Un tribunal arbitral, operando bajo las reglas UNICTRAL 2010, ha emitido un laudo final ordenando que un reclamante registrado en Panamá, Silverton Finance Service Inc., asuma todos los costos asociados con una demanda de corta duración bajo el tratado de inversión bilateral Panamá-República Dominicana.

El demandante había invertido en un proyecto residencial costero en la zona de Casa Campo, República Dominicana. Sin embargo, el demandante intentó responsabilizar al Estado dominicano de las presuntas pérdidas derivadas del desarrollo ilegal de una propiedad adyacente que eclipsaba la propiedad del demandante.

En el último trimestre del 2016, fue constituido un tribunal compuesto por Bernardo Cremades (http://www.iareporter.com/arbitrator/Cremades) (presidente, elegido por los co-árbitros), J. Eloy Anzola (candidato del demandante) y Franco Ferrari (Http://www.iareporter.com/arbitrator/Ferrari) (el candidato del demandado) para oír el caso.

Sin embargo, a medida que el tribunal comenzó a formular instrucciones procesales para el caso, incluyendo una dirección -en respuesta a los deseos del demandado- de que los idiomas oficiales del proceso fueran el español y el inglés, el demandante empezó a echarse atrás. En diciembre del 2016, el demandante alegó que el costo de traducir todos los documentos oficiales y alegatos en ambos idiomas era prohibitivo para una demanda donde el monto de los daños era de sólo $ 1-1.5 millones. En consecuencia, el demandante indicó que deseaba retirar la demanda sin perjuicio de ello. A raíz de la solicitud del demandado de que la reclamación se retirara «con perjuicio», el demandante accedió.

Luego de que el demandante acepta retirarse «con perjuicio», todavía enfrenta la demanda de quien asuma todos los costos

Sin embargo, las dos partes no estuvieron de acuerdo en cuanto a la forma en que debían soportarse los costos del procedimiento, y el demandante instó a que cada parte asumiera sus propios honorarios legales y dividieran los costos del tribunal. El demandado contestó que el demandante era la parte que fracasó y urgió al tribunal a ordenar al demandante que asumiera todos costos razonables.

En un laudo breve de solo 14 páginas, que no lleva fecha obvia, aparte las fechas en que los respectivos árbitros lo firmaron (es decir, en el período entre el 10 y el 15 de marzo del 2017), el tribunal dictaminó que el demandante, a fuerza de su retiro con prejuicios, debe considerarse la «parte fracasada» en el caso.

Es más, el tribunal no quedó convencido del alegato del demandante de que la única razón para retirar su reclamación eran los costos que se derivarían de la decisión de utilizar dos idiomas oficiales en el procedimiento. El tribunal añadió que el caso habría implicado importantes cuestiones de jurisdicción y de fondo y que los costos de la traducción probablemente no hubieran desempeñado un papel crucial para que el arbitraje fuera demasiado costoso para procesar.

Más importante aun, el tribunal no vio razón alguna por la que el demandado debía soportar «gastos y honorarios significativos para defenderse hasta la fecha» en un caso que el demandante había iniciado y que más tarde trató de abandonar.

Considerando los honorarios legales reclamados del demandado como razonables, el tribunal, por mayoría, sentenció al demandante al pago de estos $ 380,000 en honorarios legales, así como los costos modestos de los árbitros ($ 27,000 en honorarios totales).

El demandante estuvo representado por dos abogados, Alberto Croze y Guillermo Gómez Herrera.

El demandado estuvo representado por el bufete Bryan Cave (Miami) y la firma dominicana DMK Lawyers-Central Law.

Fuente: iareporter[:en]

An arbitral tribunal operating under the 2010 UNCITRAL rules has issued a final award ordering that a Panama-registered claimant, Silverton Finance Service Inc., bear all costs associated with a short-lived claim under the Panama-Dominican Republic bilateral investment treaty.

The claimant had invested in a residential coastal development in the Casa Campos area of The Dominican Republic. However, the claimant sought to hold the Dominican state liable for alleged losses arising out of the illegal development of an adjacent property that overshadowed the claimant’s property.

In the final quarter of 2016, a tribunal of Bernardo Cremades (http://www.iareporter.com/arbitrator/Cremades) (chair, chosen by co- arbitrators), J. Eloy Anzola (claimant’s nominee), and Franco Ferrari (http://www.iareporter.com/arbitrator/Ferrari) (respondent’s nominee) was constituted to hear the case.

However, as the tribunal began to make certain procedural directions for the case, including a direction – in response to the respondent’s wishes – that the official languages of the proceedings be Spanish and English, the claimant began to get cold feet. In December of 2016, the claimant contended that the cost of translating all official documents and pleadings into both languages was prohibitive for a claim where the quantum of damages was only $1-1.5 million. Accordingly, the claimant indicated that it wished to withdraw the claim on a without prejudice basis. Following the respondent’s demand that the claim be withdrawn on a “with prejudice” basis instead, the claimant acquiesced.

After claimant agrees to withdraw on a “with prejudice” basis, it still faces demand that it bear all costs

However, the two parties disagreed as to how the costs of the proceedings should be borne, with the claimant urging that each side bear its own legal fees and split the tribunal costs. The respondent countered that the claimant was the unsuccessful party, and urged the tribunal to order the claimant to bear all reasonable costs.

In a short 14 page award that bears no obvious date, apart from the dates when the respective arbitrators signed it (i.e. in the period from March 10-15, 2017), the tribunal ruled that the claimant, by dint of its with prejudice withdrawal, should be deemed the “unsuccessful party” in the case.

Moreover, the tribunal was not persuaded by the claimant’s contention that the sole reason for withdrawing its claim was the costs that would arise as a result of the decision to use two official languages in the proceedings. The tribunal added that the case would have involved significant jurisdictional and merits issues, and that the costs of translation were unlikely to have played a crucial role in rendering the arbitration too expensive to prosecute.

Of more importance, the tribunal saw no reason why the respondent should bear “significant expenses and fees in defending itself to date” in a case which the claimant had initiated and later sought to abandon.

Deeming the respondent’s claimed legal fees to be reasonable, the tribunal, by majority, ordered the claimant to bear this $380,000 in legal fees, as well as the modest costs of the arbitrators ($27,000 in total fees).

The claimant was represented by a pair of Dominican-based lawyers, Alberto Croze and Guillermo Gomez Herrera.

The respondent was represented by the law firm Bryan Cave (Miami), and the Dominican firm DMK Lawyers.

Source: iareporter[:]


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