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BRYAN CAVE Y DMK ABOGADOS|CENTRAL LAW LOGRAN QUE TRIBUNAL UNCITRAL BIT ADJUDIQUE TODOS LOS COSTOS A LA REPÚBLICA DOMINICANA DESPUÉS DE QUE EL INVERSOR DE PANAMÁ RETIRÓ SUS DEMANDAS

Un tribunal arbitral, operando bajo las reglas UNICTRAL 2010, ha emitido un laudo final ordenando que un reclamante registrado en Panamá, Silverton Finance Service Inc., asuma todos los costos asociados con una demanda de corta duración bajo el tratado de inversión bilateral Panamá-República Dominicana.

El demandante había invertido en un proyecto residencial costero en la zona de Casa Campo, República Dominicana. Sin embargo, el demandante intentó responsabilizar al Estado dominicano de las presuntas pérdidas derivadas del desarrollo ilegal de una propiedad adyacente que eclipsaba la propiedad del demandante.

En el último trimestre del 2016, fue constituido un tribunal compuesto por Bernardo Cremades (http://www.iareporter.com/arbitrator/Cremades) (presidente, elegido por los co-árbitros), J. Eloy Anzola (candidato del demandante) y Franco Ferrari (Http://www.iareporter.com/arbitrator/Ferrari) (el candidato del demandado) para oír el caso.

Sin embargo, a medida que el tribunal comenzó a formular instrucciones procesales para el caso, incluyendo una dirección -en respuesta a los deseos del demandado- de que los idiomas oficiales del proceso fueran el español y el inglés, el demandante empezó a echarse atrás. En diciembre del 2016, el demandante alegó que el costo de traducir todos los documentos oficiales y alegatos en ambos idiomas era prohibitivo para una demanda donde el monto de los daños era de sólo $ 1-1.5 millones. En consecuencia, el demandante indicó que deseaba retirar la demanda sin perjuicio de ello. A raíz de la solicitud del demandado de que la reclamación se retirara “con perjuicio”, el demandante accedió.

Luego de que el demandante acepta retirarse “con perjuicio”, todavía enfrenta la demanda de quien asuma todos los costos

Sin embargo, las dos partes no estuvieron de acuerdo en cuanto a la forma en que debían soportarse los costos del procedimiento, y el demandante instó a que cada parte asumiera sus propios honorarios legales y dividieran los costos del tribunal. El demandado contestó que el demandante era la parte que fracasó y urgió al tribunal a ordenar al demandante que asumiera todos costos razonables.

En un laudo breve de solo 14 páginas, que no lleva fecha obvia, aparte las fechas en que los respectivos árbitros lo firmaron (es decir, en el período entre el 10 y el 15 de marzo del 2017), el tribunal dictaminó que el demandante, a fuerza de su retiro con prejuicios, debe considerarse la “parte fracasada” en el caso.

Es más, el tribunal no quedó convencido del alegato del demandante de que la única razón para retirar su reclamación eran los costos que se derivarían de la decisión de utilizar dos idiomas oficiales en el procedimiento. El tribunal añadió que el caso habría implicado importantes cuestiones de jurisdicción y de fondo y que los costos de la traducción probablemente no hubieran desempeñado un papel crucial para que el arbitraje fuera demasiado costoso para procesar.

Más importante aun, el tribunal no vio razón alguna por la que el demandado debía soportar “gastos y honorarios significativos para defenderse hasta la fecha” en un caso que el demandante había iniciado y que más tarde trató de abandonar.

Considerando los honorarios legales reclamados del demandado como razonables, el tribunal, por mayoría, sentenció al demandante al pago de estos $ 380,000 en honorarios legales, así como los costos modestos de los árbitros ($ 27,000 en honorarios totales).

El demandante estuvo representado por dos abogados, Alberto Croze y Guillermo Gómez Herrera.

El demandado estuvo representado por el bufete Bryan Cave (Miami) y la firma dominicana DMK Lawyers-Central Law.

Fuente: iareporter

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