañía en nombre colectivo, la declaración que de ella se haga, enunciará el nombre y domicilio de cada uno de los socios solidarios; esta declaración se hará en la secretaría del tribunal en cuyo distrito esté situado el principal establecimiento de la compañía.

Art. 439. – Con la declaración de la quiebra debe el quebrado acompañar un balance de sus negocios, o manifestar los motivos que le impidan hacerlo.

Dicho balance debe expresar la enunciación y valuación de todos los bienes muebles e inmuebles del deudor; el estado de las deudas activas y pasivas, el de las ganancias y pérdidas y el de los gastos; debiendo estar certificado como verdadero, fechado y firmado por el deudor.

Art. 440. – La quiebra se declara por sentencia del tribunal de comercio, sea en vista de la declaración del mismo quebrado, sea a instancia de uno o muchos de los acreedores, sea de oficio; y la sentencia que declare la quiebra, será ejecutiva provisionalmente.

Art. 441. – El tribunal determinará, sea de oficio o a instancia de cual-quiera parte interesada, la época en la cual ha tenido lugar la cesación de pagos; lo cual se hará por la misma sentencia que declare la quiebra, o por otra posterior dada por informe del juez comisario.

Si no se hubiese hecho esta determinación especial, la cesación de pagos se considerará haber principiado desde el día de la sentencia que declare la quiebra.

Art. 442. – Un extracto de la sentencia pronunciada en virtud de los dos artículos precedentes, se fijará e insertará en los periódicos, no solamente del lugar en donde se haya declarado la quiebra, sino en todos los lugares en donde el quebrado tuviese establecimientos comerciales; dicha fijación y publicación se harán en la forma que establece el art. 42 de este Código.

Art. 443. – La sentencia que declare la quiebra implica, de pleno derecho, desde el día de su fecha, el apartamiento del quebrado de la administración de todos sus bienes, aún de aquellos que puedan recaer en él mientras se halle en estado de quiebra.

Desde la fecha de esta sentencia, toda acción mobiliaria o inmobiliaria, solamente se seguirá o intentará contra los síndicos.

Lo mismo será respecto de todo procedimiento ejecutivo, tanto sobre los muebles, como sobre los inmuebles.

Cuando el tribunal lo juzgue conveniente, podrá recibir al quebrado como parte interviniente.

Art.  444.  –  La  sentencia  que  declara  la  quiebra  hace  exigibles,  respect del  quebrado, las deudas pasivas no vencidas.

En el caso de quiebra del suscritor de un pagaré a la orden, del aceptador de una letra de cambio o de un librador por falta de aceptación, los demás obligados  deberán dar fianza por el pago a su vencimiento, siempre que  no prefieran pagar inmediatamente.

Art. 445. – La sentencia que declare la quiebra suspende respecto de la masa solamente, los intereses de todo crédito no garantizado por privilegio, por empeño o por hipoteca.

 

Los intereses de los créditos garantizados no se podrán reclamar sino sobre las sumas que provengan de los bienes afectados al privilegio, a la hipoteca o al empeño.

Art. 446. – (Mod. Ley 5006 del 28 de junio de 1911)

Serán nulos y sin ningún efecto, relativamente a la masa cuando se hayan hecho por el deudor después de la época determinada por el Tribunal como fecha fijada para la cesación de los pagos, o en los diez días que hubiesen precedido a esta época, todos los actos traslativos de propiedades mobiliarias o inmobiliarias a título gratuito; todos los pagos, ya en especie, ya por acción, venta, compensación o de otra manera por deudas no vencidas; todos los pagos por deudas vencidas hechos de otro modo que no fuese en dinero o en efectos de comercio; toda hipoteca convencional o judicial; y todo derecho de anticresis o de prenda, constituidos sobre los bienes del deudor por deudas anteriormente contraídas.

Art. 447. – Se podrán anular todos los demás pagos hechos por el deudor por deudas vencidas, y todos los demás actos a título oneroso otorgados por él, después de la cesación de sus pagos y antes de la sentencia que declare la quiebra, si de parte de aquellos que han recibido del deudor o que han tratado con él tuvieron lugar con el conocimiento de la cesación de sus pagos.

Art. 448. – Se podrán inscribir, hasta el día de la sentencia que declare la quiebra, los derechos de hipoteca y de privilegios válidamente adquiridos.

Sin embargo, se podrán declarar nulas las inscripciones hechas después de la fecha de la cesación de pago, o en los diez días que precedan, si han transcurrido más de quince días entre la fecha del acto constitutivo de la hipoteca o del privilegio y de la inscripción.

Este término se aumentará a razón de un día por cada tres leguas de distancia, entre el lugar en que se haya adquirido el derecho de hipoteca, y aquél en que se haya practicado la inscripción.

Art. 449. – En el caso en que algunas letras de cambio hayan sido pagadas después de la época fijada como fecha de la cesación de pagos, y antes de la sentencia que declare la quiebra, la acción en recobro no podrá intentarse, sino contra aquél por cuya cuenta se proveyó la letra de cambio.

Si se trata de un pagaré a la orden, no podrá ejercerse dicha acción, sino contra el primer endosante.

En uno y otro caso deberá probarse, que aquel a quien se pide el recobro tenía conocimiento de la cesación de pagos, en la época de la emisión del título.

 

Art. 450. – Para los arrendamientos de los inmuebles afectados a la industria o al comercio del quebrado, comprendidos en ellos los locales dependientes de estos inmuebles que sirvan de habitación al quebrado y a su familia, los síndicos tendrán ocho días, contados del vencimiento del término acordado por el art. 492 del presente Código a los acreedores domiciliados en la República para la verificación de sus créditos, para que puedan notificar al propietario su intención de continuar el arrendamiento, bajo la condición de satisfacer a todas las obligaciones del locatario.

Esta notificación no podrá tener lugar, sino con la autorización del juez comisario, y oído el quebrado.

Mientras no venzan los ocho días, se suspenderán todos los procedimientos de ejecución relativos a los efectos mobiliarios que sirvan a la explotación del comercio o de la industria del quebrado, y todas las acciones en rescisión de arrendamiento; sin perjuicio de todas las medidas conservatorias, y del derecho que hubiese adquirido el propietario de volver a tomar posesión de los lugares arrendados.

En este caso, cesará de pleno derecho la suspensión de los procedimientos ejecutivos prescritos por el presente artículo.

En los quince días que sigan a la notificación hecha por los síndicos al arrendatario, éste deberá establecer su demanda en rescisión; reputándose haber renunciado a prevalerse de los motivos de la rescisión ya existente a su favor, si dejase perimir dicho término.

Art. 451. – (Mod. Ley 5006 del 28 de junio de 1911)

El Tribunal de Comercio por la sentencia que declare la quiebra, nombrará como juez comisario a uno de sus conjueces si fuere colegiado y al Juez de Instrucción si fuere unipersonal.

Art. 452. – El Juez comisario está encargado especialmente, de acelerar y vigilar las operaciones y la gestión de la quiebra.

Informará al tribunal de comercio de todas las contestaciones que se susciten en la quiebra y que sean de la competencia de este tribunal.

Art.    453.   –  Los   autos   del   juez   comisario   no   son   susceptibles   de apelación  ni  oposición, sino en los casos previstos por la Ley.

Dichos recursos se decidirán por el tribunal de omercio.

Art. 454. – El tribunal de comercio puede, en cualquier época, reemplazar al juez comisario de la quiebra, por otro de sus miembros.

 

Art. 455. – El tribunal ordenará, por la sentencia que declare la quiebra, la fijación de sellos y cuando sea procedente, el arresto del quebrado en la cárcel pública, o la custodia de su persona por un agente de policía.

Sin embargo, si el juez comisario juzga que el activo del quebrado puede ser inventariado en un solo día, no se fijarán los sellos, y deberá procederse inmediatamente a la confección del inventario.

Art. 456. – Cuando el quebrado hubiese cumplido con las disposiciones de los arts. 438 y 439 y no estuviese preso por cualquier causa al momento de la declaración, el tribunal podrá dispensarle del arresto o de la custodia de su persona.

La parte de la sentencia que dispense al quebrado del arresto o de la custodia de su persona, podrá siempre, y según las circunstancias, y aún de oficio, ser ulteriormente reformada por el tribunal de comercio.

Art. 457. – El secretario del tribunal de comercio comunicará en el acto, al juez de paz, la disposición de la sentencia que ordenase la fijación de sellos.

El juez de paz podrá, aún antes de la sentencia, fijar los sellos, sea de oficio, sea a requerimiento de uno o muchos acreedores; pero solamente en el caso de que el deudor hubiese desaparecido, o en el de que hubiese ocultado el todo o parte de su activo.

Art. 458. – Los sellos se fijarán en los almacenes, escritorios, cajas, papeleras, libros, papeles, muebles y efectos del quebrado.

Si la quiebra fuese de una sociedad, en nombre colectivo, los sellos se fijarán no solamente en el asiento principal de la sociedad, sino también en el domicilio separado de cada uno de los socios solidarios.

En todos los casos, el juez de paz dará conocimiento, sin pérdida de tiempo, al presidente del tribunal de comercio, de la fijación de los sellos.

Art. 459. – El secretario del tribunal de comercio, en las veinticuatro horas siguientes, remitirá un extracto de las sentencias que declarasen la quiebra, al fiscal del distrito, haciendo mención de las principales indicaciones y disposiciones que contengan.

Art. 460. – Se ejecutarán, sea a diligencia del fiscal, sea a la de los síndicos de la quiebra, las disposiciones que ordenasen el arresto del quebrado, o la custodia de su persona.

Art. 461. – Cuando el dinero efectivo perteneciente a la quiebra, no alcanzase para atender inmediatamente a las costas de la sentencia que declare la quiebra, fijación e inserción de esta sentencia en los periódicos, fijación de sellos y arresto del quebrado, se reservarán dichos gastos para pagarse de las primeras entradas.

Art. 462. – (Mod. Ley 5006 del 28 de junio de 1911)

El Tribunal de Comercio nombrará, por la sentencia que declare la quiebra, un síndico provisional, y si las operaciones de la quiebra lo requieren, podrá, a instancia de este síndico provisional, debidamente justificada, aumentar hasta tres el número de ellos.

El juez comisario convocará inmediatamente a los que se presumen acreedores para  que  se  reúnan  en  un  término  que  no  podrá  exceder de  quince  días:  consultará  a  los  que  se  presentaren  a  la  reunión, tanto  con  respecto  a  la  composición del estado de los que se presumen acreedores como con respecto al nombramiento de nuevos síndicos.

Los acuerdos se tomarán por votación secreta, y de ellos, así como de los reparos y observaciones se levantará acta que será remitida al Tribunal. El Tribunal, en vista de dicha acta y del estado de los que se presumen acreedores, así como del informe del juez comisario, confirmará los primeros síndicos, si el nombramiento de éstos ha sido confirmado por la mayoría de los presuntos acreedores, y en caso contrario, aumentará o reducirá el número de síndicos de acuerdo con lo que haya dispuesto la reunión de acreedores y nombrará a las personas que ésta haya indicado por mayoría de votos.

Los síndicos así nombrados serán definitivos; sin embargo, podrán ser reemplazados por el Tribunal de Comercio en los casos y según las formas que se determinará.

El número de los síndicos no podrá elevarse nunca a más de tres; podrán ser escogidos entre las personas extrañas a la masa y recibirán, sea cual fuese su calidad y después de haber dado cuenta de su gestión, los honorarios que les acuerda la Ley.

Cuando haya más de un síndico cobrarán los honorarios que cobraría uno solo.

Los síndicos definitivos deberán prestar fianza, si lo exigieren acreedores que representan en la cuarta parte del pasivo inscrito, y esta fianza, que será fijada por el juez comisario, no podrá exceder del treinta por ciento del activo de la quiebra en el momento de fijarse aquélla, ni bajar del quince por ciento del mismo.

Dicha fianza se deberá prestar en especie o en inmuebles libres que representen el cincuenta por ciento de ella y sobre ellos tomará inscripción hipotecaria el Procurador Fiscal.

Art. 463. – No podrá ser nombrado síndico, ningún pariente o afín del quebrado,hasta el cuarto grado inclusive.

Art. 464. – Cuando haya lugar a proceder a la agregación o al reemplazo de uno o muchos síndicos, se hará referimiento de ellos al tribunal de comercio por el juez comisario; y se procederá al nombramiento en la forma prevista por el artículo 462.

Art. 465. – Cuando se hubieren nombrado muchos síndicos, éstos no podrán obrar sino colectivamente.

Sin embargo, el juez comisario puede dar, a uno o muchos de ellos, autorización especial para gestionar separadamente determinados actos de administración; y en este último caso, los síndicos autorizados serán los únicos responsables.

Art. 466. – Si se suscitaren reclamaciones contra alguna de las operaciones de los síndicos, el juez comisario decidirá en el término de tres días, salvo recurso por ante el tribunal de comercio.

Las decisiones del juez comisario se ejecutarán provisionalmente.

Art. 467. – El juez comisario podrá proponer la revocatoria de uno o muchos de los síndicos, sea por las reclamaciones que le dirijan el quebrado o los acreedores, y aún de oficio.

Si en los ocho días siguientes, el juez comisario no ha resuelto nada respecto a las reclamaciones que se le han dirigido, éstas podrán presentarse al tribunal, el cual, en cámara de consejo, oirá el informe del juez comisario y las explicaciones de los síndicos y pronunciará en audiencia respecto a la revocatoria.

SECCIÓN 1a.

Disposiciones generales

Art. 468. – Si los sellos no se hubieren fijado antes del nombramiento de los síndicos, éstos requerirán al juez de paz para que proceda a fijarlos.

Art. 469. – Podrá igualmente el juez comisario, a instancia de los síndicos, dispensarles de fijar los sellos, y autorizarles para que los retiren:

1o. de la ropa, vestidos, muebles y efectos necesarios al quebrado y a su familia; cuya entrega se autorizará por el juez comisario, en vista del estado de ellos, que le someterán los síndicos;

2o. de los objetos expuestos a deterioro inmediato o a depreciación inminente;

3o. de los objetos que se empleen en la explotación del establecimiento comercial, cuando esta explotación no pueda interrumpirse sin perjuicio para los acreedores.

Los objetos especificados en los dos párrafos precedentes, se inventariarán inmediatamente por los síndicos con evaluación, a presencia del juez de paz, que firmará el acta.

Art. 470. – La venta de los objetos expuestos a deterioro, o a depreciación inminente, o cuya conservación sea dispendiosa, y la explotación     del establecimiento  comercial,  tendrá  lugar  a  diligencia  de los  síndicos,  previa autorización del juez comisario.

Art. 471. – Los libros se extraerán de los sellos y se remitirán por el juez de paz a los síndicos, después de haberlos certificado al juez: hará constar sumariamente, en su acta, el estado en que se hallen dichos libros.

También se extraerán de los sellos, describirán y remitirán por el juez, de paz a los síndicos para que hagan su cobro, todos los efectos de comercio en cartera, a corto plazo, susceptibles de aceptación, y por los cuales se necesite ejercer actos conservatorios.

La factura de dichos efectos se remitirá al juez comisario.

Los demás créditos se cobrarán por los síndicos, bajo recibo.

Las cartas dirigidas al quebrado se entregarán a los síndicos, quienes las abrirán, pudiendo asistir a esta operación el quebrado, si se hallare presente.

Art. 472. – Según el estado aparente de los negocios del quebrado, el juez comisario podrá proponer su libertad, mediante un salvo conducto provisional.

Si el tribunal acuerda el salvo conducto, podrá obligar al quebrado a que constituya fiador de que se presentará cada vez que se le llame, bajo la pena del pago de una suma que el tribunal señale, y que se volverá a la masa.

Art. 473. – Si el juez comisario no propusiere que se dé el salvo-conducto al quebrado, éste podrá presentar su solicitud al tribunal de comercio, que decidirá en audiencia pública, oído el juez comisario.

Art. 474. – El quebrado podrá obtener para él y su familia, del activo de la quiebra, los socorros para alimentos que señalare el juez comisario, a propuesta de los síndicos, salvo la apelación ante el tribunal, en caso de contestación.

Art. 475. – Los síndicos llamarán al quebrado para balancear y cerrar los libros en su presencia.

Si no compareciere, se le intimará para que lo haga en las cuarenta y ocho horas a más tardar.

El quebrado, haya o no obtenido salvo conducto, podrá comparecer por medio de un apoderado, siempre que justifique tener causas legítimas de excusa, reconocidas por el juez comisario.

Art. 476. – Cuando el quebrado no hubiese depositado el balance, los síndicos lo formarán inmediatamente, con la ayuda de los libros y papeles del quebrado, y con los datos que se procuraren, depositándolos en la secretaría del tribunal de comercio.

Art. 477. – El juez comisario está autorizado a interrogar al quebrado, a sus dependientes y empleados, y a cualquiera otra persona, tanto respecto a la formación del balance, como sobre las causas y circunstancias de la quiebra.

Art. 478. – Cuando se hubiere declarado la quiebra de un comerciante, después de su muerte, o cuando el quebrado muriese después de la declaración de la quiebra, podrán su viuda, hijos y herederos presentarse o hacerse representar para suplirle en la formación del balance, y en las demás operaciones de la quiebra.

SECCIÓN 2a.

Da rompimiento de los sellos, y de inventario

Art. 479. – Dentro de los tres días después de su nombramiento, los síndicos requerirán el rompimiento de los sellos, y procederán a la formación del inventario de los bienes del quebrado, al cual se citará previamente para que pueda hallarse presente.

Art. 480. – A medida que se quiten los sellos, los síndicos formarán el inventario por duplicado en presencia del juez de paz, que lo firmará en cada actuación.

Uno de los inventarios se depositará en la secretaría del tribunal de comercio, dentro de las veinticuatro horas de haberse concluido, y el otro quedará en poder de los síndicos.

Así para la redacción del inventario, como para la estimación de los objetos que hayan de inventariarse, los síndicos tienen facultad para elegir en su ayuda las personas que juzguen convenientes.

Se hará la comprobación de los objetos que conforme al art. 469 no estuvieren bajo sello, y hubieren sido antes inventariados y tasados.

Art. 481. – En el caso de que después de la muerte de un comerciante sobrevenga la declaración de quiebra, y no se hubiere hecho inventario con anterioridad a tal declaración, o cuando ocurra la muerte del quebrado antes de principiarse el inventario, se procederá a ello inmediatamente, conforme al artículo anterior, citándose previamente a los herederos para que puedan hallarse presentes.

Art. 482. – Los síndicos están obligados, en toda quiebra, dentro de los quince días de haber entrado a ejercer sus funciones o de ser confirmados en ellas, a enviar al juez comisario una memoria, o cuenta sumaria del estado aparente de la quiebra, de sus principales causas y circunstancias, y del carácter que aparezca tener.

El juez comisario transmitirá, inmediatamente, dicha memoria al fiscal, con las observaciones que crea oportunas.

Si la remisión no se efectuare en los plazos prescritos, el juez comisario debe prevenir sobre el caso al fiscal, indicándole las causas del retardo.

Art. 483. – El fiscal podrá transportarse al domicilio del quebrado y asistir a la formación del inventario; y en todo tiempo tiene el derecho de requerir se le comuniquen todos los actos, libros o papeles, que se relacionen con la quiebra.

SECCIÓN 3a.

De la venta de las mercancías y muebles y de las recaudaciones y cobranzas de las deudas activas

Art. 484. – Terminado el inventario, las mercancías, el dinero, los títulos activos, los libros, papeles, muebles y demás efectos del deudor se entregarán a los síndicos, que los tomarán a su cargo, dando recibo al pie de dicho inventario.

Art. 485. – Los síndicos, bajo la vigilancia del juez comisario, continuarán cobrando las deudas activas.

Art. 486. – El juez comisario podrá, citando previamente al quebrado, autorizar a los síndicos para que vendan los efectos mobiliarios o mercancías.

El mismo juez decidirá si la venta se hará ya amistosamente, ya en pública subasta por medio de corredores y otros oficiales públicos que tengan carácter para el caso.

Los síndicos elegirán de entre la clase de oficiales públicos indicados por el juez comisario, aquél que ellos quieran emplear.

Art. 487. – Mediante la autorización del juez comisario, y después de haber sido citado el quebrado, los síndicos podrán transigir sobre todas las contestaciones que interesen a la masa de la quiebra, aún sobre aquellas que sean relativas a los derechos y acciones inmobiliarios.

Si el objeto de la transacción es de un valor indeterminado o que exceda de sesenta pesos, la transacción no será obligatoria sino después de haber sido homologada, a saber: por el tribunal de comercio, si las transacciones son relativas a derechos mobiliarios; y por el tribunal de primera instancia, cuando las transacciones sean relativas a derechos inmobiliarios.

El quebrado será citado para que comparezca al acto de homologación, y tendrá en todos los casos la facultad de oponerse a ella.

Su oposición bastará para impedir la transacción, si ésta tiene por objeto bienes inmuebles.

Art. 488. – Si el quebrado estuviere en libertad, o si hubiere obtenido salvo conducto, los síndicos podrán emplearlo para la facilidad y esclarecimiento de su gestión.

El juez comisario fijará las condiciones del trabajo del quebrado.

Art. 489. – El dinero proveniente de ventas o de cobranzas, deducidas las cantidades a que el juez comisario estime que puedan montar los gastos y costas, se depositarán inmediatamente en la caja del tesoro público.

 

Dentro de los tres días de hecho el depósito, se presentará la comprobación al juez comisario; y en caso de retardo, los síndicos pagarán los intereses por las cantidades que no hubieren depositado.

Ni los fondos depositados por los síndicos, ni cualesquiera otros depositados por terceros por cuenta de la quiebra, podrán extraerse, si no fuere en virtud de un auto del juez comisario.

Si hubiere oposiciones, los síndicos deberán previamente obtener el desembargo.

El  juez  comisario  podrá  ordenar,  que  las  entregas  se  hagan  por  el tesoro  directamente entre las manos de los acreedores de la quiebra,

conforme al estado de repartición que formarán los síndicos aprobado por él.

SECCIÓN 4a.

De los actos conservatorios

Art. 490. – Los síndicos están obligados, desde el momento que entren en funciones, a hacer cuantos actos sean necesarios para la conservación de los derechos del quebrado contra sus deudores.

Tienen el deber de requerir la inscripción hipotecaria sobre los inmuebles de los deudores del quebrado, si por éste no se hubiese requerido.

La  inscripción  se  practicará  a  nombre  de  la  masa  de  los  acreedores  de  la quiebra  por   los   síndicos,   que   unirán   a   las   facturas   un   certificado justificativo  de  su nombramiento.

Del mismo modo están los síndicos obligados a practicar inscripciones a nombre de la masa de los acreedores, sobre los inmuebles del quebrado, de los cuales conozcan la existencia.

La inscripción se recibirá mediante una simple factura, en la que se haga relación de la quiebra y se indique la fecha de la sentencia por la cual fueron nombrados los síndicos.

SECCIÓN 5a.

De la verificación de los créditos

 

Art. 491. – Desde el día que recaiga sentencia declarando una quiebra, los acreedores del quebrado podrán entregar al secretario del tribunal sus títulos, con una factura que indique las cantidades que reclaman.

El secretario dará recibo a los interesados, y formará un estado de los acreedores y de sus créditos, y no será responsable de los títulos que reciba, sino durante cinco años, contados desde el día en que se dé principio al acta de verificación.

Art. 492. – A los acreedores que al tiempo de la confirmación o del reemplazo de los síndicos, en cumplimiento del tercer párrafo del art. 462 no hubieren remitido sus títulos, se les advertirá inmediatamente por inserciones en los periódicos, y por cartas del secretario, que deben presentarse personalmente o por medio de apoderados, en el término de veinte días, contados desde la     fecha de las inserciones, a los síndicos de la quiebra y entregarles sus títulos,   acompañados de una factura que indique la cantidad por ellos reclamada, si no    prefirieren hacer el depósito de ellos en la secretaría del tribunal de comercio.

De los títulos y facturas se les dará recibo.

Con respecto a los acreedores domiciliados en el territorio de la República, fuera del lugar donde tiene su asiento el tribunal ocupado de la instrucción de la quiebra, el término de veinte días será aumentado de un día por cada tres leguas de distancia, entre el lugar donde se halle el tribunal y el domicilio del acreedor.

Y por lo que hace a los acreedores domiciliados fuera del territorio de la República, el término será aumentado, conforme a las reglas del art. 73 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 493. – La verificación de los créditos principiará dentro de los tres días de la expiración de los plazos determinados por los párrafos primero y segundo del artículo anterior; se continuará sin interrupción, y se efectuará en el lugar, día y hora que indique el juez comisario.

En esta indicación deberá mencionarse el aviso a los acreedores, prescrito por el mismo artículo. Sin embargo, los acreedores se convocarán por segunda vez para el mismo objeto, tanto por cartas del secretario, como por medio de los periódicos.

Los créditos de los síndicos serán examinados por el juez comisario, los otros lo serán contradictoriamente entre el acreedor o su apoderado, y los síndicos, en presencia del juez comisario, que extenderá de ello acta.

 

Art. 494. – Todo acreedor cuyos créditos fueren verificados, o figuren en el balance, podrá asistir a la verificación de los créditos y hacer las observaciones o reparos que estime oportunos a las verificaciones hechas y por hacer.

Igual derecho tendrá el quebrado.

Art. 495. – En el acta de verificación se indicará el domicilio de los acreedores y de sus apoderados; constará también la descripción sumaria de los títulos; se hará mención de las enmiendas, raspaduras e interlíneas, y se expresará si el crédito ha sido admitido o controvertido.

Art. 496. – En cualquier caso el juez comisario podrá, hasta de oficio, ordenar la exhibición de los libros del acreedor, o pedir, por medio de un compulsorio, que se le envíe de ello un extracto hecho por el juez del lugar donde se encontraren dichos libros.

Art. 497. – Admitido un crédito, los síndicos firmarán sobre cada uno de los títulos la declaración siguiente:

“Admitido en el pasivo de la quiebra de…….por la cantidad de……..el…..”

El juez comisario visará la declaración.

Cada acreedor, en los ocho días a más tardar, después de verificado su crédito, tiene la obligación de ratificar ante el juez comisario la verdad y sinceridad del dicho crédito.

Art. 498. – Si el crédito fuere controvertido, el juez comisario podrá, sin necesidad de citación, remitir el incidente, a breve término, ante el tribunal de comercio, que juzgará en vista de su informe.

El tribunal de comercio podrá ordenar que se haga ante el juez comisario una información sobre los hechos, y que para tal efecto se cite ante él a las personas que puedan dar algunas aclaraciones.

Art. 499. – Cuando la demanda sobre la admisión de un crédito se lleve ante el tribunal de comercio, este tribunal, si la causa no estuviere aún en estado de que recaiga sentencia definitiva, antes de terminar los plazos fijados con respecto a las personas domiciliadas en la República, por los arts. 492 y 497, ordenará, según las circunstancias, que se suspenda o se lleve a efecto la convocación de la junta para la formación del concordato.

En este último caso podrá decidir a la vez provisionalmente, que el acreedor cuyo crédito se discute, sea admitido en las deliberaciones por la cantidad que determinará la misma sentencia.

Art. 500. – Cuando la demanda se llevare ante un tribunal civil, el tribunal de comercio decidirá si se suspende el procedimiento o si debe continuarse; en este último caso, el tribunal civil a quien el asunto estuviere sometido, juzgando a breve término, a instancia de los síndicos, notificada al acreedor cuyo crédito se discute, y sin otro procedimiento, decidirá si el crédito será admitido provisionalmente y por qué cantidad.

En el caso en que un crédito fuere objeto de instrucción criminal o correccional, el tribunal de comercio podrá también pronunciar la suspensión del procedimiento; pero, si ordenare que debe seguir adelante, no podrá acordar la admisión provisional, ni el portador de tal crédito podrá tomar parte en las operaciones de la quiebra, hasta que los tribunales competentes hayan estatuido.

Art. 501. – Se admitirá en los acuerdos de la quiebra como acreedor ordinario, a aquél a quien solamente se le discute el privilegio o la hipoteca de su acreencia.

Art. 502. – Expirados los plazos determinados por los arts. 492 y 497 con respect a las personas domiciliadas en la República, se procederá a la formación del concordato y a las demás operaciones de la quiebra, bajo la excepción indicada en los arts. 567 y 568 en favor de los acreedores domiciliados fuera del territorio de la República.

Art. 503. – A falta de comparecencia y ratificación en los términos indicados para la una y la otra por los arts. 492 y 497, los acreedores no comparecientes, conocidos o desconocidos, no serán incluidos en las reparticiones que deban hacerse; sin embargo, la vía de la oposición les quedará franca hasta la distribución de las cantidades en efectivo exclusivamente, pero las costas de la oposición quedarán siempre a su cargo.

La oposición no podrá suspender la ejecución de las reparticiones autorizadas por el juez comisario; pero si antes que recaída sentencia sobre la oposición, hubiere lugar a nuevas reparticiones, se comprenderán en ésta a los acreedores opositores por la cantidad que provisionalmente determinará el tribunal, la cual se tendrá reservada hasta que recaiga sentencia sobre la oposición.

Si  los  opositores  fueren  ulteriormente   reconocidos  como  acreedores,  no podrán reclamar nada sobre las reparticiones autorizadas por el juez comisario; pero tendrán derecho a extraer del activo que todavía no se hubiere repartido, los dividendos que correspondían a sus créditos en las primeras reparticiones.

SECCIÓN 1a .

De la convocación, y de la junta de acreedores

Art. 504. – Dentro de los tres días después de los plazos presentes para la ratificación, conforme al art. 497, el juez comisario hará convocar, por el secretario, a todos los acreedores cuyos créditos hubieren sido verificados y ratificados o admitidos provisionalmente, para deliberar sobre la formación del concordato.

El objeto de la convocatoria se indicará en las inserciones que se harán en los periódicos y en las cartas de invitación.

Art. 505. – La junta de acreedores se reunirá bajo la presidencia del juez comisario, en el lugar y en el día y la hora que él hubiere fijado; los acreedores, cuyos créditos hubieren sido verificados y ratificados o admitidos provisionalmente, se presentarán a la junta personalmente o por medio de apoderados.

El quebrado será citado a esta reunión, y deberá presentarse personalmente, si hubiere sido dispensado del arresto, o si hubiere obtenido salvo conducto.

No podrá hacerse representar en la Junta, sino por causas justificables, aprobadas por el juez comisario.

Art. 506. – Los síndicos darán a la junta un informe sobre el estado de la quiebra, las formalidades que se hubieren llenado y las operaciones que se hubieren hecho.

Se oirá al quebrado.

Los síndicos firmarán el informe y lo entregarán al juez comisario, que levantará acta de lo que se dijere y resolviere en la junta.

SECCIÓN 2a.

Del concordato

PÁRRAFO 1o.

De la formación del concordato

Art. 507. – No podrá consentirse convenio entre los acreedores deliberantes y el deudor quebrado, sino después de haberse llenado las formalidades anteriormente prescritas.

El convenio no se establecerá sino por el concurso de un número de acreedores que formen la mayoría y representen, a la vez, las tres cuartas parte del total de los créditos verificados y ratificados, o admitidos provisionalmente, conforme a la sección 5a. del capítulo V; todo bajo pena de nulidad.

Art. 508. – Los acreedores por créditos hipotecarios, inscritos o dispensados de la  inscripción, y los acreedores privilegiados o provistos de prenda, no tendrán voz en las operaciones relativas al concordato por dichos créditos, que no serán incluidos en él, a menos que aquellos renuncien a sus hipotecas, prendas o privilegios.

El voto dado para el concordato lleva consigo de pleno derecho esta renuncia.

Art. 509. – El concordato se firmará en la misma sesión, bajo pena de nulidad.

Si hubiere sido consentido solamente por la mayoría numérica de los acreedores, o por la mayoría de las tres cuartas partes de la suma total de los créditos, el acuerdo se transferirá a la octava por todo plazo; en este caso, las resoluciones adoptadas y las adhesiones dadas al tiempo de la primera junta, quedarán sin efecto.

Art.    510.   –   Si   el   quebrado   ha   sido   condenado   por   bancarrota fraudulenta,  el concordato no podrá firmarse.

Cuando la instancia por bancarrota fraudulenta ha sido principiada, los acreedores serán convocados, para que decidan si ellos se reservan deliberar sobre un concordato, en el caso de que el quebrado sea absuelto,

y si en consecuencia suspenden toda decisión hasta que se conozca el resultado de las persecuciones.

Esta suspensión no podrá ser pronunciada sino por la mayoría en número de acreedores y en suma de valores, determinada por el art. 507.

Si al terminar la suspensión hay lugar a deliberar sobre el concordato, las reglas establecidas por el artículo precedente serán aplicables a los nuevos acuerdos.

Art. 511. – Si el quebrado ha sido condenado por bancarrota simple, el concordato podrá formarse.

 

No obstante, en caso de haber principiado las diligencias, los acreedores podrán suspender sus deliberaciones hasta después del resultado de aquéllas, conformándose a las disposiciones del artículo anterior.

Art. 512. – Todos los acreedores que tenían derecho para concurrir al concordato, o cuyos derechos hubieren sido reconocidos después, podrán formarle oposición.

La oposición será motivada y deberá notificarse a los síndicos y al quebrado, dentro de los ocho días después del concordato, a pena de nulidad; y contendrá citación para la primera audiencia del tribunal de comercio.

Cuando no se hubiere nombrado sino un solo síndico, y éste fuere opositor al concordato, deberá solicitar el nombramiento de uno que lo reemplace, y cerca del cual estará obligado a llenar las formas prescritas en el presente artículo.

Si el juicio sobre la oposición estuviere subordinado a la solución de cuestiones extrañas que, en razón de la materia, no sean de la competencia del Tribunal de Comercio, este tribunal se abstendrá de dar sentencia hasta después de la decisión de tales cuestiones; pero fijará un término breve, dentro del cual el acreedor opositor deberá acudir a los jueces competentes y justificar sus diligencias.

Art.  513. La   homologación   del   concordato   se   proseguirá   ante   el tribunal  de comercio, a requerimiento de la parte más  diligente; el tribunal no podrá estatuir antes de la expiración del plazo de ocho días, fijado por el artículo precedente.

Si durante ese plazo se formaren oposiciones, el tribunal estatuirá sobre ellas y sobre la homologación por una sola sentencia.

Si  la  oposición  se  admite,  la  anulación  del  Concordato  será  pronunciada con relación a todos los interesados.

Art. 514. – En todos los casos, antes que se estatuya sobre la homologación, el juez comisario dará al tribunal de comercio un informe sobre los caracteres de la quiebra y sobre la admisibilidad del concordato.

Art. 515. – En el caso de inobservancia de las reglas anteriormente prescritas, o cuando haya motivos deducidos, sea del interés público, sea del interés de los acreedores, que parezcan razonables y suficientes para impedir el concordato, el tribunal rehusará la homologación.

PÁRRAFO 2o.

De los efectos del concordato

Art. 516. – La homologación del concordato lo hace obligatorio para todos los acreedores que figuren o no en el balance, verificados o no verificados, y aún para los acreedores domiciliados fuera del territorio de la Republica, así como para aquellos que en virtud de los arts. 499 y 500 hubieren sido admitidos provisionalmente a deliberar, cualquiera que sea la cantidad que la sentencia definitiva les atribuyera ulteriormente.

Art. 517. – La homologación conservará a cada uno de los acreedores, sobre los inmuebles del quebrado, la hipoteca inscrita en virtud del tercer párrafo del art. 490.

A este efecto, los síndicos harán inscribir en la oficina de hipoteca la sentencia de homologación, a menos que no se hubiere decidido de otro modo por el concordato.

Art. 518. – No se admitirá acción alguna en nulidad del concordato después de la homologación, sino por causa de dolo descubierto con posterioridad a ella, originado, sea de la ocultación del activo, sea de la exageración del pasivo.

Art. 519. – Desde el momento que la sentencia de homologación haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, cesarán las funciones de los síndicos, los cuales entregarán al quebrado su cuenta definitiva, en presencia del juez comisario; esta cuenta será discutida y finiquitada.

Los mismos síndicos repondrán al quebrado en la universalidad de sus bienes, libros, papeles y efectos.

El quebrado les dará descargo, y de todo se levantará acta por el juez comisario, que cesará en sus funciones.

En el caso de contestación, el tribunal de comercio decidirá.

El quebrado les dará descargo, y de todo se levantará acta por el juez comisario, que cesará en sus funciones.

En el caso de contestación, el tribunal de comercio decidirá.

PÁRRAFO 3o.

De la anulación o rescisión del concordato

Art. 520. – La anulación del concordato, ya sea por causa de dolo, ya porque después de su homologación haya intervenido condena por bancarrota fraudulenta, implica de pleno derecho la liberación de los fiadores.

En caso de no ser cumplidas por el quebrado las condiciones de su concordato, se podrá promover contra él, por ante el tribunal de comercio, la rescisión de aquel convenio, con asistencia o citación formal de los fiadores, si los hubiere.

La rescisión del concordato no producirá la liberación de los fiadores que hayan intervenido en él para garantizar su ejecución total a parcial.

Art. 521. – Cuando, después de la homologación del concordato, el quebrado fuere perseguido por causa de bancarrota fraudulenta, y detenido en virtud de auto judicial a este efecto, el tribunal de comercio podrá ordenar aquellas medidas conservatorias que sean del caso.

Estas medidas casarán de pleno derecho en sus efectos, desde el día de la declaración de que no ha lugar a proseguir la causa del auto de exculpación o del fallo absolutorio.

Art. 522. – En vista del fallo de condenación por causa de bancarrota fraudulenta, o bien por la sentencia que pronuncie, ya sea la anulación, ya la rescisión del concordato, el tribunal de comercio nombrará un juez comisario, y uno o varios síndicos.

Estos síndicos podrán hacer fijar los sellos; y procederán sin demora, con asistencia del juez de paz, bajo el anterior inventario, a incautarse de los valores, acciones y papeles, procediendo a la vez, si hubiere lugar, a extender un suplemento de inventario: formarán asimismo un balance suplementario, y harán fijar por carteles públicos e insertar en los periódicos de la localidad o en los que haya más próximos, con el extracto de la sentencia que los nombrara, invitación a los nuevos acreedores, si los hubiere, para que dentro del término de veinte días sometan sus títulos de créditos a la verificación.

Esta invitación se hará también por cartas del secretario, con arreglo a los arts. 492 y 493.

Art. 523. – Se procederá, sin demora, a la verificación de los títulos de créditos producidos en virtud del artículo precedente.

No habrá lugar a nueva verificación de los créditos anteriormente admitidos y afirmados; sin perjuicio, no obstante, de que sean desechados o reducidos aquellos que después hubieran sido pagados en todo o en parte.

Art. 524. – Terminadas las operaciones dichas, si no interviene nuevo concordato, los acreedores serán convocados, a fin de que den su parecer respecto de la continuación o el revelo de los síndicos.

No se procederá a hacer las distribuciones sino después que hayan expirado, respecto de los nuevos acreedores, los plazos concedidos a las personas domiciliadas en la República, por los arts. 492 y 497.

Art. 525. – Los actos que el quebrado hiciere con posterioridad a la sentencia de homologación, y con anterioridad a la anulación o a la rescisión del concordato, no serán anulados, sino en caso de fraude contra los derechos de los acreedores.

Art. 526. – Los acreedores anteriores al concordato recuperarán la integridad de sus derechos únicamente respecto del quebrado; pero no podrán figurar en la masa sino por las proporciones siguientes, a saber: si no hubieren percibido ninguna parte del dividendo, por la integridad de sus créditos; si hubieren recibido una parte del dividendo, por la porción de sus créditos primitivos, correspondiente a la porción del dividendo prometido que no hubieren llegado a percibir.

Las disposciones del presente artículo tendrán aplicación al caso en que sobrevenga una segunda quiebra; sin que haya habido previamente anulación o rescisión del concordato.

SECCIÓN 3a.

De la clausura por insuficiencia del activo

Art. 527. – En cualquier época en que, antes de la homologación del concordato o de formarse la unión de acreedores, se interrumpa el curso de las operaciones de la quiebra, por causa de insuficiencia del activo, el tribunal de comercio, previo informe del juez comisario, podrá pronunciar, aún de oficio, la clausura de las operaciones de la quiebra.

Esta sentencia reintegrará a cada acreedor en el ejercicio de sus acciones individuales, tanto contra los bienes, como contra la persona del quebrado.

Durante un mes, a contar de su fecha, se suspenderá la ejecución de dicha sentencia.

Art. 528. – Tanto el quebrado, como cualquier otro interesado, podrá, en cualquier época, hacer revocar la sentencia, justificando que hay fondos para cubrir los gastos de las operaciones de la quiebra, o bien haciendo consignar en manos de los síndicos, suma suficiente para proveer a dichos gastos.

En  todos  los  casos,  las  costas  de  los  procedimientos  practicados  en  virtud del  artículo precedente, deberán ser previamente saldadas.

SECCIÓN 4a.

De la unión de acreedores

Art. 529. – A menos que intervenga concordato, los acreedores estarán de pleno derecho bajo el régimen de la unión.

El juez comisario los consultará inmediatamente, tanto respecto de los actos de la gestión como sobre la utilidad de conservar o reemplazar los síndicos.

Los acreedores privilegiados, con hipoteca o bajo prenda, serán admitidos a esa deliberación.

Se extenderá acta de los reparos y observaciones de los acreedores, y, con vista de ese documento, el tribunal de comercio estatuirá según se ha dicho en el art. 462.

Los síndicos que no continuaren en el cargo, deberán rendir sus cuentas a los nuevos síndicos, en presencia del juez comisario, y citándose al quebrado en debida forma.

Art. 530. – Los acreedores serán consultados siempre que se trate de saber si se puede acordar un auxilio al quebrado sobre el activo de la quiebra.

Cuando la mayoría de los acreedores presentes haya consentido en ello, se podrá acordar una suma al quebrado, a título de asignación alimenticia sobre el activo de la quiebra.

Los síndicos propondrán la cuantía de dicha suma, que será determinada por el juez comisario, salvo el recurso al tribunal de comercio, únicamente de parte de los síndicos.

Art. 531. – Cuando una compañía de comercio esté en quiebra los acreedores podrán consentir el concordato limitativamente en favor de uno o varios de los socios.

En este caso, todo el activo social permanecerá bajo el régimen de la unión.

Los bienes personales de aquellos con quienes el concordato haya sido consentido serán excluidos de él, y el convenio particular pactado con sus dueños, no podrá contener compromiso de pagar un dividendo sino sobre valores extraños al activo social.

El socio que hubiere obtenido un concordato particular, quedará libre de toda solidaridad.

Art. 532.- Los síndicos representan la masa de los acreedores, y están encargados de proceder a la liquidación.

No obstante, los acreedores podrán conferirles mandato para continuar la explotación del activo.

El acuerdo que les confiera ese mandato, determinará su duración y su extensión, y fijará las sumas que podrán conservar en su poder, con objeto de proveer a las costas y los gastos.

Dicho acuerdo habrá de adoptarse en presencia del juez comisario, y a mayoría de tres cuartas partes de los acreedores en número y en cantidad.

La vía de la oposición estará abierta contra el dicho acuerdo, al quebrado y a los acreedores disidentes.

Esta oposición no tendrá efecto suspensivo para la ejecución del acuerdo.

Art. 533.- Cuando las operaciones de los síndicos envuelvan compromisos que excedan del activo de la unión, los acreedores que hayan autorizado dichas operaciones serán los únicos obligados personalmente más allá de su parte en el activo; pero solamente en los límites del mandato que hubieren conferido; contribuirán a prorrata de sus créditos.

Art. 534. – Los síndicos están encargados a promover la venta de los inmuebles, mercaderías, y efectos mobiliarios del quebrado, y la liquidación de sus deudas activas y pasivas; todo bajo la inspección del juez comisario, y sin necesidad de citación al quebrado.

Art. 535. – Los síndicos podrán, conformándose a las reglas prescritas por el art. 487, transigir respecto de toda clase de derechos correspondientes al quebrado, no obstante cualquier oposición de parte de éste.

Art. 536. – Los acreedores en estado de unión serán convocados, a lo menos una vez en el primer año, y, si ha lugar, en los años subsiguientes, por el juez comisario.

En estas juntas, los síndicos deberán rendir cuenta de su gestión: se acordará la continuación de éstos o su relevo en el ejercicio de sus funciones, según las formas prescritas por los arts. 462 y 529.

Art. 537. – Cuando la liquidación de la quiebra estuviere terminada, el juez comisario convocará los acreedores.

En esta última junta, los síndicos rendirán su cuenta.

El quebrado será debidamente citado.

Los acreedores emitirán parecer sobre la excusabilidad del quebrado.

Se extenderá, con este objeto, un acta en la que cada acreedor podrá consignar sus reparos y observaciones.

Después de concluida esta junta, la unión quedará disuelta de pleno derecho.

Art. 538. – El juez comisario presentará al tribunal el acuerdo de los acreedores relativo a la excusabilidad del quebrado, con un informe sobre los caracteres y las circunstancias de la quiebra. El tribunal decidirá si el quebrado es o no es excusable.

Art. 539.- Cuando el quebrado no fuere declarado excusable, los acreedores serán reintegrados en el ejercicio de sus acciones individuales, tanto contra la persona del quebrado como respecto de sus bienes.

Cuando fuere declarado excusable, permanecerá exento del apremio corporal en lo que concierne a los acreedores de su quiebra, y éstos sólo podrán ejercer sus acciones sobre los bienes del quebrado, salvas las excepciones establecidas por las leyes.

Art. 540. – La declaración de excusabilidad no podrá hacerse en favor de los quebrados por bancarrota fraudulenta, los estelionatarios, las personas condenadas por robo, estafa o abuso de confianza, ni de los responsables de caudales públicos.

Art. 541. – Ningún deudor comerciante podrá pedir que se le admita al beneficio de la cesión de bienes.

Sin embargo, se podrá formar un concordato por abandono total o parcial del activo del quebrado, observándose en tal caso las reglas prescritas en la sección 2ª. Del presente capítulo.

Dicho concordato producirá los mismos efectos que los demás concordatos, y se anulará o rescindirá de igual modo.

Se procederá a la liquidación del activo abandonado, con arreglo a los párrafos 2o, 3o., y 4o., del art. 529, a los arts. 532, 533, 534, 535 y 536, y a los párrafos 1o., y 2o., del art. 537.

El concordato por abandon queda asimilado a la unión para el pago de los derechos de registro.

CAPÍTULO VII

De las diversas especies de acreedores y de sus derechos en caso de quiebra.

SECCIÓN

1ra.

De los co- obligados y fiadores.

Art. 542.- El acreedor provisto de obligaciones suscritas, endosadas o garantizadas solidariamente por el quebrado y otros cha-obligados que estén en quiebra, participará de las distribuciones en todas las masas de bienes, y figurará en ellas por el valor nominal de su título, hasta el completo pago.

Art. 543. – No estará abierto en razón de los dividendos pagados, recurso alguno a las quiebras de los co-obligados, unas contra otras, sino cuando la reunión de los dividendos que dieren estas quiebras exceda la suma total del crédito, por principal y accesorios, en cuyo caso el excedente será devuelto, según el orden de las obligaciones, a aquellos de los co-obligados que tengan a los otros por garantes.

 

Art. 544.- Cuando el acreedor provisto de obligaciones solidarias entre el quebrado y otros co-obligados, hubiere recibido, antes de la quiebra, alguna cantidad  a  buena  cuenta  de  su crédito,  no  se  le  comprenderá  en  la masa sino haciéndosele la deducción de dicha cantidad a buena cuenta, y conservará su derecho contra el co-obligado o el fiador, por lo que se le quedará a deber.

El co-obligado o el fiador. Que hubiere efectuado el pago parcial, será comprendido como acreedor en la misma masa por todo lo que hubiere pagado en abono del quebrado.

Art. 545. – No obstará el concordato para que los acreedores conserven su acción por la totalidad de sus créditos contra los co-obligados del quebrado.

SECCIÓN 2a.

De los acreedores con prenda y de los que tengan privilegio sobre bienes muebles

Art.    546.   –   Los   acreedores   del   quebrado   que   estén   válidamente provistos  de  prenda, no serán inscritos en la masa sino para memoria.

Art. 547. – Los síndicos podrán en cualquier época, con la autorización del juez comisario, desempeñar las prendas en beneficio de la quiebra, satisfaciendo el importe de la deuda.

Art. 548. – En el caso de que la prenda no sea desempeñada por los síndicos, si fuere vendida por el acreedor mediante un precio que exceda al crédito adeudado, el excedente será recobrado por los síndicos; y si el precio fuere inferior a dicho crédito, el acreedor con prenda entrará en la masa a prorrata por la diferencia, como un acreedor ordinario.

Art. 549. – El salario que hubieren ganado los artesanos en servicio directo del quebrado, durante el mes que precediere a la declaración de quiebra, entrará en el número de los créditos privilegiados, en el rango del privilegio establecido en el art. 2101 del Código Civil, para el salario de los criados.

El mismo rango ocuparán los sueldos que se deban a los dependientes por los seis meses precedentes a la declaración de la quiebra.

Art. 550. – El art. 2102 del Código Civil queda modificado, con respecto a las quiebras, en los términos siguientes: cuando se rescindiere el contrato de arrendamiento, el propietario de inmuebles afectos a la industria o al comercio del quebrado, tendrá privilegio por los dos últimos años de locación devengados antes de la sentencia declaratoria de la quiebra, por el año corriente, por todo lo que concierna a la ejecución del dicho contrato, y por los daños y perjuicios que los tribunales pudieran adjudicarle.

En caso de no rescindirse el contrato, una vez satisfecho el arrendador de todos los alquileres devengados, no podrá exigir el pago de los alquileres corrientes o por devengar, si se le continúan las seguridades que le fueron dadas al estipular el contrato, o si las que le proveyeron después de la quiebra, fueren estimadas como suficientes.

Cuando hubiere venta y transporte de los muebles del ajuar correspondiente a las fincas alquiladas, el arrendador podrá ejercer su privilegio, como en el caso de la rescisión antedicha, y además, por la anualidad que se devengare, contando desde la expiración del año corriente, aunque el arrendamiento tenga o no fecha cierta.

Los síndicos podrán continuar o ceder el contrato por todo el tiempo que falte para su término, quedando a cargo de ellos o de sus cesionarios retener en el inmueble gaje suficiente y ejecutar, a medida que venzan los términos, todas las obligaciones que resulten del derecho o de la convención; pero sin que se pueda cambiar el destino de los lugares.

En caso de que el contrato contenga prohibición de ceder el arrendamiento o de subalquilar, los acreedores no podrán aprovechar la locación sino por el tiempo correspondiente a los alquileres que el arrendador haya percibido como anticipos, y siempre sin poderse cambiar el destino de los lugares.

El privilegio y el derecho de reivindicación establecidos por el número 4 del art. 2102 del Código Civil, en beneficio del vendedor de efectos muebles, no se admitirán en caso de quiebra.

Art. 551. – Los síndicos presentarán al juez comisario el estado de los acreedores que pretendan ser privilegiados respecto a los bienes muebles; y el juez comisario autorizará si ha lugar, el pago de dichos acreedores con las primeras cantidades que ingresen.

SECCIÓN 3a.

De los derechos que corresponden a los acreedores hipotecarios y privilegiados respecto de los inmuebles

Art. 552. – Cuando la distribución del importe de los inmuebles se hiciere con anterioridad a la del importe de los bienes muebles o simultáneamente, los acreedores privilegiados o hipotecarios, que no resultaren saldos con el importe de los inmuebles concurrirán, en proporción de lo que se les quede a deber, con los acreedores quirografarios, a tomar parte del dinero efectivo perteneciente a la masa quirografaria, con tal que sus créditos hayan sido verificados y afirmados con arreglo a las formas arriba prescritas.

Art. 553. – Cuando una o muchas distribuciones de cantidades provenientes del mobiliario, preceden a la distribución del importe de los inmuebles, los acreedores privilegiados e hipotecarios ya verificados y afirmados concurrirán a las reparticiones en proporción de sus créditos totales, y salvas, cuando el caso ocurra, las distracciones que van a indicarse a continuación.

Art. 554. – Después de la venta de los inmuebles y del arreglo definitivo del orden entre los acreedores hipotecarios y privilegiados, los que de ellos estén en el orden útil respecto del importe de los inmuebles por la totalidad de su crédito, no percibirán el monto de su colocación hipotecaria, sino haciéndoseles la deducción de las cantidades que ya hubieren recibido de la masa quirografaria.

Las sumas deducidas por tal concepto no permanecerán en la masa hipotecaria, sino que volverán a la masa quirografaria, en provecho de la cual se efectuará la distracción de dichas sumas.

Art. 555. – En cuanto a los acreedores hipotecarios que no estuvieren colocados sino parcialmente para la distribución del importe de los inmuebles, se procederá del modo siguiente: se graduarán definitivamente sus derechos sobre la masa quirografaria, con arreglo a las cantidades que se les queden a deber después de su colocación para el producto inmobiliario, y las sumas que hubieren percibido de más sobre dicha proporción, en la distribución anterior, les serán deducidas del monto de su colocación hipotecaria, y se devolverán a la masa quirografaria.

Art. 556.- Los acreedores que no estuvieren colocados en orden útil, serán considerados como quirografarios, y en tal concepto quedarán sometidos a los efectos del concordato y de todas las operaciones relativas a la masa quirografaria.

SECCIÓN 4a.

De los derechos de las mujeres

Art. 557. – Siempre que ocurra la quiebra del marido, sin que hayan ingresado en el régimen de la comunidad los inmuebles aportados por la mujer, ésta recobrará los mismos inmuebles en naturaleza, como también los que hubieren recaído en ella por sucesión o por donación entre vivos o testamentaria.

Art. 558. – La mujer recobrará igualmente los inmuebles adquiridos por ella y en nombre suyo, con el dinero proveniente de dichas sucesiones y donaciones, con tal que la declaración de este empleo se halle expresamente estipulada en el contrato de adquisición, y que el origen del dinero conste por inventario o por cualquier otro acto auténtico.

Art. 559. – Sea cual fuere el régimen bajo el cual se haya efectuado el contrato de matrimonio, excepto el caso del artículo precedente, existe la presunción legal de que los bienes adquiridos por la mujer del quebrado pertenecen al marido, han sido comprados con el dinero de estar, y deben incorporarse en la masa de su activo; quedando a salvo el derecho de la mujer, de suministrar la prueba de los contrario.

Art. 560. – Podrá la mujer recobrar en naturaleza los efectos mobiliarios que se hubieren constituido en favor suyo por contrato de matrimonio o que haya recaído en ella por sucesión, donación entre vivos o testamentaria, y que no hayan entrado en comunidad, siempre y cuando se pruebe la identidad de tales objetos por inventario o por cualquier otro acto auténtico.

Omitida esta prueba por parte de la mujer, todos los efectos mobiliarios, del uso del mando como del de la mujer, sea cual fuere el régimen bajo el cual se contrajera el matrimonio, corresponderán a los acreedores, quedando a cargo de los síndicos, autorizados por el juez comisario, entregar a la mujer los vestidos y lencería necesarios para su uso.

Art. 561. – La acción en recobro que resulte de las disposiciones de los arts. 557 y 558, no se ejercerá por la mujer, sino asumiendo el gravamen de las deudas e hipotecas a que los bienes estén legalmente afectos, bien sea que la mujer se haya comprometido a ello voluntariamente, o que haya sido condenada a tal obligación.

 

Art. 562. – Cuando la mujer haya pagado deudas por su marido, existe la presunción legal de que lo ha hecho con dinero del mismo, y por consiguiente no podrá ejercer ninguna acción en la quiebra, salvo la prueba en contrario, según se ha dicho en el art. 559.

Art. 563. – Siendo comerciante el mando al tiempo de efectuarse el matrimonio, o en el caso de que, sin ejercer en aquella sazón otra profesión determinada, hubiera adoptado la de comerciante durante el curso del mismo año, los inmuebles que le pertenecieren en la época de la celebración del matrimonio, o que después hubieren recaído en él, sea por sucesión, sea por donación entre vivos o testamentaria, sólo estarán sometidos a la hipoteca de la mujer:

1o. por el dinero efectivo y los efectos mobiliarios que ella aportara en dote, o que hayan venido a ser de su propiedad, después del matrimonio, por sucesión o donación entre vivos o testamentaria, y de los cuales habrá de probar la entrega o el pago por acto que tenga fecha cierta;

2o. por la reinversión del importe de sus bienes enajenados durante el matrimonio;

3o. por la indemnización de las deudas que ella hubiere contraído en compañía de su marido.

Art. 564.- No podrá ejercer ninguna acción en la quiebra, por efecto de las ventajas estipuladas en el contrato de matrimonio, la mujer cuyo mando fuera comerciante en la época en que se efectúe el matrimonio, o aquélla cuyo marido, careciendo en la expresada época de otra profesión determinada, se hiciera comerciante durante el curso del año que siguió al dicho acto matrimonial; y en tal caso, los acreedores por su parte no podrán prevalerse de las ventajas otorgadas por la mujer al marido en el referido contrato.

Art.  565.  –  El  monto  del  activo  mobiliario,  extraídos  los  gastos  y costas de la administración de la quiebra, las asignaciones alimenticias que se hubieren acordado al quebrado o a su familia, y las sumas pagadas a los acreedores privilegiados, se distribuirá entre los acreedores a prorrata de sus créditos verificados y afirmados.

Art. 566.- Con este fin, los síndicos pasarán mensualmente al juez comisario relación exacta del estado de la quiebra y del dinero depositado en el tesoro público: el juez comisario ordenará, si hubiere lugar, una distribución entre los acreedores, fijará la cantidad y vigilará que todos los acreedores sean advertidos de ello.

Art. 567. –  No se procederá a ninguna distribución de pago entre los acreedores domiciliados en la República, sino después de haberse puesto en reserva la parte de los créditos consignados en el balance correspondiente acreedores domiciliados en el extranjero.

Cuando estos créditos no figuraren con exactitud en el balance, el juez comisario podrá decidir que se aumente la reserva, salvo el derecho de los síndicos para impugnar esta decisión ante el tribunal de comercio.

Art. 568. – Esta parte se pondrá en reserva y permanecerá en el tesoro público hasta la expiración del plazo fijado en el último párrafo del art. 492: se repartirá entre los acreedores reconocidos, si los domiciliados en países extranjeros no hubieren hecho verificar sus créditos según las disposiciones del presente Código.

Igual reserva se hará respecto de los créditos sobre cuya admisión no se haya estatuido definitivamente.

Art. 569- Los síndicos no podrán hacer ningún pago, sino en virtud a la presentación del título constitutivo del crédito, sobre el cual se extenderá la nota del pago hecho por ellos, u ordenado conforme al art. 489.

Sin embargo, en caso de imposibilidad de presentar el título, el juez comisario podrá autorizar el pago en vista del estado de graduación de créditos.

En todos los casos, el acreedor extenderá su recibo al margen del estado de distribución.

Art. 570. – La unión de acreedores podrá hacerse autorizar por el tribunal de comercio, siendo el quebrado debidamente citado, a ajustar al tanto el todo o parte de los derechos y acciones que no hayan podido recobrarse y a enajenarlos; en este caso, los síndicos practicarán los actos necesarios.

Cualquier acreedor podrá dirigirse al juez comisario para provocar un acuerdo de la unión de acreedores sobre dicho particular.

Art. 571. – A contar de la sentencia declaratoria de la quiebra, los acreedores no podrán proceder a la expropiación forzosa de los inmuebles sobre los cuales no hubiere hipotecas.

Art.  572.  –  Si  antes  de  la  época  de  la  unión  de  acreedores  no se  hubiere  comenzado la expropiación, los síndicos sólo serán admitidos a promover la venta: estarán obligados a proceder a ella en la octava, mediante la autorización del juez comisario, según las formalidades prescritas para la venta de bienes de menores.

Art. 573. – La puja ulterior a la adjudicación de los inmuebles del quebrado, promovida por los síndicos, no tendrá lugar sino bajo las condiciones y en las formas siguientes: la puja ulterior deberá hacerse dentro de los quince días de la adjudicación; no podrá ser de menos de la décima parte del precio principal de la adjudicación; se hará en la secretaría del tribunal de primera instancia, según las formalidades prescritas por los arts. 708 y 709 del Código de Procedimiento Civil; cualquiera persona será admitida a establecerla y a concurrir a la adjudicación a causa de dicha puja ulterior.

Esta adjudicación será definitiva y no podrá ser objeto de nueva puja ulterior.

Art. 574. – En caso de quiebra, se podrán reivindicar las entregas en efectos de comercio u otros títulos aún no pagados que se hallaren en naturaleza en la papelera del quebrado en la época de la quiebra, cuando el propietario hubiere hecho dichas entregas con la simple orden de realizar el cobro de las mismas y conservar el valor a su disposición, o que las hubiere especialmente afectado a pagos determinados.

Art. 575. – Podrán también reivindicarse, en todo o parte, durante todo el tiempo que existan en naturaleza, las mercancías consignadas al quebrado a título de depósito o para ser vendidas por cuenta del propietario.

Podrá también reivindicarse el importe o parte del importe de las dichas mercancías que no haya sido pagada, ni regulado en valor, ni compensado en cuenta corriente entre el quebrado y el comprador.

Art. 576.- Podrán reivindicarse las mercancías enviadas al quebrado en tanto que la entrega de ellas no se haya efectuado en sus almacenes, o en los del comisionista encargado de venderlas por cuenta del quebrado.

Sin embargo, la reivindicación no podrá tener lugar si antes de llegar las mercancías fueren vendidas, sin fraude, sobre facturas, conocimientos o cartas de porte firmadas por el remitente.

El que reivindique estará obligado a rembolsar a la masa lo recibido a cuenta, así como todos los anticipos hechos por flete o por porte, comisión, seguros, otros gastos, y pagar las sumas que debieren por las causas expresadas.

Art. 577. – El vendedor podrá retener las mercancías que hubiere vendido y no se hubieren entregado al quebrado, o que no se hubieren remitido ni a él ni a un tercero por su cuenta.

Art. 578.- En los casos previstos por los dos artículos precedentes, y con la autorización del juez comisario, los síndicos tendrán la facultad de exigir la entrega de las mercancías, pagando al vendedor el precio que éste hubiere convenido con el quebrado.

Art. 579. – Los síndicos podrán, con la aprobación del juez comisario, admitir las demandas en reivindicación; si hubiere contestación, el tribunal sentenciará después de haber oído al juez comisario.

Art. 580. – La sentencia declaratoria de la quiebra, y la que fijare la retroacción de la época de la cesación de pagos, podrán ser impugnadas por la vía de la oposición, de parte del quebrado, en la octava; y de parte de todo otro interesado, durante un mes.

Dichos plazos se contarán desde que se hubieren cumplido las formalidades de la fijación de edictos y de la inserción en los periódicos de que trata el art. 442.

Art. 581. – Después de los términos señalados para la verificación y afirmación de los créditos, no se admitirá ninguna demanda de los acreedores encaminada a hacer fijar la fecha de la cesación de pagos, para época distinta de la que resultare de la sentencia declaratoria de la quiebra o de fallo posterior.

Expirados dichos términos, la época de la cesación de pagos quedará irrevocablemente fijada respecto de los acreedores.

Art. 582. – El término para interponer apelación de toda sentencia recaída en asunto de quiebra, será solamente de quince días contados del de su notificación.

Este término se aumentará con el de un día por cada tres leguas, en favor de las partes que estuvieren domiciliadas a una distancia mayor de tres leguas del lugar en donde esté establecido el tribunal.

Art. 583. – No estarán sujetas a apelación ni a oposición:

1o. las sentencias relativas al nombramiento o reemplazo del juez comisario ni al nombramiento o revocación de los síndicos;

2o. las sentencias que se pronuncien en las damandas sobre salvoconducto al quebraro, respecto de asignación alimenticia a éste y a su familia;

3o. las que autoricen la venta de los efectos o mercancías pertenecientes al quebrado;

4o. las que declaren la suspensión del concordato o la admisión provisional de acreedores contestados;

5o. las sentencias en virtud de las cuales el tribunal de comercio estatuya en los recursos establecidos respecto de los autos del juez comisario, pronunciados dentro de los límites de sus atribuciones.

Art. 584.- Los casos de bancarrota siempre serán castigados con las penas establecidas en el Código Penal, y juzgados por el Tribunal Correccional a diligencia de los síndicos, de cualquier acreedor o del fiscal.

Art. 585. – Se declarará en bancarrota simple, al comerciante quebrado que se hallare en uno de los casos siguientes:

1o. si sus gastos domésticos o personales se juzgaren excesivos;

2o. si hubiere gastado gruesas sumas, sea en negociaciones de puro azar, sea en operaciones ficticias de bolsa o de mercancías;

3o. si con la intención de retardar su quiebra, hubiere hecho compras para revender por menos precio; y si con la misma intención hubiere contraído empréstito o puesto en circulación efectos de comercio, o hubiere apelado a otros medios ruinosos para procurarse fondos;

4o. si después de la cesación de pagos hubiere pagado a algún acreedor con perjuicio de la masa.

Art. 586.- (Mod. Ley 5006 del 28 del año de 1911)

Podrá declararse en bancarrota simple, al comerciante quebrado que se encontrare en uno de los casos siguientes:

1o. si hubiere contraído, por cuenta de otro sin recibir valores en cambio, compromisos considerados excesivos en vista de su situación cuando los contrajo;

2o. si fuere de nuevo declarado en quiebra sin haber cumplido las obligaciones del precedente concordato;

3o. si estando casado bajo el régimen dotal o hallándose separado de bienes, no se hubiere conformado a las disposiciones de los arts. 69 y 70;

4o. si dentro de los tres días de la cesación de pago, no hubiere hecho en la secretaría del tribunal de comercio, la declaratoria exigida por los arts. 438 y 439, o si dicha declaración no contuviere los nombres de todos los asociados solidarios;

5o. si, sin tener impedimento legítimo, no se hubiere presentado personalmente ante los síndicos, en los casos y plazos fijados, o si después de haber obtenido salvo-conducto no se hubieren presentado a la justicia.

Art. 587. – Las costas del procedimiento judicial en bancarrota simple, promovida por el fiscal, no podrán ser en ningún caso de cargo de la masa de la quiebra.

En caso de concordato, el recurso de la parte pública contra el quebrado por estos pagos, no podrá ejercerse sino después de la expiración de los plazos acordados por dicho contrato.

Art. 588. – Las costas del procedimiento judicial promovido por los síndicos, en nombre de los acreedores, correrán a cargo de la masa, si hubiere absolución del quebrado; y si hubiere condenación, correrán a cargo del quebrado.

Art. 589. – Los síndicos no podrán intentar procedimientos judiciales en bancarrota simple, ni constituirse parte civil en nombre de la masa, sino después de haber sido autorizados por un acuerdo de la mayoría individual de los acreedores presentes.

Art. 590. – Los gastos del procedimiento judicial, promovido por un acreedor, serán de cargo del quebrado, si hubiere condenación; cuando hubiere absolución del quebrado, correrán por cuenta del acreedor promovente.

Art. 591. – (Mod. Ley 5006 del 28 de junio de 1911)

Será  declarado  en  bancarrota  fraudulenta  y  castigado  con  las  penas señaladas en el Código Penal:

1o. el comerciante quebrado que hubiere sustraído sus libros, u ocultado o disimulado parte de su activo;

 

2o. el comerciante quebrado a quien se le hubiere reconocido fraude cometido en escritos, actos públicos o bajo firma privada o por su balance constituyéndose deudor de sumas que no debiere;

3o. el que no hubiere llevado libros o los hubiere llevado con irregularidad;

4o. el que no hubiere formado con exactitud el inventario o el que no ofreciere en sus libros su verdadera situación activa y pasiva.

Art. 592. – Los gastos del procedimiento judicial, en bancarrota fraudulenta, no podrán, en ningún caso, aplicarse a la masa.

Si uno o varios acreedores se constituyeren parte civil en su nombre personal, los gastos, en caso de absolución del quebrado, correrán de cuenta del promovente del juicio.

Art. 593. – Se castigarán con las penas señaladas para la bancarrota fraudulenta:

1o. las personas convencidas de haber sustraído, ocultado o disimulado, en interés del quebrado, todo o parte de los bienes muebles o inmuebles de éste; sin perjuicio de los demás casos previstos por el art. 60 del Código Penal;

2o. las personas convencidas de haber presentado fraudulentamente en la quiebra y ratificado, sea en su nombre o por persona interpuesta, créditos supuestos;

3o. las personas que, ejerciendo el comercio, en nombre de otro o con nombre supuesto, se hicieren culpables de los hechos previsto en el art. 591.

Art. 594. – El cónyuge, los descendientes o ascendientes del quebrado, o sus afines en los mismos grados, que hubieren ocultado, distraído o encubierto efectos pertenecientes a la quiebra, sin haber obrado en complicidad con él, serán castigados con las penas señaladas para el robo.

Art. 595.- En los casos previstos por los artículos precedentes, los tribunales estatuirán, aún cuando hubiere absolución del quebrado:

1o. de oficio, respecto a la reintegración a la masa de los acreedores de todos los bienes, derechos o acciones fraudulentamente sustraídos;

2o. respecto de los daños y perjuicios que fueren pedidos y que la sentencia señalare.

Art. 596. – El síndico que se hiciere culpable de malversación en su gestión, será castigado correccionalmente con las penas señaladas en el art. 406 del Código Penal.

Art. 597. – El acreedor que hubiere estipulado, sea con el quebrado, sea con cualquiera otra persona, ventajas particulares por su voto en las deliberaciones de la quiebra, o que hubiere hecho convenio particular en virtud del cual obtuviere en su provecho ventajas a cargo del activo del quebrado, será castigado correccionalmente con prisión que no exceda de un año, y multa que no pase de cuatrocientos pesos.

La  prisión  podrá  aumentarse  a  dos  años,  si   el  acreedor  fuere   un síndico en la  quiebra.

Art. 598. – Los convenios serán además declarados nulos respecto de cualquiera persona, y también del quebrado.

El acreedor estará obligado a reintegrar a quien sea de derecho, las sumas o valores que hubiere recibido en virtud de los convenios declarados nulos.

Art. 599. – En los casos que la anulación de un convenio de la naturaleza expresada sea promovida por la vía civil, la acción se ejercerá ante los tribunales de comercio.

Art. 600. – Las sentencias de condenación, dadas en virtud del presente capítulo y de los precedentes, se fijarán por edictos, y se publicarán según las formas establecidas por el art. 42 del presente Código, siendo las costas de todo ello a cargo de los condenados.

Art. 601. – En los casos de procedimiento y condenación por bancarrota simple o fraudulenta, las acciones civiles, fuera de las que se ha hablado en el art. 595, se sustanciarán por separado; y las disposiciones relativas a los bienes, prescritas para la quiebra, serán ejecutadas, sin que puedan ser atribuidas a los tribunales correccionales o criminales ni avocadas por éstos.

Art. 602. – Estarán, sin embargo, los síndicos obligados a entregar al fiscal los documentos, títulos, papeles y datos que se les pidan.

Art. 603. – Los documentos, títulos y papeles entregados por los síndicos, se mantendrán durante la instrucción de la causa, en estado de comunicación por vía de la secretaría del tribunal; esta comunicación tendrá lugar a requerimiento de los síndicos, quienes podrán sacar los documentos privados o requerir los auténticos, que les serán expedidos por el secretario.

Los documentos, títulos y papeles cuyo depósito judicial no haya sido ordenado, serán entregados, después de la sentencia, a los síndicos quienes librarán el descargo.

Art. 604. – Podrá obtener su rehabilitación, el quebrado que hubiere satisfecho íntegramente el capital, los intereses y los gastos de todas las sumas que adeudare.

Si es socio de una casa de comercio en quiebra, no podrá obtenerla sino después de haber justificado que todas las deudas de la compañía han sido pagadas íntegramente en capital, intereses y gastos, aún cuando le hubiere favorecido un concordato particular.

Art. 605. – Toda demanda en rehabilitación se dirigirá a la Suprema Corte de Justicia.

El demandante deberá unir a su instancia, la carta de pago y otros documentos justificativos.

Art. 606. – El ministro fiscal, en vista de la comunicación que se le haga de la instancia, enviará copias de ésta, certificadas por él, al fiscal y al presidente del tribunal de comercio del domicilio del peticionario; y si éste hubiere cambiado de domicilio después de la quiebra, al del distrito en que la quiebra hubiere tenido lugar, encargándoles recoger todos los datos posibles sobre la veracidad de los hechos expuestos.

Art. 607. – A este efecto, previa diligencia del fiscal y del presidente del tribunal de comercio, quedará fijada durante dos meses una copia de dicha instancia, tanto en lass alas de audiencias de cada tribunal, como en la bolsa y en la casa del Ayuntamiento, insertándose por extracto en los periódicos, si los hubiere en el lugar, y si no, en el del más cercano.

Art. 608. – Todo acreedor a quien no se hubiere  pagado íntegramente el capital, los  intereses  y  los gastos  de  sus  créditos,  y  cualquiera  otra parte   interesada podrán, mientras  dure  la  fijación  de  la  copia  de  la instancia, formar oposición a la  rehabilitación, mediante simpre acto en la secretaría, apoyado por documentos justificativos.

El   acreedor   oponente   no   podrá   nunca ser parte en el procedimiento  de rehabilitación.

Art. 609. – Expirado el plazo de dos meses, el fiscal y el presidente del tribunal de comercio transmitirán al ministro fiscal, cada uno separadamente, los datos que hubieren recogido y las oposiciones que se hubieren podido formar.

A ellas unirán su opinión sobre la demanda.

Art. 610. – El ministro fiscal hará que se dicte un fallo, admitiendo o rechazando la demanda de rehabilitación.

Si se rechazare la demanda, no se podrá reproducir sino después de transcurrido un año.

Art. 611. – El fallo que rehabilite al quebrado, se trasmitirá a los fiscales y a los presidentes de los tribunales que hubieren recibido la demanda.

Estos tribunales harán que se lea públicamente dicho fallo, y que se transcriba en los registros.

Art. 612. – No serán admitidos a la rehabilitación: los que hubieren hecho bancarrota fraudulenta; los condenados por robo, estafa o abuso de confianza; los estelionatarios; los tutores, administradores u otros cuentadantes que no hubieren rendido y saldado sus cuentas.

El bancarrotero simple que hubiere cumplido la pena a que se le condenó, puede ser admitido a la rehabilitación.

Art. 613. – No se podrá presentar en la bolsa el comerciante quebrado, a menos que haya obtenido su rehabilitación.

Art. 614. – Podrá rehabilitarse al quebrado después de su muerte.

Art. 615. – Queda a cargo de los tribunales de primera instancia, el conocimiento de los negocios comerciales que ocurran en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 616. – Los abogados sólo podrán representar ante los tribunales de comercio, en calidad de apoderados especiales de las partes.

Art. 617. – Es obligatorio el ministerio de los abogados ante la Corte de Apelación, en la apelación de las decisiones de los tribunales en asuntos de comercio.

Art. 618. – (Mod. Ley 682 del 27 de octubre de 1921)

Los abogados no necesitarán de un poder especial escrito para defender a una parte ante los tribunales de comercio, quedando sujetos sin embargo, en materia comercial, a la misma responsabilidad establecida en el Título XVIII del Código de Procedimiento Civil.

Cualquiera otra persona encargada de la defensa que no sea un abogado, deberá ser autorizada por la parte en la misma audiencia o mediante un poder especial.

Art. 619. – Este poder, que podrá darse al pie del original del emplazamiento, se mostrará al Secretario antes de la vista de la causa, y éste lo visará sin costas.

Art. 620. – Queda prohibido a los magistrados, de cualquier tribunal, representar a las partes en asuntos comerciales, a menos que se hallen comprendidos en las excepciones del art. 86 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 621. – Ningún alguacil podrá asistir como consultor, ni representar a las partes en calidad de apoderado especial en las causas de comercio que se lleven a los tribunales, bajo la pena de una multa de cinco a diez pesos que se impondrá, sin apelación, por el tribunal; sin perjuicio de las penas disciplinarias a que hubiere lugar.

Los arts. del 622 al 630, fueron suprimidos por la Constitución.

Art. 631. – (Mod. art. 6, Ley 845 del 15 de julio de 1978) Los tribunales de comercio conocerán:

1o. de todas las contestaciones relativas a los compromisos y transacciones entre negociantes, comerciantes y banqueros;

2o. de las contestaciones entre asociados por razón de una compañía de comercio;

3o. de las contestaciones relativas a los actos de comercio entre cualesquiera personas.

Sin embargo, las partes podrán, en el momento en que ellas contratan, convenir en someter a árbitros las contestaciones arriba enumeradas, cuando éstas se produzcan.

Art. 632. – La ley reputa actos de comercio: toda compra de géneros y mercancías para revenderlos, sea en naturaleza, sea después de haberlas trabajado, y puesto en obra, o aún para alquilar simplemente su uso; toda empresa de manufacturas, de comisión, de transporte por tierra o por agua; toda empresa de suministros, de agencias, oficinas de negocios, establecimientos de ventas a remate, de espectáculos públicos; toda operación de cambio, banca y corretaje; todas las operaciones de las bancas públicas; todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y banqueros; entre todas las personas las letras de cambio o remesas de dineros, hechas de plaza a plaza.

Art.  633.  –  La  ley  reputa  del  mismo  modo  actos  de  comercio:  toda empresa de construcción   y  todas   las   compras,   ventas y reventas de buques para la navegación interios y exterior; todas las expediciones marítimas; toda compra o venta de aparejos, pertrechos y vituallas para las embarcaciones; todo fletamento, empréstito o préstamo a la gruesa; todos los seguros y otros contratos concernientes al comercio marítimo; todos los acuerdos y convenciones por salarios y sueldos de la tripulación; todos los compromisos de la gente de mar, para el servicio de los buques mercantes.

Art. 634. – Conocerán asimismo los tribunales de comercio: de las acciones contra los factores, dependientes de los comerciantes o sus servidores, por causa únicamente del tráfico del comerciante al que están ligados; de los billetes hechos por receptores, pagadores, perceptores u otros cuentadantes de los fondos públicos.

Art. 635. – Los tribunales de comercio conocerán de todo lo concerniente a las quiebras, conforme a lo prescrito en el Libro III del presente Código.

Art. 636.- Cuando las letras de cambio no se reputen sino como simples promesas, según los términos del art. 112, o cuando los pagarés a la orden no lleven sino firmas de individuos no comerciantes, y no tengan por causa operaciones de comercio, tráfico, cambio, banca o corretaje, el tribunal estará obligado a remitir las partes a la jurisdicción civil, si así lo requiere el demandado.

Art. 637. – Cuando dichas letras de cambio y dichos pagarés a la orden lleven al mismo tiempo las firmas de individuos comerciantes y de otros que no lo fueren, el tribunal de comercio conocerá del asunto.

Art. 638. – No serán de la competencia de los tribunales de comercio: las acciones intentadas contra un propietario cultivador, por venta de efectos provenientes de su cosecha, ni las acciones intentadas contra un comerciante por pago de efectos y mercancías compradas para su uso particular.

Sin embargo los pagarés suscritos por in comerciante se reputarán hechos para su comercio; y los de los receptores, pagodores, perceptores y otros administradores de los fondos públicos, se presumen hechos para su gestión, cuando en ellos no se enunciare otra causa.

Art. 639. – Los tribunales de comercio juzgarán y decidirán en última instancia:

1o. todas las demandas, en las cuales las partes justiciables ante esos tribunales y en uso de sus derechos, hubieren declarado querer se les juzgue definitivamente y sin apelación;

2o. Todas las demandas cuyo principal no excediere de trescientos pesos

3o. Las demandas reconvencionales o en compensación, aún cuando reunidas a la principal, excedieren de trescientos pesos.

Si una de las demandas, la principal o la reconvencional se elevare a más de los límites ya indicados, el tribunal no pronunciará sobre todas sino en primera instancia.

Art. 640. – Sin embargo, se decidirá en último recurso sobre las demandas por daños y perjuicios, cuando estén fundadas exclusivamente en la misma demanda principal.

Art. 641. – El fiscal podrá ser oído en los asuntos comerciales, si el tribunal lo juzgare conveniente.

Art. 642. – La forma del procedimiento por ante los tribunales de comercio, se arreglará a lo dispuesto en el título XXV del Libro II, primera parte del Código de Procedimiento Civil.

Art. 643. – (Mod. art. 9, Ley 845 del 15 de julio de 1978)

Sin embargo, el art. 156, 158 y 159 del mismo Código, relativo a las sentencias en defecto dictadas por los tribunales inferiores, será aplicable a las sentencias en defecto dictadas por los tribunales de comercio.

Art. 644. – Las apelaciones de las sentencias de los tribunales de comercio se llevarán por ante la Corte de Apelación.

Art. 645. – La apelación se podrá interponer el mismo día de la sentencia.

Art. 646. – En los límites de la competencia  fijados por el art. 639 para el último recurso, no se recibirá la apelación, aún cuando la sentencia no enuncie que se ha dictado en última instancia, y aunque enunciase que se ha dictado a cargo de apelación.

 

Art. 647. – Derogado por el art. 9 de la Ley 845 del 15 de julio de 1978.

 

Art. 648. – Las apelaciones de las sentencias de los tribunales de comercio se instruirán y juzgarán en la Corte de Apelación, como apelaciones de sentencias dictada en materia sumaria.

 

El procedimiento, hasta la sentencia definitiva inclusive, será de conformidad a lo que se prescribe para las causas de apelación en materia civil, en el Libro III de la primera parte del Código de Procedimiento Civil.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

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