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Ponen en Circulación el Libro “Inversiones Extranjeras en el Sector Energético en Latinoamérica”

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Primeramente quiero agradecer a todos los aquí presentes por hacer un alto en su agenda y acompañarnos en el día de hoy a la puesta en circulación en el país del libro “Inversiones Extranjeras en el sector Energético en Latinoamérica”.

La invitación de hoy y mis palabras quisimos orientarlas en el sentido de presentarles el contenido del libro y  abrir un espacio para el  intercambio de ideas, de manera que podamos contribuir a un tema de importancia vital para el desarrollo presente y futuro de la Republica Dominicana.

Cuando el Dr. Esplugues, editor del libro, se me acerca y me pide unirme al equipo,  conversamos largamente sobre cómo abordar un tema, que de por sí es complejo, de manera que el esfuerzo diera como resultado una obra coherente y que sirviera como un marco referencial, compilatorio y hasta comparativo de la realidad de la inversión en el sector energético en Latinoamérica.

Luego de contemplar varias opciones y teniendo como objetivo la claridad y coherencia se decidió organizar la obra en 17 capítulos, cada uno acompañado al final de literaturas recomendadas y fuentes para que el lector pueda en caso de que le interese profundizar en algún tema en específico tratado en la obra.

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Los primeros dos (2) capítulos de los 17 fueron concebidos a modo introductorio.

El primer capítulo se titula “Las Inversiones Extranjeras en el Sector de la Energía, el difícil equilibrio entre la liberalización de las inversiones, la defensa de la seguridad nacional y el nacionalismo energético”.

El segundo se titula “El Arbitraje Internacional como mecanismo de protección de las inversiones energéticas en Latinoamérica: El caso de las inversiones provenientes de la República Popular China”.

A continuación de los capítulos iniciales que sirven de preámbulo, la obra, se concentra en hacer un análisis sumario de la normativa y realidad de las inversiones en el sector energía de quince (15) países de América Latina, presentados en orden alfabético iniciando con (1) Argentina, seguidos por (2) Bolivia, (3) Cuba, (4) Ecuador, (5) El Salvador, (6) Guatemala, (7) Honduras, (8) México, (9) Nicaragua, (10) Panamá, (11) Paraguay, (12) Perú, (13) República Dominicana, (14) Uruguay, y por último (15) Venezuela.

Con relación al primer capítulo quiero comentarles algunos de los puntos que a nuestro juicio resultan interesante resaltar:

UNO es que independientemente de los parámetros ideológicos todos los hechos apuntan a que los flujos de inversión continuarán aumentando y la posición mayoritaria es favorable a considerar las inversiones extranjeras como beneficiosas tanto para los países inversores como para los países receptores de la inversión.

Por ello podemos afirmar sin temor a equivocarnos que de manera general los países pugnan por atraer inversiones aunque ciertamente a veces lo hagan con aproximaciones que resultan contradictorias en la práctica o con una efectividad cuestionable pero el tema de la eficacia es  material para otro análisis.

La data disponible confirma lo anterior y no resulta ocioso citar un informe de la Conferencia de la Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (generalmente conocida por sus siglas en ingles UNCTAD);  que fue publicado en 2015 y que resaltó el hecho de que durante el año 2014, 37 países examinaron su normativa de inversión extranjera y como resultado se aprobaron 63 medidas, de las cuales 49 han sido favorables a la inversión extranjera en general pues contienen medidas que buscan liberalizarla, facilitarla o fomentarla.  Siete (7) de estas medidas han sido consideradas neutras con relación a la inversión extranjera y solamente 9 naciones han incorporado restricciones a las inversiones y un poco más adelante me referiré a una de las principales motivaciones que subyacen detrás de estas  restricciones.

En adición también en 2014 se concretaron 18 Acuerdos Bilaterales sobre protección recíproca de inversiones (APRIs) y 13  Acuerdos de Libre  Comercio, es decir un total de 31 nuevos acuerdos con incluyen importantes preceptos en materia de inversión.

La Segunda idea contenida en el primer capítulo que quiero comentarles es que independientemente de lo anterior y aunque continúen coexistiendo los tradicionales patrones de flujos de inversión norte-sur, está incrementándose el flujo de inversiones provenientes de países no tradicionales.

Un tercer punto importante de este primer capítulo es que llama la atención sobre el hecho de que además del cambio en el origen de las inversiones también se observa que una gran cantidad de las empresas extranjeras que están invirtiendo en el sector de energía de otros países son empresas mixtas;  es decir que presentan la dualidad de ser actores públicos en su país de origen y que desarrollan también actividades privadas, y que como son entidades en la cual Estados extranjeros tienen el control o titularidad participación accionaria tienen acceso a enormes cantidades de capital y financiación con Fondos Soberanos. (Fuente reporte de UNCTAD).

Según estadísticas del 2015 las sociedades controlados por los Estados generan en torno al 10% del Producto Interno Bruto Mundial (PIB) y representan el 20% del valor global del mercado de valores.  Fuente ( https://www.gov.uk/ )

El CUARTO  punto que entendemos importante destacar del primer capítulo de la obra es que aunque la evidencia apunta a un ambiente generalizado propicio para la inversión extranjera, todavía se levantan voces que cuestionan la misma haciendo énfasis en los desequilibrios que se generan en algunos casos en el Estado receptor de la inversión, resaltando aspectos negativos desde el punto de vista medioambiental, otros con los clásicos discursos de protección a la industria nacional, falta de transparencia en los procesos de inversión y otros aspectos.

A las cuestiones previamente planteadas también se unen inquietudes en el sentido de que preocupa no solo del origen de la inversión, sino también en el destino o sector donde se va a realizar la inversión, pues no es lo mismo una inversión de energía eólica o solar que una inversión en materia de energía nuclear que es un tema sensitivo.

Con relación a la aceptabilidad o rechazo de la inversión marcada por el origen de la misma queremos traer a colación dos (2) ejemplos contrapuestos y relativamente recientes que ilustran de manera clara lo que anteriormente les he comentado sobre la aceptación o rechazo de la inversión en base al origen de la misma.

A modo de ejemplo podemos citar el caso del fondo soberano noruego STATOIL que en el 2007 compró la sociedad North American Oil Sands Corp. (NAOSC), en Estados Unidos en una transacción que no causó gran revuelo (fuente http:77www.financialpost/story.html?id=fc2c2db-792e-44e9-9819-80d41ddcbf&,accedido en Dic. 09-2015.

Sin embargo, 2 años antes, la empresa SINOPEC propiedad de la República Popular de China intentó adquirir a la empresa norteamericana Union Oil Company of California (UNOCAL) cuya fundación databa de 1890 y estaba en dificultades económicas.

El proceso no se concretó por la oposición del Gobierno norteamericano que entendió que la seguridad energética del país podía quedar comprometida si la inversión se materializaba.  Finalmente la empresa como tal desapareció y lo que queda de ella se convirtió en filial de Chevron.

Igual pasó en Reino Unido con una inversión en el sector de  telecomunicaciones  de la empresa Huawei. Al respecto se levantaron voces opositoras que plantearon objeciones basadas en temas como la ciberseguridad y si la adquisición que se estaba dando se estaba haciendo en base a criterios estrictamente comerciales y económicos u obedecían a otro tipo de objetivos.

Lo anterior es muestra de que aunque prima un aspecto generalizado propicio para la inversión extranjera en general hay una corriente o tendencia que pugna por introducir normas restrictivas a la inversión extranjera, aunque sea de una manera focalizada.

Un estudio que fue realizado en el 2008, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y que analizó diferentes sectores entre los 35 países miembros de dicha organización,  indica que en el sector de energía, 28 países habían adoptado medidas para restringir o normar  las inversiones foráneas de empresas independientemente de si son o no controladas por Estados extranjeros.

Estas medidas de control cobran importancia cuando la inversión se va a realizar en lo que se consideran industrias estratégicas o infraestructura críticas, entendiendo como industrias estratégicas,  aquellas que el gobierno considera crucial para el desarrollo económico de un país y como infraestructura critica aquellos sectores que además de relevante por razones económicas resultan imprescindible para el bienestar de la sociedad.

En términos reales, a mi juicio ambas nociones no resultan tan distintas o claramente diferenciables, pero si es importante retener lo siguiente: PRIMERO: Que la mayoría de las infraestructuras críticas en la gran parte de los países se encuentran en manos privadas como resultado de los procesos de liberalización de las últimas décadas y lo SEGUNDO y ojo aquí es que el concepto de seguridad nacional que se entendió tradicional e históricamente vinculado a la capacidad de un país para hacer frente a un conflicto armado se ha extendido y ampliado para abarcar por citar por un ejemplo a la disponibilidad y acceso estable  a petróleo barato cuando el sistema depende de ello. En consecuencia, vemos que en la literatura sobre el tema de energía que se usa el concepto de seguridad nacional de manera ampliada y ahora se habla de seguridad nacional energética.

Con esta parte concluyo el resumen del primer capítulo introductorio y no les comento más para no arruinarle la lectura del libro y espero que lo señalado les sirva de incentivo para su lectura.

Con relación al segundo capítulo introductorio que como les comenté al inicio trata el arbitraje internacional como mecanismo de protección de las inversiones energéticas en Latinoamérica, y que contiene un análisis de las inversiones provenientes de la República Popular China.

Podría generarse la interrogante de porque este énfasis en China?

La respuesta es sencilla y radica en el hecho de que la inversión de la Rep. Popular de China en Latinoamérica ya a principios de 2015 superó los 100 mil millones de dólares y de esta cifra 50 mil millones se han destinado a los sectores de energía y explotación de recursos naturales.

Veamos algunos ejemplos: En Argentina, en 2010 la empresa de la Rep. Popular de China National Offshore  Oil Corporation se convirtió en la segunda petrolera del país detrás de la nacionalizada empresa Yacimientos Petrolificos Fiscales (YPF) luego de una serie de multimillonarias adquisiciones de diferentes empresas que operaban en dicho país.

En Brasil en el mismo año, el 2010 también la petrolera de dicho país, SINOPEC, adquirió el 40% de la empresa española Repsol por una cifra millonaria y al siguiente año expandió adquiriendo el 30% de la empresa portuguesa GALP por 5 mil millones de dólares.

En Venezuela  en 2013, se anunció un acuerdo entre el Gobierno y la empresa China National Petroleum Corporation  para invertir en el desarrollo de un nuevo proyecto en la franja petrolera  del Orinoco.

En adición a lo anterior las inversiones de la Rep. Popular China seguirá aumentando ya que a inicios del año 2015,  el presidente chino Xi Jinping anunció en el foro ministerial entre China y los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la intención de continuar el proceso de inversión y declaró que en los próximos 10 años incrementaran la apuesta por Latinoamérica y los planes del Gobierno es llevar esta suma a 250 mil millones de dólares.

Esta astronómica cifra ratifica que el llamado gigante asiático se está convirtiendo en uno de los países cuyas empresas más invierten en el sector energético.

Haciendo un aparte a lo que es el libro, lo anterior ya se ha hecho patente para Rep. Dominicana, y todos recordaran que cuando el país socializó el Proyecto de construcción de Punta Catalina, cuya licitación formal fue realizada en 2013, 15 empresas internaciones presentaron credenciales. De este número resulta  ilustrativo el que 7 entidades fueran empresas estatales de la Rep. Popular de China, de las cuales 6 participaron en el proceso de licitación, llegando 2 empresas a la etapa de calificación aunque no resultaron ganadoras o adjudicatarias como todos saben.

Ahora cuando se plantea la intención del Gobierno de Rep. Dominicana de poner en venta acciones en Punta Catalina no deberá resultar sorprendente que nuevamente empresas de la Rep. Popular China manifiesten interés en el proceso pues es parte de la política ya anunciada por el Gobierno de dicho país.

Pero volviendo al segundo capítulo, lo importante es resaltar el hecho de que la República Popular de China se ha convertido en un jugador de importancia primordial en las inversiones en el sector energético.

En consecuencia, la actitud de la autoridades de dicho país con relación al nivel de protección que deben gozar las inversiones que sus empresas realicen en un Estado determinado es una de las consideraciones estratégicas importantes del gobierno chino y por ello se ha abocado a la suscripción de Acuerdos Internacionales de Inversión (AIIs) que vincule su país con el Estado receptor de la inversión y que contengan medidas que protejan esas cuantiosas inversiones.

La Rep. Popular de China ha construido a lo largo de las últimas décadas una red de más de 130 Acuerdos Internacionales de Inversión. De hecho, se habla de 3 generaciones de acuerdos: la primera agrupa aquellos acuerdos suscritos en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado que son por describirlos de alguna forma Acuerdos simples que en muchos casos no incluían disposiciones sobre solución de controversias inversor -Estado.

La segunda generación de Acuerdos puede decirse que inicia con el Tratado Bilateral China -Barbados en el 1998. Los acuerdos suscritos a partir de esa fecha son más sofisticados y complejos y reflejan ya el nuevo papel que ha asumido la Rep. Popular de China como inversionista de peso en el extranjero.

Los acuerdos de tercera generación van más lejos y emplean un lenguaje similar a los tratados de los Estados Unidos y buenos ejemplos de los estándares de protección que están buscando los inversores de la Rep. Popular de China se encuentra incorporado en el Acuerdo entre China y Colombia suscrito en 2008, o el Acuerdo entre China y Costa Rica de 2007 o el Acuerdo sobre Inversiones entre China y Canadá suscrito en 2012.

Aunque no se menciona en el libro no creo inadecuado señalar nuestro país no tiene en vigor un Acuerdo de Inversión con la República Popular China aunque se suscribió en 1997 un documento titulado Memorándum para formalizar el establecimiento de representaciones comerciales en ambos países.

Por su parte, la Rep. Popular de China ya había establecido una oficina de representación dos (2) años de la firma del Memorándum, es decir en 1995, y República Dominicana recién en el 2012 abrió una oficina comercial en Beijing.

Pero volviendo al segundo capítulo del libro, el mismo hace en la parte final un análisis de 3 casos conocidos de arbitraje de inversores de la Rep. Popular China basados en la existencia de una clausula arbitral incluida en un Acuerdo Internacional de Inversión (AII).

Estos casos no son relativos a inversiones en el sector eléctrico y por tanto para fines de esta presentación no tienen interés mencionarlos, aunque vale precisar que podrían haberse presentados casos arbitrajes relacionadas con el sector eléctrico y empresas de dicho país que no hayan hecho públicos pues dependiendo de la entidad arbitral que administre la disputa el caso puede ser confidencial y por tanto no conocerse al respecto.

Este segundo capítulo finaliza analizando de manera somera algunos de los casos de arbitrajes CIADI en disputas relativas al sector de energía que involucran Estados de latinoamericanos. Según los datos del CIADI de los 172 casos manejados en ese organismo, 72 se refieren a disputas relacionadas con inversiones en el sector de energía. La mayoría involucran a Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela lo cual es un número significativo.

Del capítulo titulado El Régimen Jurídico de las Inversiones en el Sector Energía en la República Dominicana.

Con relación al capítulo de República Dominicana, me pidieron básicamente condensar en no más de 25 páginas el régimen jurídico y la normativa que rige en nuestro país para el sector energético. El reto fue casi cumplido y en 29 páginas incluimos parte de la historia de lo que ha sido el sector eléctrico en República Dominicana, la normativa vigente y consideraciones particulares de la problemática actual.

Aunque debo mencionar que en aras de lograr el objetivo tuve que sacrificar algunos temas que me hubieran gustado incluir, como por ejemplo dedicar un apartado al análisis el Acuerdo de Madrid o los casos de arbitraje relacionados con Rep. Dominicana por citar algunos temas que tuvieron que quedarse fuera de la entrega.

Entiendo que no debo extenderme en esta exposición de la obra con relación a los detalles de la problemática que enfrenta el sector, puesto que la realidad del país ustedes la conocen igual o mejor que quien les habla, aunque el tema si está contenido en el capítulo escrito.

De todas formas si quiero mencionarles que la estructura del capítulo concerniente a nuestro país que inicia con una breve introducción y una referencia al marco general que rige la inversión extranjera en el país, es decir la Ley 16-95; luego pasa a mencionar y describir las funciones del Centro de Exportación e Inversión en la República Dominicana (CEI-RD) y también hacemos una reseña de la evolución histórica del sector eléctrico en el país.

Luego de lo anterior comentamos el panorama actual del sector eléctrico y las principales normativas en vigor además de incluir un resumen de los roles y potestades de los organismos que intervienen en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de la Republica Dominicana.

Es decir que de manera sucinta hablamos de la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Organismo Coordinador (OC), las Empresas Generadoras, las Empresas de Transmisión (ETED), las Empresas de Distribución, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y del Ministerio de Energía y Minas.

Por supuesto, que en la parte relativa a la regulación hacemos una explicación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, y su normativa complementaria. También dedicamos un espacio a tratar la Ley Sobre Hidrocarburos No. 112-00 y la ley que dio creación del Ministerio de Energía y Minas en el 2013.

Igualmente hacemos referencia a la Ley No. 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales e incluimos información y datos sobre las energías renovables en República Dominicana.

Finalizo mi contribución haciendo referencia al llamado del Gobierno para concretar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico que fue convocado por el actual Presidente de la República, mediante el Decreto 389-de octubre de 2014 y que generó muchas esperanzas. Lamentablemente el proceso se ha dilatado más de lo esperado por falta de consenso entre el Gobierno y las empresas.

Luego cerramos el capítulo presentando unas conclusiones finales a la luz de lo tratado.

Para sintetizar parte de las conclusiones con relación a la inversión en el sector energético en República Dominicana van en el sentido siguiente:

En vista de que el país no produce petróleo, resulta oneroso fundamentar nuestro sistema energético a partir de los combustibles fósiles, y por las condiciones naturales debería resultar atractivo desde el punto de vista económico hacer una transición a energías renovables.

En adición nuestro país ha trazado objetivos muy ambiciosos en materia del uso de energías renovables, en tal sentido la meta es lograr que un 25% de la proporción en el consumo final de energía en el país para el año 2025 provenga de energías renovables y que haya una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje igual al 25% para 2030.

Entendemos que aunque el objetivo está claramente  planteado,  en la práctica y las acciones que se toman parecen apoyar un sistema ampliamente basado en combustibles fósiles.

Para que la meta trazada se logre, es imperativo la implementación de reformas necesarias pues con la normativa actual no va a ser posible realizar la transición a un sistema de energía sostenible.

Hay que tomar en cuenta de que a pesar de que los costos nivelados de muchas tecnologías de energía renovable son menores que aquellos de las tecnologías de combustible fósil, los proyectos de energía renovable aún requieren mayor inversión de capital al inicio y por ello resulta importante que los proyectos de energía renovable aptos para empresas de servicio público se construyan a escala, ya que esto puede reducir los costos financieros.

Sin embargo, estamos conscientes de que en mercados relativamente pequeños como el de la República Dominicana, resulta difícil construir proyectos de energía renovables muy grandes, por lo tanto consideramos que es importante explorar la idea de combinar diferentes tipos de proyectos que se integren y se complementen e incluso combinar un proyecto de energía renovable con otros proyectos de desarrollo o infraestructura.

La inclusión de desarrollos de proyectos de energía renovable combinados con infraestructura podría ayudar a reducir los costos de financiamiento y capital para proyectos individuales y podría ser utilizado para apalancar una mayor inversión privada en el sector.

Además, se debería materializar el fondo de energía sostenible creado en virtud de la Ley 112-00 hacia el apoyo de proyectos de energía renovable y de eficiencia energética en el país. Esto a tiene 16 años sin aplicarse.

El aprovechamiento de este y otros mecanismos existentes que están esbozados en diferentes normativas no se han ejecutado como han sido diseñados, y su aplicación creemos podría representar un rol importante en la transición a un sistema más eficiente.

También es necesario corregir las distorsiones en los precios de electricidad y las pérdidas técnicas debido a una red eléctrica ineficiente, cambiar la cultura de impago de la energía eléctrica, y mejorar la gestión de las compañías. Algunos sistemas de medición inteligentes deberían implementarse para incrementar el cobro del servicio de electricidad.

Revisar la ley de hidrocarburos ampliamente en materia de todos los combustibles fósiles para incentivar la generación y consumo de energía sostenible. Actualmente, pocos combustibles fósiles, incluidos aquellos que se utilizan para generación de electricidad tienen impuestos.

Las revisiones anuales y el indexado de combustibles deberían constituir las bases de la formación de tarifas. Las tarifas de electricidad están establecidas actualmente por debajo del precio de mercado, lo cual resulta en una amplia deuda del gobierno a favor de las compañías generadoras.   Es un hecho que los desarrolladores de energía solar no pueden competir con las tarifas existentes que son mantenidas artificialmente por debajo de su valor real.

También es importante señalar, que si la CDEEE, continúa siendo la propietaria de los proyectos de energía, las primas de riesgo seguirán siendo altas y se desincentiva a inversionistas externos que de otra manera estarían dispuestos a invertir.

Por otra parte aunque se supone que el sector eléctrico de República Dominicana este controlado por la Superintendencia de Electricidad (SIE), en realidad el sector cuenta una gran cantidad de iniciativas esparcidas a través de una variedad de agencias de gobierno con mandatos y prioridades superpuestos y/o en algunos casos contrapuestos lo cual afecta ciertos aspectos de planificación y regulación energética como es el caso de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que tienen en algunos casos funciones similares.

Con la creación del Ministerio de Energía y Minas sin haber hecho una armonización de los diferentes textos legales se ha contribuido a que se confundan los roles y responsabilidades y quede en un área gris a que entidad le corresponde hacer cumplir determinadas normativas.

Por otra parte, entendemos que es necesario que el Ministerio de Energía se encargue de recolectar y centralizar todos los informes y datos disponibles en el sector de energía en el país, pues actualmente la información está dispersa entre varias agencias u organismos y eso dificulta la planificación.

También somos de opinión que sería deseable la creación o replica de una oficina integrada para agilizar los procedimientos de inversión en el sector de energía que se caracterizan por ser largos y burocráticos. La experiencia del programa de ventanilla única que tiene en funcionamiento el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) puede representar una mejoría significativa para facilitar la inversión.

Estos y otros puntos que les invito a leer en el capítulo de Rep. Dominicana deben ser temas considerados en el Pacto Eléctrico para que puede convertirse en el instrumento que produzca el cambio y el avance que tanto necesita el país en esta área crucial para el desarrollo económico y el bienestar social del país.

Finalmente, a modo de conclusión que nos revela el libro en su conjunto?

En nuestra opinión cuando vemos de manera global los fenómenos acaecidos en los 15 países de Latinoamérica que se incluyeron en el libro, podemos decir primeramente que es innegable que los servicios públicos sean energía, agua o telecomunicaciones requieren inversiones cuantiosas de capital y que los Estados sin importar su ideología política ha ido gradualmente liberalizando la normativa para que el sector privado invierta en esta áreas.

Que los cuestionamientos en tornos a los procesos que se siguen para materializar las inversiones evalúan factores cada vez más complejos que no solo toman en consideración el monto de la inversión, sino también la procedencia de los fondos, el que las propuestas vayan a la vanguardia en temas de tecnología así como el impacto medioambiental. El tema medioambiental no era un tema especialmente preocupante hace 20 años atrás o por lo menos no lo era como lo es actualmente.

A pesar de que es una constante indiscutible el incremento en el volumen de inversiones extranjeras, también es innegable que no hay un marco regulatorio global y que la regulación de los países en vía de desarrollo como son la mayoría de los países de Latinoamérica incluido Rep. Dominicana, se encuentra muy fragmentada y ha oscilado como un péndulo entre titularidad Estatal, a la liberalización o privatización y/o esquemas mixtos de inversiones para el sector.

Por otra parte, observamos como muchas veces no se tiene en cuenta al analizar las inversiones en el sector eléctrico, el hecho de que inciden en este otras normativas que no son estrictamente las dirigidas al sector.

En otras palabras, las legislaciones generales dictadas como estímulo o protección a la inversión extranjera, los incentivos fiscales, la normativa sobre contrataciones públicas, acuerdos bilaterales sobre protección recíproca a las inversiones (mejores conocidos como APRIS), los tratados de libre comercio tienen que ser tomados en cuenta en el análisis de la políticas tendentes a atraer inversión al sector de energía.

Independientemente de lo anterior, podemos decir sin temor a equivocarnos que las apreciaciones sobre el éxito o fracaso de las iniciativas en materia de energía son ciertamente muy contradictorias y las valoraciones desde parámetros político o ideológicos en general priman sobre valoraciones económicas o de efectividad costo-beneficio que deberían ser los criterios a tener más en cuenta a la hora de evaluar los procesos pasados y perfilar las acciones futuras.

Entendemos que hacer un análisis de los procesos y proceder a la comparación de las inversiones en materia de energía efectuadas en Latinoamérica en los últimos 20 o 30 años, si son analizados en su conjunto nos dan claves o señales de los flujos de inversión, ver los éxitos y fracasos de manera desapasionada, deberían permitirnos diseñar marcos más adecuados para los procesos actuales.

El enfoque adoptado al escribir el libro, fue partir del reconocimiento de que el diseño de políticas para atraer inversión a los servicios públicos históricamente ha sido más difícil que el diseño de políticas relativas al comercio de bienes.

En Latinoamérica todo lo anterior se combina de manera especial en el sector eléctrico y se han adoptado todas las posibilidades imaginables en relación a la inversión extranjera: así que tenemos países ricos en materias primas que carecen de capacidad tecnológica para asegurar su independencia energética, países que con recursos energéticos más limitados han hecho frente con mayor  o menor éxito a la realidad, países en que todavía el control Estatal está muy presente, economías más abiertas a la inversión extranjera, naciones que tienen una apuesta clara en favor de las energías renovables con otros que apenas están comenzando el fomento a las mismas, así como coexistencia de normativas contradictorias, y textos que se convierten en letra muerta por la falta de institucionalidad, aplicabilidad o seguimiento.

Con esto cierro para dar paso a Ernesto Selman, Vicepresidente Ejecutivo de CREES, quien gentilmente aceptó la invitación de compartir con nosotros su parecer.

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